La corrupción, y sobre todo la corrupción urbanística, se ha convertido en uno de los asuntos prioritario en la agenda política, pero también en las actuaciones de los cuerpos funcionariales implicados en la lucha contra esta lacra. Entre ellos los notarios. De ahí que el Consejo general del Notariado haya puesto en marcha un proyecto telemático que va a contribuir, de manera especial, a agilizar trámites que son imprescindibles para mejorar la efectividad contra el fraude y la corrupción.

Desde el pasado mes de octubre y hasta finales de diciembre, se está implantando en todas las notarías españolas –2.200 en total- el Sistema Integrado de Gestión para el Notariado, en colaboración con IBM. A partir de esa fecha, todos los notarios estarán conectados en una única red dotada de las máximas medidas de seguridad y podrán intercambiarse online los expedientes electrónicos notariales de manera que puedan ser remitidos por la misma vía a los organismos que los precisen.

Además, el nuevo sistema incrementará la utilidad de los Índices Informatizados del Notariado, que almacenan electrónicamente los datos contenidos en todos los documentos notariales, permitiendo a los notarios atender sus competencias como funcionarios públicos en la lucha contra el blanqueo de dinero o el fraude fiscal, entre otr.as responsabilidades.

Con la implantación de este sistema, el Notariado se adelanta al papel que futuras leyes como la del Suelo va a asignar a estos profesionales en la lucha contra la corrupción. De entrada, la Ley de Prevención del Fraude Fiscal ya prevé la creación de un Órgano Centralizado de Prevención del Fraude Fiscal que tendrá un funcionamiento similar al actual Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, que entre enero y octubre ha analizado nada menos que 2.673 operaciones de riesgo.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) inició sus andadura en diciembre de 2005. Fue creado y desarrollado por el Consejo General del Notariado para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia. En su papel de funcionarios públicos, la creación de un Órgano de estas característica era un deseo y una demanda del propio colectivo notarial.

Su creación respondió también a la entrada en vigor de la actual normativa en materia de blanqueo, de abril de 2005, que ha permitido a los notarios objetivizar e intensificar su colaboración con las administraciones públicas, al pasar de ser meros sujetos colaboradores a asumir una serie de obligaciones en la prevención y lucha contra el blanqueo. La actual normativa ha hecho posible clarificar cómo deben actuar los notarios en esta materia, poniendo fin a la incertidumbre sobre sus funciones en este ámbito y, en particular, sobre lo que debían o no comunicar.