Todos los partidos con representación parlamentaria pactan una comisión de arbitraje y se comprometen a aceptar sus resoluciones

Todos los partidos con representación parlamentaria han aceptado la composición de una comisión de cinco expertos que dictaminarán sobre los casos de transfuguismo en los ayuntamientos.

El Pacto Antitransfuguismo ya estaba en vigor y obliga a todos los partidos a tomar medidas contra los ediles que abandonan un grupo parlamentario para cambiar el color de los gobiernos municipales. Sin embargo, el problema fundamental de ese acuerdo es que los partidos discrepaban sobre qué se puede considerar transfuguismo y, en la práctica, se impedía la aplicación del acuerdo.

Todos los partidos aceptaron el pasado 23 de mayo la creación de un comité de expertos que dictamine con carácter vinculante en cada uno de los casos. Desde entonces, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha negociado la composición de esta comisión y ayer la presentó públicamente.

La comisión la forman Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; Leopoldo Tolívar Alas, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo y miembro de la comisión de expertos designada por el Gobierno asturiano para examinar la reforma del Estatuto del Principado, así como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo; Cristóbal Sirera Conca, especialista en Derecho Público, letrado de CCOO y consultor para empresas y ayuntamientos; Adolfo Barceló Barceló, experto en Derecho y Administración Local, que es actualmente secretario general del Ayuntamiento de Vila-Seca (Tarragona), y Manuel Horrillo Rico, secretario general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), que ha ocupado cargos en Administraciones Públicas entre 1994 y 2000 y la subdelegación del Gobierno en Cuenca de 2000 a 2004.

Terna de candidatos

Cada uno de los partidos firmantes presentó una terna de candidatos, sin que se hayan producido vetos o rechazos. Por ejemplo, a Herrero de Miñón, ex dirigente de Alianza Popular, le propuso el BNG; el PP presentó el nombre de Manuel Horrillo, que fue jefe de Gabinete de Angel Acebes; el PSOE, al catedrático Leopoldo Tolivar e Izquierda Unida a Cristóbal Sirera, que fue letrado de Comisiones Obreras.

La importancia de la comisión es que, puesto que los partidos han aceptado su dictamen en caso de desacuerdo, de ellos dependerá el color político de los ayuntamientos en los que se produzcan casos de transfuguismo. Por ejemplo, recientemente en el Ayuntamiento de León se produjo una disputa entre el PP y el PSOE, pero los socialistas nunca consideraron que se trataba de un caso de transfuguismo y, por tanto, no se pudo aplicar el pacto.

En principio, la comisión de expertos no podrá actuar en casos ya consumados, salvo que los partidos así lo soliciten.

El pacto obliga a todos los firmantes a enviar los casos a la Fiscalía para que investigue supuestos casos de corrupción vinculados al tránsfuga, a expulsar a los concejales afectados y a no volver a presentarle en las siguientes elecciones.

Jordi Sevilla destacó el «criterio, conocimiento, experiencia y personalidad suficientes para tomar decisiones» de los miembros de la comisión de arbitraje, y aseguró que «escucharán a los partidos, pero se dejarán influir poco» por ellos.

El ministro destacó que, de esta forma, el acuerdo se convertirá en un instrumento operativo. Destacó que este comité permitirá «desjudicializar» determinado tipo de confrontaciones «y solucionará conflictos sin necesidad de ir siempre a los tribunales».

Jordi Sevilla ligó el cumplimiento del acuerdo con las medidas para combatir la corrupción en los ayuntamientos. Citó también la nueva Ley de Bases de Régimen Local, que en este momento negocia el Gobierno con los grupos parlamentarios, y la Ley del Suelo, que se tramita en el Congreso.

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