Por un urbanismo democrático, de Wenceslao López en La Nueva España
Aunque resulte paradójico, en la era de la aldea global y de las comunicaciones, los cambios sociales más relevantes del siglo actual se producirán en el ámbito local, al mismo tiempo que las tensiones y problemas sociales, en consecuencia, las políticas a desarrollar, para que sean soluciones reales a esos problemas de la sociedad, deberán ser también locales, de ahí la importancia creciente del municipalismo y en especial del urbanismo como columna vertebral del mismo.
En un artículo publicado en este periódico el 18-07-2006 y titulado «Más municipalismo (contra el fraude y la especulación urbanística)», hacía una exposición inicial, sobre algunos de los principios por los que debería regirse el urbanismo, que hoy finalizo, utilizando como ejemplos algunos casos referidos a Oviedo.
En contra de la creencia generalizada, el urbanismo no es cosa de arquitectos, abogados, promotores, concejales, alcaldes, especuladores, atracadoresÉ No, el urbanismo dice cómo ha de ser la urbe, la civitas, la ciudad, en consecuencia es cosa nuestra, de la ciudadanía.
Un ovetense como persona no es dueña de Oviedo, pero como parte de la ciudadanía sí.
Las plusvalías urbanísticas se pueden producir por la evolución del mercado con el paso del tiempo y también se producen por el acto administrativo de recalificar el suelo o de cambiar su uso. Estas plusvalías no son el resultado del trabajo del propietario del suelo, como lo es el cultivar patatas o maíz, no, en estas plusvalías el metro cuadrado que ayer valía 3 hoy vale 90, porque además de patatas en ese suelo hoy se pueden plantar edificios y ese nuevo valor no lo da la tierra en sí misma, lo da un acto administrativo realizado por unos concejales y un alcalde.
La ciudad como tal es una fábrica de plusvalías y si ellas no revierten a la ciudadanía que las produce, quien se esté apropiando de ellas está realizando un atraco no a una persona sino a toda la ciudadanía, lo cual si cabe es aún más grave.
Fíjate hasta qué punto es así, que cuando se redactó nuestra Constitución hace 30 años quedó reflejado en ella, concretamente en su artículo 47 dice:
«La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Piensa que si en tu ciudad las plusvalías de una recalificación se las lleva un particular, te acaban de robar, porque con ese dinero debería tu Ayuntamiento de financiar su patrimonio o los servicios públicos existentes u otros nuevos que colaboren a mejorar tu calidad de vida, y si no ha sido así, tú tendrás que pagarlo.
La especulación y la corrupción no están solamente en los promotores particulares, al menos la especulación también la encontramos en empresas públicas. En Oviedo tenemos el ejemplo de los terrenos de Feve y los de la losa de Renfe, en los que se han generado cuantiosas plusvalías, en un caso al recalificar el suelo y en otro al crearlo sobre las vías, y esas plusvalías no han revertido en equipamientos públicos en la ciudad.
La solución no está solamente en normas legales, en medidas judiciales y en crear una fiscalía especial de anticorrupción urbanística, con sólo eso seguirá habiendo atracadores de plusvalías que además se especializarán en sortear las nuevas leyes y en dar comisiones para conseguir atajos.
El frenar la especulación y la corrupción urbanística dependerá mucho de la actitud de las corporaciones municipales, partiendo del principio de que la mayoría son personas honradas, pero tampoco eso es suficiente.
En Oviedo tenemos otro ejemplo reciente, al cual ya me he referido en tres ocasiones, es el proyecto conocido como los palacios de Buenavista y de Jovellanos: el Ayuntamiento ha puesto los terrenos e ingresa la irrisoria cantidad de 10 euros por metro cuadrado construible y para dentro de 50 años el Palacio de Congresos, precio que no tiene nada que ver con los 2.100 euros por metro cuadrado de suelo que salía la operación, según decía en este mismo periódico el concejal responsable de turno el 22-8-2006. Está varias veces publicado que la empresa adjudicataria del proyecto, Jovellanos XXI, va a construir aproximadamente 300.000 metros cuadrados y el ingreso neto del Ayuntamiento de Oviedo será de unos 3 millones de euros. Se dice que el Palacio de Congresos está tasado en 77 millones de euros, habrá que creerlo, pero es difícil tasar algo que aún no existe. En cualquier caso, aceptando ese precio y suponiendo que se nos entregase hoy el Palacio de Congresos, el precio ingresado por metro cuadrado a construir sería de unos 260 euros. ¿Quién se atreve a calcular el precio del Palacio de Congresos para dentro de 50 años? Éstas son las cuentas correctas, lo otro es engañar y reírse de los ovetenses, pues de forma deliberada se nos estaba ocultando, entre otras cosas, la volumetría.
Hoy bastantes municipios son presa de la corrupción urbanística y un día sí y otro también se destapa un nuevo escándalo. En muchos casos son secretos a voces pero de difícil y lenta tramitación judicial, hasta tal punto que muchas veces las sentencias cuando se dictan ya son imposibles de ejecutar.
¿Por qué hemos llegado a esta situación?
El problema es tan viejo como la ciudad misma y su crecimiento vertiginoso se debe fundamentalmente a los factores que resumo a continuación.
