UNA de las maneras más eficaces de fomentar la abstención consiste en desvirtuar el resultado de las elecciones mediante coaliciones de perdedores que obtienen en los despachos lo que no han ganado en las urnas. La ley lo permite, por ahora, y la práctica lo viene convirtiendo en norma de uso, sea en Galicia, en Cataluña o donde quiera que nadie alcance la mayoría absoluta; después de las municipales nos espera una verdadera orgía de pactos al amparo del mercado negro de la política, en el que quienes obtienen menos respaldo electoral colocan sus votos al servicio del mejor postor de prebendas, especulando con su fracaso en una bolsa de poder fraudulenta.

El resultado de las recientes elecciones catalanas admite varias interpretaciones, incluida la de que el tripartito de izquierdas -pese a que no concurría como tal y a que se había deshecho antes de la convocatoria- ha mantenido mal que bien la mayoría, pero lo que no permite discusión es que una fuerza castigada por el pueblo con un apreciable descenso de su respaldo, Esquerra Republicana, va a volver a obtener una desproporcionada cuota de poder mediante la inversión especulativa de su representación parlamentaria. Tampoco admite controversia el hecho de que CiU ganó en las urnas y sin embargo se va a ver fuera del Gobierno, lo que supone una burla al sentido expreso de la voluntad ciudadana. Que el tripartito pueda resultar un mal menor al lado de la pavorosa alianza soberanista que supondría un acuerdo CiU-ERC no impide reconocer que se trata de un contubernio legal contra quien ha ganado en sufragios y en escaños, y que el espectáculo de un Carod perdedor eligiendo presidente tras recibir forzoso cortejo de los dos partidos más votados representa un escarnio para el sistema democrático.

Y ello no va a ser nada comparado con lo que se viene encima en junio, cuando una pléyade de partiditos-bisagra urdidos con el único fin de exprimir los recovecos de la ley se apoderen de las concejalías de urbanismo a cambio de decidir las alcaldías y conviertan los ayuntamientos en máquinas registradoras. La única manera de evitar este desafuero es la reforma de los mecanismos electorales para establecer la segunda vuelta, y que sea el pueblo el que decida quién debe gobernarlo en vez de someter los poderes públicos a una subasta de desaprensivos.

Nadie se atreve a dar este paso -en el Congreso hubo hace tiempo dos propuestas al respecto, una del PP y otra del PSOE- porque en el fondo de la clase dirigente late un sentido de la endogamia que no refleja más que miedo al criterio de la ciudadanía. Nadie podrá, pues, quejarse de que se saquen a puja las alcaldías y presidencias regionales, en infame abuso de la garantía de protección a las minorías; sólo el pueblo, desatendido en la expresión de su voluntad, tiene derecho a sentir que su criterio colectivo cuenta menos que el interés de un sindicato de castas articulado en torno a un mercado de chalanes.