Todos los grandes momentos históricos tienen un nombre. El que ayer protagonizaron más de setenta altos directivos de las cajas -presidentes y directores generales- podría llamarse el Manifiesto de San Francisco.

Quizás, algún día, también figure en las enciclopedias como la Declaración de Cáceres. La reunión de los máximos responsables de las 46 cajas que operan en España en el antiguo Monasterio de San Francisco de esa ciudad extremeña -por invitación de Caja Extremadura, que celebra su centenario- no fue un encuentro más de los que anualmente celebran estos directivos bajo el paraguas temático de la obra social.

El encuentro sentó las bases para elaborar un documento que se aprobará en la Asamblea de diciembre o de marzo de la Ceca (la patronal de las cajas), y que establecerá los nuevos mandamientos de la obra social, principal distintivo de estas entidades frente al resto de instituciones financieras.

La obra social (la actividad filantrópica que realizan las cajas por su propia condición jurídica, destinando una buena parte de sus beneficios cada año a actividades sociales), será la columna vertebral de la batalla que estas entidades se proponen mantener para poner de relieve su peculiaridad frente a otro tipo de entidades, fundamentalmente los bancos.

En el fondo subyace uno de los recientes debates económicos y sociales más intensos que ha habido España en materia financiera. Desde que han demostrado ser competidores muy agresivos en el mercado bancario, las cajas están sometidas a críticas permanentes, por su supuesta politización y escasa transparencia, así como por la confusión que genera el hecho de que actúen con criterios de maximización de beneficios en el terreno comercial para, acto seguido, ponerse el gorro de la obra social multimillonaria (más de 1.200 millones en 2005).

Las cajas consideran que su “filosofía empresarial es algo genuino”, y rechazan las críticas, aunque reconocen que tienen que hacer un mayor esfuerzo para que su mensaje sea captado por el conjunto de la sociedad. “Lo más importante es decir qué somos y quiénes somos”, explicó Jesús Medina, presidente de Caja Extremadura y anfitrión de la reunión. De ahí que se propongan elaborar un documento con los pasos a seguir en los próximos años, que se suma a otras acciones. En septiembre iniciaron una campaña televisiva para resaltar la obra social.

“La mejor manera de hacer obra social es tener beneficios, y para eso tenemos que competir ferozmente”, señaló Medina, que también es presidente de la comisión de la obra social de la Ceca. “Somos una alternativa al oligopolio financiero que se está produciendo en estos momentos”, dijo. Y añadió que “las cajas tienen el deber jurídico y moral de perpetuar su modelo, aunque sea atacado desde distintos flancos mediáticos, dentro y fuera de España”.

Retos

Las cajas reconocen que tienen que quitarse de encima el Sambenito que llevan colgado desde hace años frente a la sociedad y frente a la Administración de ser entidades politizadas. En el peor de los casos, se les ve hasta como “intermediarios de dádivas”, según Medina, que entiende que las cajas están sometidas a constantes presiones. “Normativa, estatutos de autonomía, hasta el propio Fondo Monetario Internacional –que cuestiona a las cajas por no cotizar en bolsa–. Todos irrumpen en el modelo de las cajas”, señaló.

Juan Ramón Quintás, presidente de la Ceca, propone que las entidades defiendan “su estatus jurídico, y su independencia de gestión, como principal garantía de que la obra social seguirá siendo un instrumento útil para la sociedad”. Según los responsables de la Ceca, el documento que se va a elaborar –que renueva el que hasta ahora estaba vigente en materia de obra social, y que databa de 1998–, servirá “de punto de partida para que las asambleas de cada caja, dentro de su autonomía e independencia, orienten sus prioridades en materia de obra social”.

No se trata de que la Administración y la obra social de las cajas vaya cada una por su cuenta, explican los responsables de estas entidades, sino de establecer marcos de colaboración profesional y sin directrices políticas. “Estamos en un contexto donde los recursos de la Administración son escasos y existe la tentación de acudir a las cajas”, señaló Quintás. “Pero no se trata de establecer un divorcio. Hay cosas, en materia de obra social, en la que los fines son compartidos entre la Administración y las cajas, y deben ser coordinados, pero manteniendo una absoluta autonomía e independencia”, añadió.

Muchas legislaciones

Una de las injerencias que más critican las cajas son las diferentes políticas que marcan las comunidades autónomas en obra social, lo que hace que haya 17 legislaciones diferentes en obra social en España. Las cajas piden una unificación de la normativa que les afecte.

Reclaman establecer circuitos claros de colaboración en asuntos de vital trascendencia donde puedan aportar ambas partes, pero vacunados contra los dirigismos políticos. Uno de los campos más ambiciosos que se abre es la Ley de Dependencia, donde las cajas cuentan con la enorme experiencia desde hace décadas de la gestión de centros para la tercera edad. Igual que se aboga por una colaboración entre la obra social de las cajas y la Administración, el documento también contemplará, de forma genérica, que las cajas colaboren entre sí, coordinando sus actuaciones, de manera que la estrategia que marque una caja no choque con la que establece otra.