LA GUERRA DEL URBANISMO

Hace unos días, el PSOE presentó denuncias sobre cinco supuestos casos de corrupción protagonizados por militantes del PP. Ayer, el Partido Popular contraatacó y presentó documentación sobre lo que considera diez escándalos urbanísticos en los que están implicados los socialistas

La Fiscalía Anticorrupción está a tope. Sólo en Madrid las denuncias presentadas en las últimas semanas precisan de personal extra y los casos de Ciempozuelos y Seseña exigen muchas horas de trabajo a los fiscales y técnicos de la institución. Y la cosa no para ahí. Los partidos de uno y otro color rebuscan decisiones polémicas relacionadas con el urbanismo para presentar denunciar en una carrera que amenaza con colapsar este organismo.

El último en pasar por el registro de las oficinas situadas en el Paseo de la Castellana ha sido Antonio Beteta, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que acompañado de David Pérez, portavoz adjunto, presentó diez denuncias contra otras tantas actuaciones de representantes socialistas.

Antonio Beteta se mostró convencido de que «hay un modelo socialista que está instalado en la corrupción urbanística» y recordó que la Comisión de Investigación sobre el «caso Tamayo» acordó en su momento remitir la documentación que obraba en su poder a la Fiscalía.

Estos son los casos que presentó el portavoz popular y algunas de las respuestas de los socialistas.

Leganés.

El PP puso en conocimiento de la Fiscalía el entramado del grupo de empresas de Isidoro Herrero, ex concejal del PSOE en este municipio, sus beneficios operando en ayuntamientos socialistas y logrando recalificaciones millonarias. El alcalde de la ciudad, José Luis Pérez Raez, despreció ayer las acusaciones contra Herrero. Rafael Simancas propuso, en la lucha contra la corrupción, ampliar el periodo que limita la participación de un cargo público en negocios privados de los dos a los diez años. La idea, según el líder socialista, es impedir que los ex cargos públicos relacionados con el urbanismo puedan quedar vinculados a negocios inmobiliarios tras dejar la Administración, como ocurrió con cuatro ex concejales socialistas en Getafe y uno en Leganés, informa Europa Press.

Getafe.

El PP de Madrid denunció también el entramado de empresas de las que es administrador, consejero delegado, presidente... Jesús Neira, ex concejal de Urbanismo de Getafe, conocido como El rubio. Está presente en casi todos los desarrollos de la ciudad. El concejal de Urbanismo de Getafe, Santos Vázquez, aseguró en relación a la denuncia que están encantados de defenderse en los tribunales si llega el caso. El alcalde de Getafe, Pedro Castro, dijo que el asunto era inmoral pero legal.

Aldea del Fresno.

El alcalde socialista de Aldea del Fresno, José Luis Tello, asumió las competencias de Urbanismo y creó dos empresas constructoras, Gestión Inmobiliaria Playa del Alberche S. L. (de su mujer y una concejala) y Construcciones e Instalaciones S. L. (suya y de su mujer). Además, compró una finca y la vendió (oficialmente a los tres meses) después de pedir a la Comunidad de Madrid su recalificación. Tiene tres denuncias en total. El PSOE le ha suspendido de militancia, pero aún sigue de alcalde.

Boadilla del Monte.

El PP relata que José Luis Balbás -antiguo dirigente socialista que fue posteriormente expulsado por su relación con los tránsfugas Tamayo y Sáez- acompañó al secretario general del PSOE, José Blanco, a entrevistarse con el constructor Francisco Vázquez, presidente de Euroholding, para que le bajara el precio de un chalé. El PSOE negó en su día esos hechos. Vázquez dijo en una entrevista a EL MUNDO que Blanco y su mujer vieron uno de sus chalés, pero al final no se hizo la operación porque preferían otra zona mejor comunicada.

Agecovi.

Beteta recuerda que bajo estas siglas se agrupan cooperativas de viviendas y reúne a un conjunto de empresas cuyos accionistas son, en muchos casos, antiguos altos cargos del Gobierno de Leguina, así como concejales de Urbanismo de ayuntamientos.

Humanes de Madrid.

Los populares denuncian una subasta de suelo para la construcción de viviendas. En principio, la empresa adjudicataria de una de las parcelas fue Deinsur. El PP asegura que, transcurrido un mes, esta sociedad renunció a la parcela. La segunda mejor puja fue la de Indorenta, controlada por FCC y en la que, a mediados de los 90, entró en su consejo de administración la Fundación Hogar del Empleado, cuyo presidente era Enrique Benedicto, marido de Ruth Porta. El alcalde decidió volverla a sacar a subasta. Según el PP, Porta presionó a Alvarez Sojo, amenazándole con suspenderle de militancia si no adjudicaba a Indorenta, y así fue. Posteriormente, sufrió una moción de censura de los propios concejales socialistas y, después, fue expulsado del PSOE. Andrés Rojo (PSOE) dijo ayer que Beteta y el PP tienen obsesión por Ruth Porta «porque el PP ataca más a quien más teme».

Parla.

En 2003 se conoció que Jalet, una promotora de cooperativas, concedió un crédito de privilegio, sin intereses, a un concejal de Urbanismo de Humanes, José Gómez, tío carnal del alcalde de Parla, Tomás Gómez, siempre según el PP. La promotora recibió suelo urbanizado donde construir 249 viviendas en la zona de mayor expansión de Parla, a través de dos empresas de su grupo. Gómez recordó a Beteta ayer, en una carta, que dichas adjudicaciones fueron aprobadas por el Consorcio Urbanístico Parla-Este, entidad formada mayoritariamente y controlada por la Comunidad de Madrid. Añadió que dichas adjudicaciones en ningún caso fueron realizadas por el Ayuntamiento.

Arroyomolinos.

Antonio Beteta también denunció la recalificación de la finca Las Castañeras, hace más de 11 años.

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