DOS asuntos de enorme trascendencia y origen común ocupan los debates en la opinión en España: la sequía severa del verano (ya el segundo año hidrológico de sequía) y los desmanes urbanísticos salpicados en algunas ocasiones de corrupción. Evidentemente, ambos asuntos tienen un origen común: el uso racional de los recursos naturales y también un punto de confluencia entre ambos, la disponibilidad de agua de abastecimiento para el consumo humano en los lugares calificados para el asentamiento humano residencial o de actividad económica.

A la largo de este último verano hemos ido conociendo semanalmente la situación de los embalses de nuestro país como indicador de las reservas de agua disponible para el consumo. Los datos demostraron la severidad de la sequía en los años hidrológicos 2004-05 y 2005-06. En concreto, el pasado año fue el más seco de las series registradas en gran parte de la España peninsular. Pese a ello, se han superado estos dos años hidrológicos sin restricciones al suministro a las poblaciones en España aunque más de siete millones de personas estuvieran afectadas de limitaciones para los usos no esenciales. Esto ha sido posible debido a las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente orientadas en una doble dirección, la adecuada gestión de los recursos existentes, por una parte, y la dotación de nuevas infraestructuras mediante la declaración de obras de emergencia para las localidades en situaciones de extrema escasez, por otra. Todas estas acciones se concentraron especialmente en los territorios incluidos en la llamada España seca. Baste recordar algunos datos para conocer la magnitud del problema actual pero, sobre todo, de cara a prever las situaciones con las que probablemente nos enfrentaremos en el futuro. Así, a finales del pasado mes de setiembre, en la cuenca del Júcar la reserva de agua embalsada llegó a ser del 9,1% mientras que en Galicia Costa era del 57 %. Nuestra cuenca hidrográfica (Norte II), en esas mismas fechas, se encontraba en el 34,6% de reservas hídricas. De paso, conviene poner de manifiesto que, según las estimaciones sobre el cambio climático, para el 2050 la temperatura podría subir 2,5 º, las precipitaciones reducirse un 10% y la humedad del suelo disminuir un 30%.

Conocida esta situación, la política sensata de gestión del agua no puede limitarse a gestionar las consecuencias en los periodos de sequía, que también, sino que debe actuar en las causas. Desde el control de gases efecto invernadero (compromiso de Kioto) a las políticas territoriales o modelos productivos tienen consecuencia en la salud global del planeta y quizás el agua, por su papel en la existencia de la vida misma, sea de las más sensibles. En este contexto, el ministerio viene definiendo su política de aguas, basada en la llamada nueva cultura del agua, a partir de las Directivas de la UE, Marco y sobre Calidad del Agua. En esta dirección, una de las medidas más estratégicas es la incorporación a la legislación de aguas la exigencia de informe preceptivo sobre la disponibilidad de agua por parte de las Confederaciones Hidrográficas, previo a la aprobación de los Planes de Ordenación Urbana: punto de confluencia de las polémicas antes apuntadas.

Visto el panorama general del país desde Asturias, sería un error gravísimo considerar que este es un problema que afecta en exclusiva a la llamada España seca porque aquí llueve y disponemos de agua suficiente. Nada más alejado de la realidad. Efectivamente, aquí llueve más, pero eso no quiere decir que dispongamos de agua suficiente independientemente de los ciclos hidrológicos más o menos secos, ni que debamos olvidarnos de las previsiones del cambio climático ni que demos por supuesta la calidad del agua o que esta se solventa con unos pocos polvos mágicos. La realidad es bien distinta, prácticamente con los mismos dispositivos de abastecimiento en alta, en las sequías de 1989 y 1992, nos encontramos con serios problemas para garantizar el abastecimiento. Fue precisamente en la de 1992 cuando se decide la inclusión del embalse de Caleao en el RD de Medidas contra la Sequía.

Volviendo a los datos de este último verano, es importante comprobar la situación de las reservas de agua en la cuenca Norte II, bajando en la última semana de setiembre al 34,6 %, la más baja de la España húmeda. Además, analizando las series históricas en esta cuenca, vemos que la media de los últimos 5 años se sitúa en 48,3 y de los 10 anteriores, en 54,1. Por tanto, en un año hidrológico que siendo seco en el resto de España no lo fue tanto en el Norte, el nivel de reservas de agua se situó en el nivel más bajo de las series históricas de los 10 últimos años. Con los datos disponibles en estos momentos y considerando las infraestructuras de abastecimiento en alta existentes en Asturias, es fácil vaticinar que de padecer una sequía como las dos antes mencionadas, nuestra región no estaría en condiciones de superarlas sin restricciones al suministro. No obstante, cabe preguntarse si con medidas de eliminación de pérdidas o de fomento del ahorro podríamos garantizar el suministro sin recurrir a nuevas fuentes de abastecimiento. Evidentemente, la solución no debe ser única y las medidas de renovación de redes de conducción y de distribución urbana son imprescindibles tanto para evitar pérdidas como posibles filtraciones de contaminantes a través de tuberías obsoletas. Ni qué decir tiene que las medidas de ahorro y uso responsable de este preciado recurso deben formar parte de la gestión cotidiana del recurso por parte de las administraciones y también del comportamiento ciudadano individual. También en este caso conviene recordar que Asturias se sitúa por debajo de la media tanto en porcentaje de pérdidas como en el consumo diario por persona. La clave aquí sigue siendo la combinación de correcta gestión de los recursos existentes con la dotación de nuevas infraestructuras.

