La impresionante manifiestación que tuvo lugar al anochecer del miércoles 22 de noviembre de este sexto año del nuevo milenio en Gijón, nos recuerda que estamos en el final de una época y en el comienzo de otra. Se trata sin duda, de la primera vez en la historia de nuestra comunidad desde la Transición política, en que una manifestación convocada a espaldas de los partidos y de los sindicatos mayoritarios de la izquierda oficial -por mucho que unos y otros hayan hecho lo imposible para no despegarse del proceso-, consigue sacar a la calle a la izquierda real, de una manera masiva, por no decir aplastante, algo que se reconoce en el texto que le dedica la crónica de La Nueva España, segundo diario en ventas en Gijón, y que regatea de manera un tanto sorprendente -la cosa sorprende si se contempla desde la inocencia, ¡claro!- el diario El Comercio, hasta el punto de atreverse a modificar la cifra oficial de manifestantes proclamada en público por los organizadores, al cierre del acto, con el manifiesto leido en la plaza del ayuntamiento por Simón Junquera, que en un momento de su alocución cifró la concurrencia de manifestantes en "quince mil personas". Dice en su crónica el diario La Nueva España: Unas 15.000 personas, según los convocantes (1.500 según la Policía Nacional; la Local no dio datos), marcharon en apoyo de Carnero y Morala y para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Asturias, el socialista Antonio Trevín Lombán, ex alcalde de Llanes y ex presidente del Gobierno del Principado, de quien, en el manifiesto que se leyó en una abarrotada plaza Mayor, se dijo: «Su trayectoria permite explicar, mejor que ninguna otra, la forma en que la represión se entrelaza con la corrupción, el transformismo político y la especulación urbanística. Trevín no cayó del cielo: su nombramiento y continuidad dependen de la posición que adopten las fuerzas políticas en Asturias, comenzando por las que componen el Gobierno de la izquierda plural (PSOE, IU-BA)».

Por el contrario, el diario El Comercio, asegura en sus páginas de Economia: Diez mil personas según los convocantes -3.000, según la Delegación del Gobierno- se manifestaron ayer por la tarde en Gijón en apoyo de los sindicalistas de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, que se enfrentan a una petición del fiscal de seis años y medio de cárcel por daños provocados en movilizaciones de Naval Gijón en 2005. La manifestación, convocada por la 'Plataforma contra la Represión y por las Libertades', arrancó a las siete y media de la tarde de la plaza del Humedal, después de que se sumara a la protesta una columna formada por cuatrocientos trabajadores procedentes de los astilleros gijoneses.

Las guerras de cifras de manifestantes, constituyen un viejo debate que ha perdido hace ya mucho toda su credibilidad entre los ciudadanos, que ya sólo prestan atención, a la hora de formar sus propias opiniones, a lo que ven ellos mismos, en medio de una sociedad dominada por la propaganda, que a su vez está manejada por los gobiernos de manera nada sutil, a través de unos medios de comunicación que pierden su credibilidad a grandes zancadas, por sus evidentes compromisos políticos. Por eso entendemos, que el audiovisual como mecanismo para hacerse una idea de la realidad, cobrará cada día más vigor, a través de la proliferación de vídeos ciudadanos. En la manifestación de ayer había varias decenas de estos nuevos cronistas voluntarios realizando vídeos, que hoy comenzarán a colgarse en Internet. Nosotros tenemos el nuestro, y sobre él, y sobre sus imágenes apresuradas y defectuosas, pero vividas y sinceras, construimos nuestra crónica, porque es evidente que las cifras oficiales de asistencia a esta manifestación, tanto la que proporciona la policía nacional en La Nueva España, como la que aporta el propio delegado del Gobierno a la dirección de El Comercio, dan la risa -vamos a dejar en un error su manipulación de la cifra proporcionada ante todo el público, tal y como pueden comprobar en nuestro vídeo, por los organizadores-, y cualquier testigo presencial del acontecimiento, puede comprobar hasta qué punto tenemos un gobierno empeñado en destruir la credibilidad de los funcionarios públicos.

Sugerir que en la manifestación de Gijón hubo menos de diez mil personas, si para establecer tal cuenta utilizamos las referencias habituales, es algo más que una mentira, para transformarse en una provocación, que sólo puede producirse a partir de la inconsciencia, de la ignorancia o de una supina mala fe, sin descartar una mezcla desproporcionada de los tres factores, en la que el tercero se lleva sin duda la parte del león. Mucha mala fe hay que tener, bastante ignorancia, y una notable dosis de inconsciencia, para provocar de esta manera a la enorme masa que acudió a este acontecimiento sorprendente, diciéndoles a la cara, y con letras de molde, mentiras de tan grueso calibre, y encima ponerlas en boca de cuerpos dedicados por definición a la defensa de la seguridad y el orden público, que necesitan, más que ningún otro colectivo de funcionarios, contar con la credibilidad y el respeto de la población. Mentir de manera clamorosa, como miente hoy en los periódicos el delegado del Gobierno Antonio Trevín Lombán, y poner sus mentiras en boca de la policía, es un comportamiento tan rastrero y tan irresponsable, que nos conduce a la conclusión inmediata de que exigir su dimisión, como ayer hicieron masivamente los ciudadanos congregados en Gijón, es una aspiración de salud pública.