En los inicios de los ayuntamientos democráticos, concretamente el 23-12-1980, en un artículo publicado en este periódico, entre otras cosas, decía:
«Es necesario que estos asuntos traspasen las paredes del Ayuntamiento para conseguir la imprescindible colaboración de la participación ciudadana. Participación ciudadana que, sobre todo en el área urbanística, es un camino difícil de recorrer, pero por este mismo motivo se debe de poner mucho más empeño en establecer los cauces y la promoción de la participación, para conseguir que los ciudadanos comiencen a sentir como algo suyo todo lo concerniente al planeamiento urbanístico».
Ha pasado más de un cuarto de siglo y en este frente la democracia poco ha avanzado.
Después llegó la figura del convenio urbanístico, donde los ayuntamientos delegaron su responsabilidad de planificar y de gestionar el suelo en un particular, había un «jamón» y el Ayuntamiento se quedaba con el «hueso». Así ya no hace ciudad el Ayuntamiento, hacen ciudad los promotores con la connivencia de los alcaldes de turno.
El 26-9-1996, en otro artículo publicado en este periódico, lo finalizaba diciendo: «El futuro de Oviedo es un problema de todos los ovetenses, no sólo de los grupos políticos municipales, por ello todos los ovetenses votantes o no del PP estamos obligados a exigir que se ponga freno al despotismo de Gabino de Lorenzo y que sus decisiones, en especial las urbanísticas, se paralicen y se ponga en marcha urgentemente una revisión del Plan General de Ordenación Urbana con la participación de todos los grupos sociales...».
Más tarde el PP modifico la ley del Suelo en 1998 y con ella llegó la ley del Oeste americano: todo el terreno rústico se calificaba como urbanizable y, por tanto, edificable (salvo el especialmente protegido), y para dejar el negocio asegurado, se estableció un procedimiento legal de valoración del suelo, que favorece y fomenta la especulación al estar basado en el valor esperado y que curiosamente no hay caso igual en el derecho europeo.
Así, en esta última década, a la sombra de la liberalización del suelo y de la delegación en empresas privadas de las responsabilidades municipales de planeamiento y de gestión urbanística, las ciudades han estado sometidas a una presión de crecimiento desordenado, favorecido por el fuerte desarrollo económico, los bajos tipos de interés y la inmigración. Estas fuerzas han acelerado el incremento en la demanda del sector inmobiliario, creándose así el caldo de cultivo idóneo para la especulación y la corrupción urbanística.
Ahora estamos en un momento importante, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley del Suelo que, entre otros objetivos, pretende poner freno a la corrupción urbanística y cumplir el artículo 47 de la Constitución, por supuesto y como no podía ser de otra manera el PP está en contra.
Sin embargo, y a pesar del PP, ese proyecto de ley tiene que ser más progresista y avanzar en varias direcciones para conseguir un urbanismo realmente democrático.
Primero está la información, y el urbanismo tal como está hoy planteado es inaccesible para el ciudadano normal. Los técnicos continúan hoy reflejando el urbanismo en complejísimos documentos y planos que lo hacen ilegible para la ciudadanía, las leyes deben empezar por exigir que los documentos del planeamiento urbanístico sean legibles por sus dueños, que somos nosotros los ciudadanos. En el mundo de las nuevas tecnologías de la información el urbanismo no puede seguir siendo cosa de dos o tres.
Además, la información y la participación ciudadana en el planeamiento urbanístico debe de ser un derecho de los ciudadanos y una obligación para el Alcalde y los concejales, debiendo para ello exigirles la ley una política proactiva de participación ciudadana, de tal forma que se asegure la presencia de las organizaciones vecinales, sectoriales (comerciales, culturales, deportivas, educacionales, UniversidadÉ), sindicales en todo el proceso de planeamiento y gestión del urbanismo.
Por otra parte, procedimientos como el convenio urbanístico o cualquier forma de delegación por parte de la Corporación municipal de sus responsabilidades de planeamiento y de gestión urbanística en empresas privadas deben ser erradicados absolutamente, prohibiendo por ley toda delegación de responsabilidad en el urbanismo.
La idea base es muy elemental, lo que la ciudad produce, desde el punto de vista urbanístico, debe de revertir democráticamente en la propia ciudad, es decir, en servicios públicos distribuidos de forma igualitaria entre la ciudadanía, pero para ello es necesario habilitar los mecanismos que garanticen su cumplimiento.
Pero es que, además, para conseguir un urbanismo democrático, la ciudad debe de hacerla la propia ciudadanía, como única alternativa para hacerla para los niños, los mayores, los jóvenes, las mujeres y los hombres, para los que trabajan y los que descansan, para que nadie pueda sentirse excluido de la ciudad y ni un extraño en ella.
Se trata de hacer la ciudad de la ciudadanía, no la ciudad contra la mayoría de los ciudadanos, como pretenden las teorías «liberales» donde la ciudad se transforma en una jungla donde los más fuertes expulsan a los más débiles a los arrabales, allí donde nunca llegan los equipamientos y los servicios y, para más INRI, donde unos pocos nos roban las plusvalías que gracias a nosotros se han producido en la ciudad. Ejerzamos nuestro derecho de hacer nuestra la ciudad.
Wenceslao López fue candidato del PSOE a la Alcaldía en 1979.
