¿Y el fiscal del Estado qué hace?, de Justino Sinova en El Mundo
EL REVÉS DE LA TRAMA
Toda España ha podido oír estos días a Arnaldo Otegi anunciar actos violentos si el Gobierno no impide la acción de los jueces. Sin intermediarios a quienes achacarles un error de transmisión, fue el portavoz de Batasuna/ETA en persona quien lanzó las amenazas ante las cámaras de la televisión. Como para corroborar sus palabras, la violencia terrorista ha crecido en los últimos días y también ha arreciado el terrorismo verbal en boca de sus mentores. Entretanto, el fiscal general del Estado parece sumido en el sopor, por no decir que está desaparecido.
El fiscal general del Estado es un cargo público que tiene encomendada la defensa de la sociedad mediante su iniciativa de persecución a quienes quebrantan la Ley. La Constitución define las obligaciones del Ministerio Fiscal de una manera tan clara como terminante: debe «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». ¿Hay alguna duda de que quien amenaza con violencia atenta contra la legalidad, los derechos de las personas y el interés público? ¿Qué pensar de un fiscal general que ante flagrantes transgresiones calla, desvía la mirada y se inhibe? Como poco, que no está a la altura de su deber.
Vivimos un tiempo de anormalidad, en el que el presidente del Gobierno afirma que un asesino en serie quiere «la paz», al tiempo que insinúa que el partido de la oposición democrática desea muertos, en el que los negociadores con el entramado etarra culpan de lo que pasa a quienes rechazan el trato con los terroristas que no renuncian al uso de la violencia. Desde luego, era difícil imaginar esta situación el día que el Parlamento le puso condiciones a Zapatero para acercarse a ETA. Se han producido muchas inhibiciones desde entonces: inhibiciones de quienes cierran los ojos a la realidad y no ven a los etarras envalentonados, inhibiciones de quienes no escuchan el ruido de los atentados, inhibiciones de quienes no atienden los llantos de las víctimas, inhibiciones de quienes niegan la violencia tangible mientras repiten como compendio de un pensamiento ilusorio la palabra tótem, cuya pronunciación ellos piensan que todo lo cura: paz, paz, paz.
El gran dimisionario, tras la política entreguista de Zapatero, es el fiscal del Estado, que encarna una figura concebida como esperanza de la Ley, protección de los ofendidos, tabla de salvación de la equidad, patrocinio de la razón. Su inhibición nos deja dolorosamente desamparados.
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