Poco después de la conquista del Perú, los soldados que la realizaron se levantaron contra los representantes de la Corona que pretendían explicarlos. La cosa fue a mayores y en la rebelión perdió la cabeza hasta el virrey. Los conquistadores podían haberse independizado, pero, como no pertenecían a la España periférica, primaba en ellos la fidelidad sobre la ambición. No renunciaron a sus derechos y buscaron un jefe de valor probado. Eligieron a Gonzalo Pizarro, el hermano pequeño de la saga. Gonzalo, además de distinguirse como militar, había encabezado una expedición por el Amazonas en busca del mítico El Dorado. Partió con miles y regresó con un puñado de supervivientes. Volvió cambiado, pero sin perder el temple. No declinó la jefatura del bando rebelde que le ofrecieron sus compañeros y cuando le preguntaron qué título ostentaría contestó: «Defensor del Pueblo. Si me han de ahorcar, que sea por algo que merezca la pena».

Sólo se equivocó en la forma de ejecución. En vez de ahorcarlo, le decapitaron.

Otro que también se tomó ese cargo en serio fue Juan de Lanuza. Fungía como justicia mayor cuando se vio involucrado en uno de los mayores escándalos de nuestra historia. Resulta que Antonio Pérez, primer ministro de Felipe II, había ordenado asesinar a Juan de Escobedo, jefe del servicio secreto militar, con el consentimiento del monarca. El asunto de Estado se complicó con un lío de faldas de la princesa de Éboli, que, por lo visto, concedía sus favores al mismo tiempo a Felipe II y a Antonio Pérez, que, cuando vio lo que se le venía encima, atravesó la frontera aragonesa y pidió asilo. Se lo concedieron, pues era un derecho en el Fuero de Aragón. Lanuza hizo caso omiso a las amenazas reales en el cumplimiento de su deber y Felipe II envió los Tercios a Zaragoza mientras Antonio Pérez escapaba a Francia a todo galope. Juan de Lanuza fue ejecutado por cumplir con lo que le demandaban su honor y su cargo. Y ya de paso Felipe II acabó con los Fueros aragoneses en una jugada que le salió maestra.

Indudablemente eran otros tiempos y otros hombres.

En la actualidad no parece que se tomen tan en serio ni los hechos ni las formas.

Tomemos al vigente Defensor del Pueblo, el señor Múgica Herzog, que parece encantado con su trayectoria, que no está de más recordar. Antifranquista decidido, comenzó su militancia en el Partido Comunista, en el que predominaba el estalinismo más dogmático, al que hizo honor con toda su voluntad y energía.

Durante una temporada estuvo en prisión y sus antiguos compañeros recuerdan con malicia que le encantaba actuar de inquisidor para interrogar a los recién llegados para ver por dónde respiraban. Su paso del comunismo a la socialdemocracia fue celebrado con alborozo por los que habían sufrido la dictadura desde las butacas de un cine-club. Pero la deriva seguiría hasta ser nombrado Defensor del Pueblo, cargo en que se ha distinguido en una cruzada personal contra el Estatuto de Cataluña. Un tema tan importante, tan esencial que ni siquiera lo han votado la mitad de los catalanes.

Y si el cargo nacional se mete en irrelevancias, peor será el regional, que ya de entrada ofrece alguna peculiaridad extraña. La primera es que han nombrado para Defensor del Pueblo asturiano a una señora cuyo bagaje se reduce a una carrera partidista dentro de las filas del PSOE. De verdad, ¿puede alguien pensar que una funcionaria que ha hecho carrera a base de acatamiento se va a enfrentar a los jefes a los que siempre ha obedecido?

Y, por cierto, ¿en qué desfile por la Quinta Avenida andaban los de Izquierda «Uncida» que no se daban cuenta de que se convertían en cómplices de un nuevo abuso?

Quizá va siendo el momento de empezar a hacer preguntas sobre qué reciben algunos a costa de olvidar sus deberes.

Juan Antonio de Blas es escritor.