El Tribunal de Cuentas considera que es necesario que las tres administraciones -el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos- unifiquen “los tratamientos contables” que dan a unos mismos hechos económicos y operaciones financieras para evitar “distorsiones” en la comparación de la información que dan unas y otras.

Esta reflexión, que puede parecer una exigencia meramente técnica del órgano fiscalizador a las administraciones territoriales no es baladí. El Tribunal considera que con la disparidad que, sobre todo, tienen las comunidades autónomas en la información contable se “generan diversos riesgos”.

Por ejemplo, que se produce una medición “no uniforme” del déficit [público] y, por lo tanto y consecuencia de ello, la posibilidad de que haya desigualdades en el acceso a los fondos de solidaridad y en el endeudamiento de las distintas administraciones públicas.

Así se desprende de la Moción sobre la aplicación de principios y normas contables uniformes en el sector público que, por propia iniciativa, ha enviado el Tribunal de Cuentas al Parlamento y a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Por esta razón, y como recomendación general a todas las administraciones, el órgano fiscalizador pide que “adopten las medidas adecuadas para que la información contable” del sector público administrativo, en los tres niveles, “sea plenamente transparente, comparable y convertible” a los criterios de Contabilidad Nacional.

La institución que preside Ubaldo Nieto puntualiza sobre todo en que sus exigencis se dirigen fundamentalmente a lo que es el aparato burocrático, y no a la empresa pública, porque es en la medición de la actividad económica y financiera de la primera donde se producen las diferencias en la información contable.

Una fuente del problema es, según el tribunal, la propia Ley General Presupuestaria y el posterior Plan General de Contabilidad Pública. El tribunal recalca que la citada norma “no ha declarado básico ninguno de sus preceptos”; es decir, de obligado cumplimiento para todas las administraciones. Por ello, actualmente, las comunidades autónomas pueden ejercer sus competencias en este campo “sin sujetarse a un marco común”.

Por esta razón, en la moción la institución fiscalizadora pide al Gobierno que, con la participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, elabore un “único” Plan General de Contabilidad Pública. El plan, elaborado en una ley de ámbito nacional, debería tener algunos puntos de obligado cumplimiento, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en los principios contables, las cuentas anuales y las normas de valoración.

Empresas públicas

Por el contrario, el Tribunal de Cuentas sí ratifica que no hay discrepancias en la contabilidad de las diferentes empresas públicas, que se rigen por el régimen de contabilidad privada y más, exactamente, por el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española. Curiosamente, el tribunal advierte al Parlamento de que en el sector público se está “desviando” déficit desde las Administraciones hacia las empresas.

Dicho con claridad que, en algunas ocasiones, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y los ayuntamientos endosan a estas empresas la realización de inversiones que corresponderían a la propia Administración, con el fin de que no figure el gasto en el déficit.

La moción recalca, por ejemplo, que esto se ha producido en los últimos años por parte del Gobierno central -el Estado- a través de sociedades creadas para la conmemoración de algún aniversario -la sociedad Quinto Centenario-, algún acontecimiento determinado -la llegada del euro- o facilitar la creación de infraestructuras públicas -el Gestor de Infraestructuras (GIF)-.