Es cada vez más frecuente que las telecomunicaciones sean noticia relacionada con sus precios, ya sea por decisiones administrativas o por declaraciones políticas, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea.

Recientemente hemos podido saber por la prensa que los europeos consideran cara la telefonía móvil y que los españoles son los que peor conocen el coste de sus llamadas internacionales, según encuestas de la Comisión de la UE. No sabemos si en la encuesta preguntaron también por los precios de otros insumos como vivienda, transporte, energía, servicios financieros, o por los impuestos que se pagan en la UE. De haberlo hecho, es de suponer que las respuestas no serían, en ningún caso, peores que para las telecomunicaciones.

En una economía abierta y competitiva, el precio es el resultado del encuentro de la oferta y la demanda en el mercado. Para garantizar que el precio sea el más bajo posible es condición necesaria y suficiente, según la autorizada y ya clásica tesis de William Baumol, que el mercado sea contestable; es decir, que en todo momento esté abierto a la competencia. Desde esta óptica, los políticos deben velar por la contestabilidad de los mercados y no por los precios resultantes, salvo que se detecten prácticas colusorias contra la competencia que habría que perseguir legalmente. Por otra parte, tienden a relacionarse los precios de las telecomunicaciones con los beneficios del sector, sin reparar en que este argumento en ningún caso sirve para justificar su rebaja, sino más bien su subida. Con datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, se obtiene que en el periodo 1999- 2005, es decir, toda la historia del mercado en competencia, los beneficios brutos –antes de impuestos– acumulados sobre ventas fueron inferiores al 1%, sumando, en total, las pérdidas y las ganancias 2.118 millones de euros frente a unas ventas de servicios de 218.068 millones de euros. Sólo un año, de todos los contemplados, 2004, los beneficios se situaron en una tasa razonable del 9% y en cuatro se obtuvieron pérdidas.

Tratándose de un sector de muy alta intensidad inversora –más del 20% de media anual sobre ventas– y sometido a un incesante cambio tecnológico, cuestionar permanentemente el logro de los beneficios necesarios para seguir invirtiendo y estar a la altura de las cada vez más exigentes demandas sociales y productivas de nuestro país, simplemente carece de sentido. Llama además, y mucho, la atención que estando rodeados de precios por todas partes, el interés político y mediático, verse sobre los precios que más –prácticamente los únicos– bajan, en vez de en los que sistemáticamente suben, que son casi todos

Reducción de precios
Rigurosas estadísticas históricas procedentes de países como EEUU, Finlandia y Corea ponen de manifiesto que las telecomunicaciones, gracias al efecto escala y la innovación tecnológica, han venido reduciendo sus precios de modo sistemático a una tasa acumulativa real del 10% anual. Salvo las tecnologías de la información –con un 30%–, ningún sector económico a lo largo de la historia presenta –ni de lejos– un balance antiinflacionista más brillante. Si observamos la realidad española, en los últimos veinte años podemos verificar que el pan, el metro, el periódico y el cine –ejemplos muy representativos del consumo– vieron crecer sus precios corrientes un 233% los dos primeros, y un 178% y un 143%, los últimos, mientras que, en telecomunicaciones, las llamadas provinciales, nacionales e internacionales bajaron un 58%, 64% y 75%, respectivamente. Si el análisis de los precios de las telecomunicaciones se hiciera desde la óptica hedónica, que toma en consideración no sólo el precio sino también los atributos de los productos y servicios, su reducción en términos reales sería incluso mayor.

¿Tiene sentido, por tanto, que el sector que más ha bajado y seguirá bajando –gracias a la incesante innovación tecnológica– los precios sea políticamente perseguido por ello? Sin duda que no, y más aún en presencia de otros aspectos muchísimo más relevantes que hoy permanecen ignorados por cierta demagogia digna de mejor causa.

Inversiones
Las telecomunicaciones, vertebradoras de la sociedad de la información y del conocimiento, generan además economías externas que amplían y enriquecen considerablemente sus propias y directas prestaciones, hasta el punto de que es impensable liderar el futuro sin contar con redes y servicios de telecomunicaciones suficientemente extendidos y avanzados tecnológicamente. Mientras las políticas de telecomunicaciones incidan en el nivel de precios finales a corto plazo –que apuran las inversiones históricas y bajan la calidad–, en vez que en el despliegue de la inversión y la innovación, y por tanto en precios naturalmente competitivos, se estará constriñendo el futuro del sector y, por tanto, del país. En tanto se dispensa atención a los precios nominales de los servicios de hoy –¡más bien de ayer!– y las cuotas de mercado, olvidamos la inversión en redes de mayores velocidades y prestaciones tecnológicas, carente de incentivos consistentes y creíbles para los mercados –hoy globalizados– que deberían soportar su financiación.

La tecnología ya permite ofrecer, en casi todo lugar y tiempo, una elástica oferta de facilidades: velocidad, fiabilidad, seguridad y contenidos que posibilita la paquetización de demandas personalizadas tan distintas entre sí que hará cada vez más difícil comparar precios, dada la enorme variedad de servicios que se demandarán en cada momento y lugar por cada usuario. Hace una década, uno de los grandes maestros de la historia de la tecnología, Nathan Rosenberg, anticipaba con gran agudeza intelectual que puesto que las telecomunicaciones están sustentadas en tecnologías extraordinariamente cambiantes, cuyo futuro es impredecible, los gobiernos deberían intervenir lo menos posible para evitar distorsionar el mercado. Siguiendo las sabias y muy actuales reflexiones de William Baumol y Nathan Rosenberg, cabría concluir con la recomendación de que la política de telecomunicaciones deje de intervenir los precios para ocuparse sólo de cuatro variables de envergadura estratégica: la inversión en infraestructuras, la extensión y uso productivo de las redes, la innovación y el fair play en el mercado. Favorecer la inversión tecnológica es positivo porque representa la principal palanca del crecimiento económico de nuestro tiempo. Auspiciar la extensión social y uso productivo de las telecomunicaciones hace posible el crecimiento de la productividad y el bienestar social. No oponer barreras a la innovación es crucial para que el dinamismo del sector y la entrada de nuevos agentes no cese nunca. Por último, la preocupación política por el número de competidores y la distribución del mercado entre ellos debe dejar paso a un modelo que garantice la contestabilidad, es decir, que, en todo momento, la entrada –también la salida– del mercado esté garantizada, así como reprimidas las prácticas que traten de evitarlo.

España ha superado con éxito los primeros tiempos de la nueva era de las telecomunicaciones y se encuentra en disposición de ser un país líder, que, haciendo bien sus deberes, sirva de guía a los demás.