Hace tiempo que la mayoría de encuentros, jornadas y debates sobre los retos que afronta España acaba señalando como prioridad urgente acometer una mejora de todo lo relacionado con la formación. No es —la verdad— nada distinto de lo que suelen concluir otros foros allende nuestras fronteras: raro es el país donde no está cuestionado el modelo educativo y proliferan propuestas de modificarlo de forma más o menos radical. La distinción, si acaso, estriba en que en otros lugares el foco está más situado en los ciclos superiores, mientras aquí —particularmente en el debate político— es más frecuente fijarlo en las etapas de escolarización obligatoria y menos en la universidad. Pero que no se hable tanto no significa que no existan problemas. Los hay.

La universidad española ha experimentando en las dos últimas décadas un fenómeno entrelazado de universalización y multiplicación. Por una parte, el número de alumnos ha crecido hasta rozar el millón y medio de nuevos matriculados cada curso académico; casi la mitad de los comprendidos en la franja de edad correspondiente. Por otra, han emergido nuevos centros, con un total de 70 campus universitarios (48 públicos y 22 privados), repartidos por toda la geografía nacional, buena parte de los cuáles se ha creado después de 1980.

Ahora mismo existen casi centenar y medio de carreras universitarias y más de tres mil titulaciones diferentes, con la particularidad de que una gran parte de las disciplinas se puede cursar en cualquiera de los campus existentes, dado que predominan los que han elegido estructurarse en sentido contrario a una determinada especialización. Una clara consecuencia ha sido que en torno al 90 por ciento de quienes acceden a la enseñanza superior lo haga sin necesidad de trasladarse a otra provincia o comunidad autónoma distinta de la de residencia familiar. Y, tenga o no que ver con ello, resulta que sólo la mitad de quienes ingresan en la universidad alcanza dentro de los plazos –cursos- establecidos la titulación que inicialmente eligió.

Por descontado, todo eso admite distintas valoraciones, pero sugiere merecer cuando menos una serena reflexión. ¿Es positivo todo lo que aparenta serlo? ¿Tiene sentido afianzar ese esquema? ¿Se puede perpetuar?

Es dudoso, por ejemplo, que el mercado laboral —destino lógico de cualquier egresado— tenga capacidad de absorción diferencial de semejante número de titulaciones. Y no lo es menos que haber prácticamente doblado el número de centros universitarios —no digamos escuelas y facultades—, con sus correspondientes cuerpos docentes, tiene necesariamente que haber marcado notables diferencias de calidad en la formación de licenciados y doctores, según dónde hayan cursado sus estudios. Con la consiguiente duda de si todos los centros habrán logrado unos mínimos exigibles de excelencia o alguno queda por debajo.

Tampoco cabe pasar por alto el ingrediente demográfico. La persistente caída de la natalidad se ha visto relativamente frenada en los dos últimos años por la afluencia de inmigrantes, pero es un hecho que las generaciones actualmente en edad potencialmente universitaria son cada vez más cortas y, teniendo en cuenta la pauta de los países que han vivido procesos migratorios años atrás, lo más probable es que las tasas de reproducción se estabilicen en los niveles autóctonos previos, más bien antes que después. Quiere decir que, falto o muy escaso de alumnos, quizás algún centro vea cuestionada su viabilidad.

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