Cuentan las crónicas que la madre de la alumna que grabó con su teléfono móvil la agresión contra un profesor de secundaria en Alicante no está de acuerdo con la decisión de expulsar durante quince escasos días a su hija del centro. El director del instituto donde han ocurrido los hechos, en Sant Vicent del Raspeig, ha dicho que la madre quita importancia al grave incidente, por eso no puede comprender que se sancione a su querida criatura. Estamos ante toda una madre. Una madraza de tomo y lomo.

Pero no hablemos de la madre, un ejemplo de hasta qué punto la sociedad fracasa ante un nuevo tipo de familia masa convertida en la corrosión más agresiva de la comunidad y de la convivencia. Hablemos de la sanción a la alumna, si les parece. Quince días de expulsión es una medida risible y menor que sólo sirve para desacreditar al centro, a los profesores y al sistema que trata de defenderse contra la nueva y gratuita barbarie. ¿Cómo es que grabar a conciencia una paliza a un profesor puede salirle tan barato a un alumno? Quince días sin clase tienen más bien un efecto contrario: muestran la gran debilidad del sistema y ello genera mayor pérdida de autoridad de los docentes frente al conjunto de los ciudadanos, no sólo de aquellos que flotan en la anomia moral. Me imagino el posible efecto: "Niña, el próximo día grabas cómo le abren la cabeza a la profesora de mates y adelantamos un poco las vacaciones, ¿vale, guapa?".

No hablo de analizar los matices de la normativa en centros educativos, por supuesto. No perdamos el tiempo. Hablo de la necesidad urgente de parar los pies a ese tanto por ciento creciente de bárbaros que se están cargando lo más importante de una sociedad, que es la formación de los jóvenes, la que hace posible la maduración crítica de la persona en relación con los demás. De nada servirá invertir en profesores y medios si no se organizan mecanismos eficaces de respuesta contra esas familias que tratan de imponer su ley de la selva al sistema educativo, minando así la tarea y la ilusión de muchos equipos pedagógicos. Deben ser mecanismos de respuesta que no dejen en soledad a los profesionales de la educación y en los que se impliquen las autoridades locales y autonómicas, así como entidades sociales que están cerca de estos fenómenos.

Con todo, debe partirse de una premisa capital: hay que proteger al débil y a la mayoría, a los educadores y los alumnos que quieren aprender. La minoría que traslada a los institutos el modelo familiar del grito, la paliza y la falta de respeto debe ser frenada. Si ello implica cambiar conceptos y normativas, deberá hacerse. Nos jugamos el futuro en esta batalla.