Estado de derecho y Estado del revés, de Roberto L. Blanco Valdés en La Voz de Galicia
ACIERTA el lector que, bajo la firma José P., escribía hace unos días al director de este periódico para reivindicar, en una breve carta llena de razón, que nuestros niños deben aprender a decir no, entre otras cosas, al dinero fácil y a lo grande. No es menos cierto, sin embargo, que todos los mecanismos del Estado de derecho están previstos, precisamente, para encarar el fracaso de los intentos de hacer mejores a los hombres, de modo que la sociedad en la que viven sea mejor.
En realidad, el contrato social del que nace toda vida en comunidad procede de un profundo pesimismo antropológico. Es la conciencia generalizada de que muchos hombres tienden al mal en cuanto pueden, la que exige fijar reglas para evitar que la vida social acabe resultando insoportable. Pues si, como escribía Thomas Hobbes ya en el siglo XVII, resulta indispensable superar esa «miserable condición de guerra que es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres», la única forma de hacerlo en democracia consiste en fijar reglas que todo el mundo debe respetar. De una forma resumida, llamamos a eso Estado de derecho.
El Estado de derecho no puede evitar, por supuesto, que haya empresarios o políticos corruptos, pero para serlo de verdad debe estar en condiciones no sólo de asegurar con una certeza razonable que unos y otros acabarán pagando por sus delitos con arreglo a lo que las leyes establecen, sino también de frenar, antes de que finalmente se produzcan, muchos de sus planeados latrocinios.
Por eso, lo que extraña de la descomunal cleptocracia de la que Marbella se ha convertido en vergonzoso paradigma no es tanto que haya gentes dispuestas a burlar las leyes para ganar dinero fácil y a lo grande, sino que sus delitos hayan podido cometerse durante décadas en un moderno Estado de derecho sin que haya funcionado para evitarlas ninguno de los muchos mecanismos de control de los que dispone en España el poder público.
Del escandalazo marbellí y otros afines cabe sacar, al fin, dos lecciones: una optimista y otra menos. La primera: que quien viola la ley acaba dando, antes o después, con sus huesos en la cárcel, aunque antes los haya paseado por hoteles de lujo, cochazos millonarios y lechos celebérrimos. La segunda, descorazonadora, que en un país en que cualquier trabajador tiene asegurado que lo llamarán de Hacienda si deja de declarar la más mínima fracción de su salario es posible que cientos de delincuentes se hayan llenado los bolsillos mediante prácticas que, por su envergadura, no podían ser sino conocidas por quienes tenían la obligación inexcusable de evitarlas.
