Dos años largos de borradores, libros blancos y reuniones con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y con sus delegados en la Federación Española de Municipios y Provincias desembocaron ayer en un nuevo desencuentro entre PP y PSOE. Los alcaldes populares se plantaron ayer desde la sede nacional de su partido e instaron al Gobierno a no modificar la Ley de Bases de Régimen Local sin acompañarla de una ley de haciendas locales que permita financiar a los ayuntamientos.

En un comunicado que siguió a una reunión de trabajo entre los ediles, presidentes de diputaciones y cabildos, y la secretaria ejecutiva del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, el PP exigió que «cualquier modificación del régimen local lleve aparejados los oportunos recursos económicos para hacer frente a demandas tan importantes como la inmigración, la dependencia y la seguridad ciudadana».

«El borrador de Ley Básica de Gobierno y Administración Local», según rezaba la nota, «no resuelve los problemas endémicos de los ayuntamientos españoles». A su juicio, «la nueva ley debería aumentar y mejorar la financiación local; impulsar la segunda descentralización y resolver la prestación y financiación de los servicios impropiamente prestados por los entes locales».

Los populares aprovecharon igualmente la reunión para lanzar un guiño político contra el Estatuto catalán y reclamar que el proyecto de Ley sea de aplicación en toda España. «El borrador», denunciaban, «no garantiza el ámbito de aplicación de sus normas en todo el territorio español, lo que provocará desigualdades y ocasionará la aparición de 17 modelos de régimen local».

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