Ambigüedad es sinónimo de placidez, de Antoni Puigverd en La Vanguardia
La VIII legislatura
Declaración de intenciones: esa es la primera impresión que suscita la lectura del corto y desnatado programa de gobierno de las izquierdas catalanas que presidirá José Montilla. Los verbos que más se repiten en sus 40 páginas son apostar, impulsar, potenciar, promover, desarrollar, consolidar, fortalecer... Verbos desteñidos por el uso y el abuso. Verbos de erosionada prosa política y, sin embargo, paradójicamente eficaces. La gracia de esta desaborida prosa consiste, precisamente, en su insustancial significado. Permite alcanzar el primer objetivo: la construcción de un espacio de ambigüedad en el que los tres partidos puedan sentirse cómodos sin desanimar a sus militantes más fervorosos, sin renunciar al propio perfil ideológico, sin plegarse a la fuerza numérica de unos, pero sin arrodillarse a la llave de otros.
El objetivo que tal lenguaje vacío persigue es el de no crear problemas iniciales a ningún firmante. Es decir: envolver con palabras carentes de enjundia un pacto que nació, en primera instancia, del estado de necesidad de los tres partidos firmantes; y que, en segunda instancia, recurre al programa, a la manera del paseante que, ante la irrupción de la lluvia habiendo iniciado ya el recorrido, en lugar de regresar rápidamente a casa, decide entrar en una tienda y comprar un paraguas sencillo y barato para continuar el paseo. Ambigüedad es, en este momento, sinónimo de placidez.
No es de extrañar que aparezcan en el texto del acuerdo de gobierno apelaciones a valores laicos y progresistas que recuerdan a las del Estatut recientemente aprobado. Expresiones del tipo "educar en valores, desde la diversidad y la laicidad", "potenciar, desde la capacidad de contratación de la Generalitat, el comercio justo y el comercio responsable". Son brindis al sol de progresismo. Permiten enfatizar la identidad ideológica de las izquierdas, pero no comprometen a nada.
A pesar de esta perentoria ambigüedad, en los apartados lingüísticos y políticos del documento existe, en potencia, material suficiente para causar dolores de cabeza internos. Y externos: en el Parlament, en la sociedad y en la relación con España. Las propuestas lingüísticas, por ejemplo. El Estatut permite, como todo texto legal, mano blanda o mano dura, mano inteligente o mano intransigente, en la gobernación de la delicada cuestión. Se afirma en el Estatut que todas las personas que laboran en el ámbito de la administración de justicia deberán "acreditar, en la forma que establecen las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales" para cumplir las funciones de su cargo. Se afirma asimismo, en el nuevo Estatut, que todas las empresas, entidades y establecimientos abiertos al público "están sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos que establecen las leyes". Las posibilidades de la ley estatutaria pueden ser desarrolladas con puño de hierro o con guante de seda. El programa pactado no aporta indicios. Se propone el "desarrollo del Estatut en lo que se refiere a políticas lingüísticas". Define el mundo de "la empresa y de la justicia" como ejes de la "normalización interpersonal del catalán" y propone promover la pluralidad simbólica de las diversas lenguas españolas en las instituciones del Estado. El catalán, en cambio, aparece borroso en las referencias al fenómeno migratorio.
Con Ciutadans expectantes y con el PSC abrazado a ERC, la polémica de las lenguas puede explotar o puede nadar entre ambigüedades. Dependerá, no del programa, sino de la unidad real que consiga articular el futuro president.
Otros muchos temas políticos son descritos con parecida ambigüedad. La división territorial. Las políticas de inmigración. Y la relación bilateral con el Estado, que se enfatiza en el programa pactado, pero dependerá, como sabemos, de quién mande en Madrid y de las fuerzas que le sostengan.