Llegados a este punto, nos situamos de forma inevitable en la encrucijada que obliga a los responsables de las administraciones competentes a adoptar decisiones que den respuesta a las necesidades de suministro de agua en Asturias en cantidad y calidad adecuadas a los requisitos actuales o bien dejar pasar el tiempo en la situación actual y confiar en que el régimen de lluvias se adapte anualmente a nuestra situación o, si queremos jugar más fuerte aún, que los previsibles efectos del cambio climático respeten los límites administrativos del Principado de Asturias. Desgraciadamente, para Asturias esta fue la irresponsable decisión de los gobiernos de España durante las dos legislaturas del PP, a pesar de la aprobación en 1998 por aquel Consejo de Ministros del Plan Hidrológico Norte II que incluye la solución del Embalse de Caleao para el abastecimiento en alta de la zona central. Cuando llegó el momento de aportar financiación (anexo inversiones del Plan Hidrológico Nacional) prefirieron desviar los fondos al ya derogadoTrasvase del Ebro.

Con los datos disponibles, las directrices de las Directivas de la Unión Europea (Marco y de Calidad) y las previsiones meteorológicas, es imprescindible e inaplazable la solución a la situación de abastecimiento en Asturias que periódicamente y cada año con más intensidad, nos coloca dependiendo exclusivamente del régimen de lluvias durante una buena parte del año. Por eso, en los primeros Presupuestos Generales aprobados en esta legislatura ya con un Gobierno socialista, los del 2005, incluyeron los fondos suficientes para poner en marcha la solución al abastecimiento en la zona central de Asturias. Los correspondientes al 2007 contemplan una partida de cerca de 9,5 millones de euros.

Evidentemente, no se me escapa la polémica suscitada sobre la opción del embalse de Caleao como la más adecuada y la insistencia de determinados colectivos en evitar su construcción. En primer lugar, conviene recordar que esta alternativa es la prevista en el documento de planificación hidráulica vigente, en tanto nuevos estudios no demuestren una alternativa más adecuada que aconseje su revisión (Plan Hidrológico Norte II), elaborado tras extensos y exhaustivos estudios realizados por organismos solventes como el ITGME y los técnicos de la propia administración y tras 10 años de tramitación incluyendo la participación social a través del Consejo del Agua, la CAMA, etcétera, además de la información pública preceptiva. En segundo lugar, tal como reza la Directiva Marco de Aguas, la planificación debe tener en cuenta los costes económicos y ambientales, a lo que es necesario añadir las de la Directiva de Calidad del Agua, que recomienda evitar y, en su caso eliminar, las actividades potencialmente contaminantes de las aguas de abastecimiento con el fin de disminuir las necesidades de tratamiento para garantizar los requisitos de calidad. El objetivo último es la eliminación del tratamiento debido a los riesgos para la salud humana que añade. Estos requisitos obligan a tener en cuenta, además de la propia planificación hidráulica, otros criterios ambientales, económicos y territoriales.

Criterios ambientales. No pueden limitarse al impacto local, que en todo caso debe minimizarse en un río, el Nalón, en el que ya existen barreras para las especies migratorias y existe regulación aguas abajo. El problema ambiental más severo que padece el planeta es el llamado efecto invernadero, lo que conlleva necesariamente a considerar el consumo energético como primer elemento a valorar. En el caso del embalse de Caleao, el suministro por gravedad evita este impacto. Por tanto, la consideración ambiental debe ser tanto local como global.

Criterios territoriales. No puede desligarse la planificación territorial de la hidráulica. Garantizar la calidad del agua en las cabeceras de cuenca, evitar la implantación de actividades potencialmente contaminantes y establecer un perímetro de protección en las zonas de captación de aguas potables aconseja la protección de las cabeceras de cuencas hidrográficas (razón de las declaraciones de los Parques Natural de Redes y Fuentes del Narcea), además de la adecuación a este fin de los planes generales de Ordenación Urbana de los concejos afectados.

Criterios económicos, referidos tanto al aprovechamiento de las infraestructuras existentes como al diseño de las nuevas, propiciando economías de escala y concentración de sistemas de explotación. El coste del suministro del agua incorporando sistemas de bombeo se multiplica (en el caso del Canal del Narcea, por 4). La consideración de otras alternativas exige la inclusión de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Potables (ETAP) y, en su caso, nuevas conducciones. Todos estos costes deberán ser repercutidos a los consumidores del agua (todos los ciudadanos, al menos del Área central) en consonancia con el principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua.

Ante esta situación, tanto el Gobierno del Principado de Asturias como el Gobierno de España, cada uno en el ámbito de sus competencias, asumieron con responsabilidad la solución del abastecimiento en Asturias a partir de la planificación hidrológica y territorial, teniendo en cuenta las directivas de la UE y considerando que el abastecimiento de agua, además de ser un asunto ambiental es, sobre todo, un tema de salud pública por tratarse de agua para el consumo humano.

Disponer de agua para garantizar el suministro partiendo de las características orográficas y climáticas de la región, en condiciones de calidad que no suponga ningún riesgo para la salud humana, con el menor coste ambiental posible y al precio más barato para el consumo humano y la actividad económica, debe ser al ecuación a resolver por quien ostenta la responsabilidad de administrar los recursos públicos en consonancia con el marco constitucional y el cumplimiento de las leyes.

MARÍA LUISA CARCEDO ROCES DIPUTADA DEL PSOE POR ASTURIAS