SI TUVIESE que explicar las razones que me llevaron a involucrarme en la participación en la escuela pública, hace ya un cuarto de siglo, tendría que reconocer que el detonante, la motivación inicial, fue una razón puramente personal y hasta podría decirse que egoísta: el comprobar con desolación las lamentables condiciones que reunía el centro en el que iban a educarse mis hijos.

Desde la Federación de APAS he tenido el privilegio de contemplar de cerca las condiciones en las que fue educada la generación de mis hijos, he podido conocer con detalle los problemas cotidianos de la gestión de un centro y la necesidad de que el Estado solvente tales situaciones. Y entiendo que una sociedad que pretenda extender hábitos democráticos entre la ciudadanía no puede dejar de implicarse personalmente en una cuestión pública de primera magnitud como es la escuela; es más, creo que es un capítulo irrenunciable del ejercicio de la soberanía. Las APA me parecen un instrumento fundamental para ello.

Hoy, con el paso del tiempo, sé también que la necesidad de que la ciudadanía se implique y participe personalmente en los problemas cotidianos de la escuela no debe limitarse solamente a los padres. Y ello por una cuestión indudable: la escuela, sea de titularidad pública o privada, es para un niño el ámbito público por excelencia. Una vez que el niño sale del hogar y franquea el umbral de la escuela ha entrado en un ámbito indiscutiblemente público que, por lo tanto, es competencia y preocupación de todos, padres y no padres. En esta tesitura, ¿cómo va a ser la intervención en la escuela un derecho exclusivo de los padres? No puede serlo, porque la educación que demos a los niños condiciona en el futuro la vida de todo un tejido social. Por eso, no podemos concebir el derecho de los padres a la participación en la escuela pública como el derecho a que la escuela «dé a su hijo la formación que consideran más conveniente», conforme a la interesada y para mí errónea concepción de la libertad de enseñanza. Por el contrario, esa concepción amenaza con difuminar el concepto mismo de escuela pública, que si hace honor a su nombre es una cuestión de interés público y no sólo familiar.

La escuela ha perdido poder y terreno en la vida de los niños en comparación con la situación que mi generación conoció en un pasado no tan remoto. Y es muy optimista pensar que una sociedad puede llegar a involucrarse personalmente en la educación de unos niños con los cuales no existen vínculos afectivos directos. Y ello es así porque, en parte, la sociedad no acaba de percibir la escuela como una cuestión de interés público, aunque sólo sea porque las obligaciones cotidianas ya nos roban demasiado tiempo.

Mi experiencia en las APA me lleva a defender la existencia de un ámbito de participación ciudadana directa en la escuela pública, no limitado a los padres, en el cual el niño aprenda a convivir libre de las presiones y criterios provenientes del hogar familiar.

Y el que esta tarea sea ardua y difícil de llevar a cabo no supone que haya que abandonarla antes de, al menos, intentarlo, por el bien de todos.