La crisis del proceso de negociación con ETA está tocando fondo y se acerca a un posible desenlace a la vista de los últimos acontecimientos, que han incidido de una manera decisiva en la caída del PSOE en la encuesta electoral del CIS por causa de las últimas acciones de la banda terrorista (cartas de extorsión, robo de armas, dinamita, coches, violencia callejera), de las exigencias políticas de sus dirigentes (Navarra y autodeterminación) y de los broncos espectáculos que están dando los etarras en sus comparecencias en la Audiencia Nacional (De Juana, Bilbao, etc.). A todo ello se suma la presión política del Partido Popular y de las asociaciones de víctimas del terror, y la creciente indignación en amplios sectores de la sociedad, amén de una preocupación creciente en el seno del Gobierno y del PSOE.

En medio de este vendaval de tensiones cruzadas el Tribunal Supremo le acaba de hacer un regalo al Gobierno —presuntamente inducido— al anunciar que aplaza hasta el día 18 de enero su decisión sobre Segi y otras organizaciones juveniles del entorno de ETA, que de ser condenatoria podría provocar la inmediata ruptura del proceso y el regreso de la banda a la violencia, según observadores próximos al Gobierno. Lo que coincide con la reciente declaración del dirigente socialista vasco, Patxi López, transmitiendo a los jueces que la ley debe aplicarse teniendo en cuenta el marco social vigente, es decir, el inicio del proceso de negociación con ETA, algo que también han sugerido el propio presidente Zapatero, el ministro de Justicia, López Aguilar, y el fiscal general, Pumpido.

El Supremo le da un respiro al Gobierno, que sabe que ETA dio un plazo o ultimátum para iniciar las negociaciones políticas en la llamada mesa de partidos antes de final de año (o del otoño), exigiendo que la autodeterminación y el futuro de Navarra estén en ese debate, cosa que ha rechazado públicamente el ministro de Interior Rubalcaba, quien parece distanciarse de la permanente ambigüedad de Zapatero tomando una posición más realista y más legal, y puede que también en consonancia con el sentimiento de su partido y de su entorno mediático, que empiezan a ver el peligro que encierra esta más que incierta negociación con ETA que se inició rematadamente mal, al ofrecer a la banda expectativas de concesiones políticas a cambio del alto el fuego. Algo parecido a lo que le ocurrió a Zapatero con el Estatuto catalán, pero con la diferencia de que en este caso no están hablando con Carod o Maragall sino más bien con Txeroki y Permach, que son los duros de ETA y Batasuna y que no parece que vayan a dar marcha atrás.

El presidente, que está tan confuso como sorprendido por su temeridad, que él considera audacia, todavía espera encontrar una fórmula alambicada y literaria —al estilo de lo de la realidad nacional del Estatuto andaluz— que le permita salvar los escollos y abrir de una vez la negociación oficial, sobre todo una vez que parece haber renunciado a que, por el momento, Batasuna decida acatar la legalidad. Y si el presidente no consigue la fórmula mágica para avanzar, al menos espera que ETA no vuelva a matar, porque en ese caso el muerto político sería él, sobre todo en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas como las previstas para la próxima primavera.

¿Qué va a pasar? La Policía francesa es muy pesimista y no descarta el regreso abierto de ETA a la violencia, y aunque Rubalcaba no llega a tanto el ministro de Interior no oculta su pesimismo a quienes quieren escucharle, que no son precisamente Zapatero y su entorno negociador empeñados en pasar por alto lo que haya que pasar, incluso hasta inducir, como parece, al Supremo para que aplace una sentencia sobre la que todos los magistrados de la Sala tienen datos, antecedentes y jurisprudencia más que suficiente para sentenciar. El presidente Zapatero de lo que parece convencido es que el alto el fuego de ETA no tiene marcha atrás, sabe que hay y habrá serios problemas pero no se plantea la posibilidad de nuevos crímenes por seis motivos esenciales: porque ello rompería para muchos años una oportunidad de diálogo; porque los presos de ETA están a la espera de un acuerdo; porque Batasuna quiere estar presente en las elecciones municipales; porque tras el 11S americano y el 11M español, ETA perdería cualquier oportunidad de reconocimiento internacional; porque el regreso a los crímenes por parte de la banda le daría al PP la oportunidad de ganar las elecciones, y entonces la situación de ETA y Batasuna regresaría a los tiempos del Pacto Antiterrorista; y porque en ese caso ETA podría sufrir una escisión. Unos cálculos, los de Zapatero, que entran dentro de una cierta lógica política, pero ETA en numerosas ocasiones ha demostrado que ésa no es habitualmente su manera de actuar, porque muchos de sus dirigentes han demostrado en no pocas ocasiones que a ellos les conviene el “cuanto peor, mejor”.