Se vaticina que, para el año 2050, el 36% de la población española tendrá más de 65 años, el doble que el porcentaje actual y, según el economista Xavier Sala i Martín, los gobiernos se decidirán por los votos de los ancianos.
Martin Feldstein, catedrático de Economía en Harvard, también subraya el quebranto que sufrirá nuestra Seguridad Social por el peso de las personas mayores, pues, después de todo, la financiación se basa en un sistema de reparto por el que los empleados actuales cubren a quienes ya se han retirado. Este tsunami de panteras grises hará que el sistema actual sea insostenible, comenta el citado Sala i Martín.
Feldstein está de acuerdo, pero nuestro ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y Miguel Sebastián, hasta ahora director de la Oficina de Economía del Presidente del Gobierno, dos figuras políticas bien informadas, pintan nuestro futuro de color rosa, con una financiación adecuada en sanidad, pensiones y dependencia. Uno de los dos dúos, Sala-Feldstein o Caldera-Sebastián, tiene que estar equivocado, pero cuál.
Si la economía es una pseudociencia, entonces sus predicciones son puras elucubraciones. Algo tan sencillo como la predicción demográfica de España ha estado bien alejada del blanco. ¿Recuerdan cuando los expertos declaraban que 40 millones era el tope de la curva de población y que después descendería como una parábola? Pues, repentinamente, los inmigrantes han inundado las grandes ciudades y la población ha crecido un 10%, hasta los 44 millones.
Obtener un perfil demográfico correcto es imprescindible para cualquier predicción. Lo que está claro es que los inmigrantes por sí solos no resolverán el futuro problema de la financiación de la Seguridad Social. Más población mayor quiere decir más costes en sanidad, dependencia y pensiones, y mientras los inmigrantes, en su mayoría jóvenes en edad de trabajar, inicialmente agregan combustible a nuestro sistema, cuando ellos envejezcan, también serán una carga que tendrá que ser financiada por un río continuo de sustitutos.
Y como apunta Feldstein, un incremento en los impuestos sólo servirá para reducir la producción económica y, por ende, no es una solución para el incrementado coste de financiación para la vejez. Y dado el futuro poder político de los gerontócratas, es muy poco probable que quieran reducir sus ingresos por pensiones y su cobertura universal de sanidad y dependencia.
Se necesita una inyección de realismo en lo referente a las posibilidades de financiación del Gobierno. Pero Jesús Caldera y Miguel Sebastián son optimistas: habrá superávit en la Seguridad Social durante la nueva década, declara el ministro. La Ley de Dependencia creará trabajos y la Ley de Igualdad permitirá que más mujeres entren en el mundo laboral.
Hay que olvidarse de las grises predicciones de un futuro en el que los ancianos encontrarán una cobertura social llena de agujeros. Sólo queda preguntar cómo invertir mejor el superávit, que ahora se cifra en 42 mil millones de euros, asegura Sebastián. Y éste es uno de los puntos donde los dos equipos parecen jugar en el mismo lado de la cancha. Feldstein también sugiere que un plan de inversiones es la llave de la futura salud del sistema de pensiones.
De hecho, me atrevo a sugerir que se contrate a un administrador de inversiones, como Mohamed El-Erian, a quien se le encargó hace poco dirigir el fondo de donaciones de la Universidad de Harvard, que se cifra en 26 mil millones de dólares, más o menos, la mitad del superávit español.
Con una mezcla de sistemas de inversión, incluyendo private equity, el fondo ganó el año pasado un 19,2% neto y ostenta un récord espectacular durante la última década. Si el actual superávit español se invirtiera con los mismos resultados que en Harvard, sin duda, nuestros futuros gerontócratas beberían champán –o por lo menos, cava– durante su jubilación.

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