Que está habiendo -como se subraya en el editorial de ayer de EL COMENTARIO.TV- un choque de trenes (uno tras otro y sin parar) entre las fuerzas de izquierdas que componen el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón por un lado, y las fuerzas de izquierdas y ciudadanas ajenas a las poltronas del poder por el otro, a cuenta del proceso judicial de Morala y Cándido, es algo que no tiene discusión.

Pero a tenor de cómo se desarrollan los hechos, y de cómo actúa el equipo de gobierno municipal que comandan la alcaldesa Mapi Felgueroso y "el bueno de Churruca", para salvar la vergüenza de verse comprometidos en tan feo asunto, cualquiera diría que puede haber riesgo de otro choque de trenes, pero en esta ocasión entre el Consistorio gijonés y la Administración de justicia.

Las precisiones que apunta y subraya, en un comentario en Escandalera, la escribiente "Ilusa" (Escandalera, sección "Gijón" a las 13:35 del 1/11/06, con el títular "La Administración de Justicia-Garantías), invitan, junto con otras reflexiones contradictorias o confusas que surgen al paso (estos procesos kafkianos dan mucho de sí), a pensar en ese nuevo choque ferroviario político-judicial que apuntamos.

A nadie se le escapa que será del todo interesante comprobar cuál va a ser la respuesta de la Administración de justicia, una vez que desde los servicios jurídicos del Consistorio se ha solicitado al juzgado correspondiente que "disponga dejar sin efecto ni eficacia procesal la comparecencia efectuada en autos por el funcionario municipal (M. Á. A. F.-P.) y sin efecto ni eficacia procesal las ratificaciones, manifestaciones y reclamaciones que en dicha comparecencia se contienen".

Es decir, tal como ya todo el mundo se pregunta, ¿el juez y el fiscal correspondientes van a admitir que, cuando se tomó declaración al funcionario-mensajero-notificador de la factura de daños del cajetín de tráfico de la discordia, no comprobaron suficientemente las acreditaciones de este individuo para actuar y firmar lo que firmó, y, en consecuencia dejarán sin efecto –tal como se solicita- su intervención?

La cosa no cabe duda que tiene sus perendengues, máxime porque todos hemos podido leer en la prensa que la alcaldesa dijo que el “Ayuntamiento sólo aportó las facturas en su momento, puesto que es, incluso, una obligación establecida en la Ley de Bases de Régimen Local”.

Luego si se aportaron las facturas en el juzgado porque obliga la ley, y ahora se solicita que se dé por ineficaz todas las actuaciones del funcionario mensajero o notificador que las llevó, es de suponer que alguien responsable del Ayuntamiento, con suficiente acreditación, tendrá que volver a personarse en el juzgado a ratificar las mismas.

El lío monumental en el que se han metido es de órdago, pero, por lo visto, no contentos con ello, huyen hacia delante y dan una vuelta de tuerca más, tras entrevistarse representantes del comité de empresa de Naval Gijón con el concejal socialista José María Pérez y de IU, Jesús Montes “el bueno de Churruca”, al afirmar el trabajador Balbino Cano que “El Ayuntamiento nos ha prometido que no presentará informes de daños ni facturas ni nada», aun cuando el juzgado le reclame informes y documentación al respecto. Alucinante, ¿no?

Ahora, por lo visto, la Ley de Bases de Régimen Local que cita la alcaldesa como de obligado cumplimiento se puede mandar a paseo sin ningún problema, como de igual modo, al parecer, el Ayuntamiento se puede sustraer a la acción de un juez del modo y manera que le dé la real gana.

Lo sorprendente, además, de todo este proceso es que no hemos visto, por parte de la oposición del grupo del PP que lidera la concejala y senadora, Pilar Fernández Pardo, una mínimas exigencias explicativas sobre todo este enojoso asunto. Es algo verdaderamente increíble, porque, en realidad, tendrían ya que estar pidiendo la dimisión de todo el equipo de gobierno municipal -e incluso responsabilidades a determinados funcionarios que, por lo que se aprecia, no se enteran de nada de lo que les compete-, pero quizás lo kafkiano también haya alcanzado inexorablemente al grupo de concejales del PP.