Desde que se conoció la sentencia del Supremo he asistido a una auténtica catarata de declaraciones y contradeclaraciones, con y sin fundamento y más o menos oportunistas que, desde mi punto de vista de perjudicado, no dejan de sorprenderme. Créanme, con 32 años, todavía no he conseguido curarme del espanto que me produce nuestra clase política. Desde que Maragall anunció el traslado, los trabajadores de la CMT comenzamos una lucha sin cuartel contra la caprichosa decisión del Gobierno y, lo que es más grave, contra las continuas presiones y traiciones de nuestro presidente, Carlos Bustelo, y buena parte de su consejo. Sí, ya sé que llamará la atención leer que Bustelo traicionó a los trabajadores de la CMT. Su dimisión lo elevó al rango de protomártir del zetapeísmo, pero nada más lejos de la realidad. Entonces éramos poco más de 100 trabajadores luchando contra un Gobierno crecido, y vimos cómo el 30 de diciembre de 2004 éste aprobó, mediante Real Decreto y con nocturnidad y alevosía, el traslado. Al poco, en febrero, Bustelo y su consejo aprobaron su ejecución, aunque manteniendo expresamente dependencias en Madrid. Pero no era ésa la intención de Montilla, que amenazó con destituirlo. Entonces, todos sin excepción, se agarraron a su silla y agacharon la cerviz.

La indignación de los trabajadores era absoluta. Se pidió al consejo que no ejecutara una medida con visos de ilegalidad y que defendiera la independencia del organismo, pero todo fue inútil. A Bustelo nunca le importó hablar de deportaciones y calificar como chorrada el traslado, pero fue incapaz de hacer lo que su cargo exigía, defender la institución e interponer un recurso. Su dimisión no fue sino el corolario de una presidencia nefasta. A pesar de la negativa del consejo, los trabajadores y directivos interpusimos un recurso que coincidió en tiempo con el de la Comunidad de Madrid. Estos dos recursos han sido los estimados por el Supremo, bien es verdad que casi un año después del traslado y tras haber inadmitido la solicitud de suspensión de la medida.

La fundamentación del fallo atiende en exclusiva a cuestiones formales, y Clos y el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, han considerado papel mojado la sentencia, manteniendo que con la redacción de un par de informes se podría convalidar una disposición nula. Olvidan que la sentencia anula el Real Decreto y que, en aplicación de ésta, la CMT debe regresar a Madrid. El desprecio hacia el Tribunal y al Estado de Derecho llega hasta el extremo de que el ministro se ha atrevido a condenar el control jurisdiccional de las decisiones políticas. Mire usted, señor Clos, las decisiones políticas ni están hoy, ni deben quedar nunca, al margen del control judicial. La política, como otra actividad, está sometida a la Ley.

Quizás, sr. Clos, a usted le gustaría vivir en un régimen en el que las decisiones dictadas por el poder político no se discutieran: una dictadura. El Gobierno al que usted pertenece, antes de aprobar una decisión de este calibre como sea, debería haberse parado a pensar en el interés general. Los informes que pretende aportar ahora nunca podrán justificar por qué se traslada un organismo que se había demostrado eficacísimo en Madrid ni el desmesurado coste que ha tenido ni el daño irreparable a sus trabajadores. No hay justificación posible para esta fechoría. Sr. Clos, a mí no me cabe duda de que vencerá y que la sede de la CMT permanecerá en Barcelona. Usted y los suyos vencerán, pero no, tenía razón Unamuno: no convencerán.

Angel Jiménez Anguita fue técnico de la CMT y miembro de su comité de empresa.

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