Los incidentes de los últimos cinco meses demuestran que Andrés Manuel López Obrador (53 años), líder de la oposición mexicana, no sabe respetar las reglas democráticas. La gran mayoría de los mexicanos considera que su derrota por un puñado de votos (233.831) en las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio no justifica que se declare “presidente legítimo” de México, construya un Gobierno en la sombra y convoque protestas masivas.

Prueba de que su iniciativa es irresponsable, el jueves se atrevió a pedir a los mexicanos que ayuden a completar su sueldo, de 4.600 euros mensuales. El resultado es un clima de inestabilidad, agravado por la revuelta en la región sureña de Oaxaca y los repentinos atentados con bomba en la capital, en las últimas semanas.

“López Obrador está amenazando la democracia y el futuro de la izquierda mexicana, que había logrado un excelente resultado en las urnas y podía haberse consolidado como una alternativa creíble”, señala Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano. El candidato derrotado se niega a reconocer la toma de posesión de Felipe Calderón el próximo viernes, al considerar que hubo fraude durante la votación. Sin embargo, las palabras de su número dos, José Agustín Ortiz Pinchetti, en el acto multitudinario de la Plaza del Zócalo, arrojan algo de esperanza: prometen “una oposición firme, pero sin intención de derribar al Gobierno; una actitud de resistencia extrema, pero sin intención subversiva”.

El ex alcalde del Distrito Federal presentó este verano más de 200 impugnaciones ante la Justicia mexicana para solicitar un segundo recuento de los votos, esta vez uno a uno. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en México revisó las actas impugnadas y no encontró irregularidades suficientes (sólo en 7.000 votos) para declarar nulo el proceso electoral. El 5 de septiembre, la institución avaló el resultado de la votación y López Obrador reanudó su batalla política.
No es la primera vez que el líder del Partido de Revolución Democrática (PRD) pone la política nacional patas arriba. El año pasado, AMLO –conocido así por las siglas de su nombre– o Peje –abreviatura de Pejelagarto, un pez que vive en la provincia de Tabasco– protagonizó otra polémica cuando el Parlamento le quitó el fuero como diputado por una licencia de obra que impulsó en la ciudad. A pesar de provocar un enfrentamiento directo con el Ejecutivo, el presidente Vicente Fox terminó buscando una salida para que su incómodo rival pudiera presentarse a las elecciones de este año.

Estabilidad económica

Las turbulencias políticas no han afectado, por el momento, a la evolución de la economía. Adolfo Albo, economista jefe de BBVA-Bancomer señalaba en el Foro Latibex que el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) ha mantenido la estabilidad macroeconómica con disciplina fiscal, que permitió reducir el déficit y la deuda públicos; la autonomía del Banco Central; y la apertura comercial que se ha conseguido mediante la desregulación de los mercados. Desde el tequilazo de 1994, “México está viviendo su primer ciclo económico normal, sin ninguna crisis financiera”, señaló el economista.

La recuperación económica se hizo evidente a partir de 2002, gracias al tirón de las exportaciones, que se vieron acompañadas después de más inversiones y consumo. El elevado precio del petróleo, que producirá unos ingresos al Estado similares a los años 80, alentó la expansión.

Pero la falta de gobernabilidad atascó las reformas estructurales necesarias para mejorar la tasa de productividad, como la energía y las pensiones. El Partido de Acción Nacional (PAN) de Felipe Calderón tiene difícil encontrar apoyos suficientes para sacarlas adelante. Con el rechazo frontal del PRD, tendrá que conquistar apoyos en la tercera fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), muy debilitado en las últimas elecciones.

Albo apuntó que México necesita un inyección urgente de inversiones, que alcancen al menos un 24% del PIB para mantener un crecimiento anual del 4% en la próxima década, además de crear 800.000 puestos de trabajo al año. El desempleo es una asignatura pendiente del Gobierno. Fox prometió crear un millón de empleos al año y sólo consiguió generar 1.395.658 puestos de trabajo en la legislatura.