Las prisas tienen estas cosas. No es el que Supremo se haya cebado con el Gobierno, ni que elementos de distinto signo aniden en el alto tribunal, es que desde el Ejecutivo llevan tiempo empeñados en hacer las cosas tarde, mal y nunca, y eso provoca resultados grotescos, que incitan a la rechifla del ciudadano.

En este caso, además, el asunto sirve para cargar de armamento de destrucción masiva a la oposición transfigurada en la presidenta de la Comunidad de Madrid, la siempre expresiva Esperanza Aguirre.

El Supremo no anula en realidad la decisión del Ejecutivo, pero levanta las enaguas de una decisión tomada atropelladamente y con un tufo político que huele de Madrid a Barcelona, saltando los baches ya arreglados del Ave del señor Cascos.

Le faltan datos sobre la memoria económica, el coste del traslado y otras cosillas de una relativa importancia, aunque el organismo regulador tenía sede en propiedad en Madrid y se fue de alquiler a la Torre Mapfre de Barcelona.

No primó el criterio del menor gasto posible, por que la causa era noble. Sobre todo a la vista de los resultados de las elecciones catalanas que han parido un ratón. Un tripartito, una entente cordiale casi clavada a la que Zapatero rompió en su día de un zarpazo para aliarse con Mas. Pero Montilla ha montado otra vez el tripartito jurando y perjurando que no cometerán los mismos errores. Podemos dormir tranquilos.

Una justificación burocrática, la de la memoria, que el Gobierno de turno, con las prisas de dar un golpe de efecto -ante las cada vez más cercanas elecciones catalanas-, no fue capaz de construir. Es posible que, simplemente, sufriera la dejadez de estos asuntos porque “el aquí mando yo y se hacen las cosas como me da la gana” pesa más, por lo que se intuye, que cualquier exigencia de la normativa vigente.

Es curioso y dice mucho del funcionamiento de la Justicia que conozcamos la decisión, pero la sentencia todavía no esté visible, con sus 13 votos particulares discrepantes de 30.

¿Puede el Gobierno decidir el traslado de los órganos reguladores sobre la base de un criterio de descentralización? Sí. Puede hacerlo siempre que cumpla con los requisitos establecidos y no se vulneren los derechos de los trabajadores que denunciaron también el caso.

La Comunidad de Madrid tiró de Estatuto de Autonomía para denunciar el asunto y ahí entramos en otra polémica. Igual que las Comunidades Autónomas mantienen sus órganos reguladores en sus respectivas capitales de provincia, el Estado debería hacer lo propio con los suyos, pero, como se ve, puede cambiar de opinión aunque sea por motivos de intereses discutibles.

De una manera o de otro, el regulador del mercado de las telecomunicaciones se quedará en Barcelona porque Industria promoverá una nueva norma. Clos se ve en la obligación de solventar los desaguisados de Montilla, bueno, no sólo del ex ministro.

El ex alcalde ha tenido que explicarse ante Bruselas por aquellos dos decretos que daban alas a la Comisión Nacional de la Energía para parar los pies a E.ON, o cualquier extranjero que se precie entrar en el mercado energético español, y que dieron lugar a casi una veintena de condiciones a la oferta de los alemanes. Condiciones que fueron desapareciendo a medida que el Gobierno cambiaba de opinión para escarnio de la CNE.

El Tribunal Supremo también anuló, precisamente, otra decisión del Ejecutivo, como es la aprobación de la OPA de Gas Natural sobre Endesa con condiciones. Tiene narices que el mismo Gobierno que puso límites a la gasista se los haya quitado a E.ON y ahora justifique públicamente la asimetría de un mercado en el que los extranjeros pueden comprar, pero los españoles no.

Por otro lado, el caso del traslado de la CMT provocó la salida fulminante de un tronante Carlos Bustelo que fue también a dedo -igual que había llegado- a otro organismo.

Hablar en estas condiciones de presunta independencia de los reguladores resulta realmente descarado y engorda la sensación de que algunos políticos -sean del matiz que sean- toman por tontos a sus electores.

Ha causado rechifla general el asunto entre los sectores más críticos con el Gobierno, aunque dentro también, en el partido, hay quien respira por los últimos cambios.

¿Es más efectivo el cambio de domicilio? ¿Se tramitan con más rapidez los expedientes? ¿Ha ganado en independencia el organismo? Si es así bien venido sea el cambio, si no ha pasado nada de eso, qué más da dónde esté. El problema es que la operación nos ha salido cara a las ciudadanos y que a los políticos no les votamos ni pagamos para que usen nuestro dinero de modo poco responsable. Entonces, a la rechifla se une la indignación.