CON MOTIVO del debate suscitado sobre las listas de espera, que amenazan con desvirtuar tanto la equidad como la eficacia clínica del sistema, se ha producido un hecho tan positivo como novedoso: todo el mundo, desde la izquierda a la derecha pasando por los más diversos sectores profesionales, coincide en la necesidad de dotar con más recursos a nuestra sanidad pública. ¡Aleluya!

Desde luego, las demandas están justificadas si se considera que Galicia -y España- es el país que tiene el gasto público sanitario por habitante más bajo de la UE (15) después de Grecia, y se sitúa con 1.185 euros por habitante a enorme distancia de la media europea (1.820 euros por habitante).

La situación es más grave todavía si se tiene en cuenta que, pese al crecimiento económico de los últimos años, el gasto público sanitario gallego -y español- se ha ido distanciando del promedio europeo desde 1993. Y si, finalmente, analizamos las prioridades del gasto, es decir, los recursos que se destinan a cada nivel de atención, concluiremos que, además de gastarnos poco, lo gastamos mal. En efecto, la escasez de recursos en la atención primaria -14% frente al 58% de la especializada- conlleva una excesiva masificación de estos centros, con un promedio de tiempo de visita de los más bajos de Europa. La escasa prioridad de la atención primaria explica también en gran medida la enorme carga asistencial de los hospitales, incluido el colapso de sus servicios de urgencias, donde más del 90% de los casos podrían ser correctamente atendidos en los centros de atención primaria, si éstos estuviesen convenientemente dotados.

Todavía peor es la ridícula partida que se dedica a salud pública, que no alcanza el 2% del gasto sanitario público. Por el contrario, Galicia tiene un excesivo gasto farmacéutico, sitúa como uno de los países que tiene un porcentaje mayor del gasto sanitario en farmacia (25%).

Así pues, el Gobierno gallego debería haber aprovechado este inédito consenso social para aumentar significativamente los recursos dedicados a la sanidad pública, pero también para reformular las prioridades del gasto sanitario. Desgraciadamente, el proyecto de presupuestos para el próximo año no va en esa dirección. Al contrario, se ha producido una fuerte desaceleración del gasto sanitario, que crece menos que la media del presupuesto y por debajo del crecimiento nominal de la economía.

Imagino el desencanto que debe existir entre los dirigentes de nuestra sanidad pública. Pero deben comprender que esta indeseable situación es también la consecuencia del escaso peso político que la Consellería tiene en la Xunta de Galicia. En todo caso, la convergencia social con Europa es, junto a la promesa de mejorar el conjunto de los servicios públicos, uno de los compromisos más solemnes que ha adquirido el presidente Touriño en la campaña electoral que le llevó al poder. Dicho compromiso representa el núcleo duro del cambio prometido en Galicia. Su cumplimiento es, pues, política y moralmente inexcusable.