Ségolène Royal revirtió el rumbo de los acontecimientos en el Partido Socialista para convertirse en la portadora del estandarte en las elecciones del año próximo. Pero su triunfo es sólo parte de un intenso debate político que no se había visto en Francia desde hace décadas.

De cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 20077, las apuestas son tan elevadas como en cualquier otro momento crucial en la historia moderna de Francia.

Una característica distintiva del debate actual es su grupo de intelectuales públicos como Jacques Marseille, Nicolas Baverez, Elie Cohen y Stephane Rozes, ninguno de los cuales suscribe a la antigua noción de la singularidad francesa (la llamada exception française). Su pensamiento está a la vanguardia de un reconocimiento cada vez más amplio de que Francia debe enfrentar los desafíos del mundo tal como son y no como los franceses quieren que sean. Esto significa aceptar la globalización y habérselas con ella.

A decir verdad, Francia tiene las herramientas para salir adelante. Con apenas el 1% de la población mundial, Francia es la sexta economía en importancia, ocupa el cuarto puesto en comercio internacional y el tercero en exportaciones de bienes y servicios. Más del 40% de las principales compañías que cotizan en la Bolsa de París están en manos extranjeras.

De hecho, uno de cada siete trabajadores es empleado de una empresa extranjera, comparado con uno de cada diez en Gran Bretaña y uno de cada veinte en EEUU. La productividad es relativamente alta, a 33 dólares la hora, comparada con 27 dólares de Gran Bretaña. Es más, Francia se beneficiará con importantes ganancias de las exportaciones al mundo emergente de rápido crecimiento, ya que produce más bienes competitivos de alto valor agregado que, por ejemplo, los países del sur de Europa, cuyas exportaciones están más cerca de las de los principales países emergentes.

El peso del Estado

Francia podría hacer frente a la globalization, si no fuera por el Estado francés. Su contexto empresarial relativamente pobre quedó de manifiesto en el último informe Doing Business del Banco Mundial. La sección Apertura de un negocio (Starting a business), que identifica los obstáculos burocráticos y legales para incorporar y registrar una nueva empresa, coloca a Francia en el puesto número 35, mientras que Gran Bretaña ocupa el puesto número seis y Estados Unidos, el tres.

Sin embargo, el peor daño cometido por las políticas estatales es el desempleo. Si existe una exception française es que, en los últimos 30 años, el paro nunca cayó por debajo del 8,5%. Si se excluye al ejército mimado de trabajadores del sector público, la tasa se acerca al 15%. El desempleo juvenil, que incluye a la población femenina, es del 23%, mientras que en los suburbios con poblaciones concentradas de inmigrantes, la tasa llega al 70%.

Gran parte de la clase política y la opinión pública culpa a la globalización –la subcontratación y la reubicación de las empresas en mercados laborales más económicos– por el desempleo. Pero el principal culpable es el propio código laboral de Francia –una maraña de regulaciones que ofrece la mayor protección de empleo del mundo–.

En la sección Contrato de trabajadores (Employing workers) de Doing Business, Francia ocupa el puesto 134, comparado con el decimoséptimo para Gran Bretaña y el primero para Estados Unidos. Frente a empresarios reacios a contratar trabajadores que no pueden despedir fácilmente, los jóvenes franceses tienen razón al sentirse inseguros sobre su futuro.

Elevada carga tributaria

La falta de trabajo es la principal causa de pobreza. La principal protección contra la pobreza es el ingreso ganado –que ni siquiera los generosos beneficios de desempleo y otros pagos de asistencia social de Francia logran sustituir de manera adecuada–. Gran parte de la elevada carga tributaria necesaria para financiarlos recae en las empresas en forma de impuestos sobre la nómina salarial (contribución ala seguridad social por parte de las empresas), que disuaden aún más a las compañías a la hora de contratar más personal.

Los sucesivos gobiernos franceses permitieron que esta situación empeorara. El Gobierno de Dominique de Villepin le dio la espalda a este desafío a favor del “patriotismo económico” –es decir, proteger a los supuestos campeones nacionales de los extranjeros–.

A pesar de algunos episodios cómicos, como clasificar a la compañía de productos lácteos Danone como activo de seguridad nacional para frenar una posible oferta de Coca-Cola, el régimen de inversión extranjera de Francia no es menos restrictivo que el de otros países desarrollados, entre ellos, Estados Unidos. Esta culpabilización de la globalización refleja otro problema clave. Los sucesivos gobiernos, no las empresas, son los responsables de la subcontratación más perjudicial en Francia, la de la responsabilidad.

En lugar de proponerle reformas al electorado y luego implementarlas en virtud de un mandato democrático claro, las pocas reformas serias de los últimos veinte años se presentaron como una imposición externa, principalmente para cumplir con los requerimientos de la UE. En consecuencia, la reforma llegó a parecer ilegítima, lo que fortaleció la reticencia a ella.

Para salir de este atolladero es necesario restablecer la legitimidad política eligiendo un presidente que, habiendo prometido una reforma, gane un mandato para implementarla. Los principales contendientes en las elecciones presidenciales de 2007, Ségolène Royal y Nicholas Sarkozy, comparten una juventud relativa (comparada con la geriátrica de las últimas décadas) y están atentos al pulso de la opinión pública.

Su enfoque común es iniciar un diálogo real con el pueblo francés en base al entendimiento de que la única base viable para la reforma es un fuerte contrato político entre el Gobierno y los ciudadanos. Esto se desmarca de los reinados de François Mitterrand y Jacques Chirac, con su elitismo, arrogancia, paternalismo y estancamiento. Más allá de cuál sea el resultado de las elecciones, el retorno de la voluntad política y la legitimidad a Francia se producirá justo a tiempo.

Brigitte Granville. Profesora de Economía Internacional y Política Económica en la Escuela de Negocios y Gestión Queen Mary, Universidad de Londres.