El procesamiento de Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala se revelaba ayer -para cualquiera que contemple la plena identificación pública con los procesados, tan masiva como emotiva, por parte de la masa de manifestantes congregados por la Plataforma en Defensa de las Libertades y contra la Represión-, como un hecho imposible, en la España en la que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsa a su Fiscal General del Estado a retroceder en el camino andado en la lucha policial contra el terrorismo para desvelar las tramas ocultas de la financiación de Batasuna, en el mismo momento en que la policía francesa informa al público, como es su deber de funcionarios, que ETA está aprovechando la tregua para reponer fuerzas y recobrar su vigor, frente a un Estado que se debilita día a día.

Mientras eso sucede en España, mientras públicamente se presiona al poder judicial para que levante la mano en el violento conflicto vasco, en nombre de no se sabe qué plan, en Asturias, funcionarios de policía que parecen haber actuado al margen de la política -algo que no se cree nadie-, se están quedando sólos, al igual que el notificador del Ayuntamiento de Gijón, como si fuesen ellos los responsables de que se haya procesado a estos dos sindicalistas, con la intención de amedrentar a los núcleos residuales de trabajadores de un sector naval que en su día dio trabajo a una gran masa obrera, para dejar vía libre a la construcción de una urbanización soñada y planificada durante más de un decenio, por los políticos y los especuladores, como el último gran filón de un sector que empieza a dar síntomas claros de agotamiento.

Cuando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón se decidió a organizar el triste espectáculo de la inculpación pública del notificador que firmó los papeles de la denuncia en el juzgado, mediante una declaración realizada ante el Jefe de Personal del consistorio, para dejar constancia de que su firma era en realidad algo que no tiene valor representativo -perogrullada evidente que no necesita de ninguna comparecencia, porque eso ya lo sabe todo el mundo-, se pretendió hacer creer a la ciudadanía, que el ayuntamiento había retirado su denuncia, cuando a la vista está que eso sólo se puede hacer por un acto expreso de la Junta de Gobierno municipal, y no con el vergonzoso espectáculo al que condujeron a un funcionario que ni le viene ni le va esta guerra de sus responsables, que buscan desesperadamente una manera de salir de la ratonera en la que ellos sólos se han metido.

Antes de que se escenificase el vergonzoso espectáculo del notificador sacrificado en la plaza pública, los responsables municipales, se habían ratificado en la prensa, por activa y por pasiva, en lo acertado y pertinente de su denuncia contra estos dos sindicalistas independientes, de los que sólo puede decirse una cosa, que nadie tuvo nunca nada que decir contra ellos, desde el punto de vista de su honestidad como sindicalistas y como personas de bien. El resumen de la manifestación de apoyo a los sindicalistas perseguidos es bien sencillo, porque la Corriente Sindical de Izquierdas se había preocupado de concentar los tiros en una diana que en estos momentos está en una situación de la máxima debilidad política. Antonio Trevín Lombán, delegado del Gobierno en Asturias, hombre de confianza del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reune en su persona, tal y como se encargaron de subrayar los organizadores, la doble condición de represor de las libertades e impulsor de la brutal especulación inmobiliaria que está arrasando el concejo de Llanes, y que encuentra en la urbanización de La Talá su símbolo más preclaro. Trevín, que viene fomentando desde hace quince años la construcción masiva en la costa, es un personaje acostumbrado a mover cualquier tipo de ficha, con tal de acallar la disidencia en un territorio que maneja como si fuese su finca particular. Ahora pretende hacer en toda Asturias lo que ya hizo en Llanes: imponer por la fuerza, con la división de los ciudadanos y el uso incontrolado del poder, un clima adecuado para que el negocio de especular a cuenta del interés general, se convierta en la gran industria de una comunidad desmantelada en al plano económico, pero más aún en el moral.

Simón Junquera, vecino de San Andrés de los Tacones, y militante de la Corriente Sindical de Izquierdas, encargado de leer el manifiesto asumido por los organizadores del acto, es en sí mismo un símbolo, Simón tiene ahora sobre sus espaldas, una demanda presentada por José Antonio Hevia Corte, un hombre de negocios que labró su fortuna al calor de los gobiernos, con el apoyo abierto de su amigo Vicente Álvarez Areces. Pocos días antes de su demanda, Hevia Corte había recibido un importante contrato para su empresa, que es en realidad el segundo contrato importante de su historia. Hevia Corte recibió del ayuntamiento gijonés mucho dinero, en forma de recalificación para unos terrenos que compró en Castiello. La designación de Simón Junquera para leer el manifiesto de ayer, como vecino de San Andrés de los Tacones, una comunidad que se defiende desesperada contra el proyecto de la ZALIA, perseguido por el poder político, a través de un especulador que le demanda, tras recibir un suculento contrato del mismo gobierno que presentó la denuncia contra Morala y Carnero, es la mejor prueba de que los convocantes de esta gran manifestación, han convertido la especulación inmobiliaria en el centro de atención de sus reivindicaciones.

Esta es la nueva época de la que estamos hablando, para una izquierda social que se escapa al control de sus organizaciones tradicionales. El que no sea consciente de lo que esto significa, está en la luna.

Asturias clamó por las libertades con Carnero y Morala

Enlaces