HISTORIAS DEL MUNDO

Andrei Stoliarov, sin oficio y mucho menos beneficio conocido, no podía pagar los 12.000 rublos (352 euros) que debía por el agua, la calefacción y la comunidad del piso en el que vivía, en el sudoeste de Moscú. Como miles de morosos moscovitas confiaba en que al vivir en apartamentos del Estado se libraría de la dureza de los nuevos tiempos. Pero, aunque tarde, las reformas han llegado y 15 años después de la desaparición de la URSS él ha sido el primero en perder con la ley en la mano la casa que le regaló el Estado soviético.

La Administración del distrito del Sudoeste de la capital rusa le denunció y un juez ha bendecido su desahucio. Llevaba más de medio año sin ingresar ni un kopek en las arcas de la Dirección de Servicios Comunales. La reforma del Código de la Vivienda, que entró en vigor el 1 de marzo del 2005, indica que a los desahuciados se les entregará un lugar para vivir nunca menor de 6 metros cuadrados. El juez ha asignado a Stoliarov una habitación en una residencia.

Durante el comunismo la mayoría de la población vivía en casas y apartamentos estatales, a veces compartidos, que eran asignadas según las necesidades familiares. Tras la desintegración de la URSS, hubo que hacer frente a dos problemas aún por resolver: por una parte, los que tenían casa debían privatizarla a cambio de un pago simbólico; y por otra, la lista de personas que solicitaban una vivienda era larguísima.

Son multitud el número de rusos que no están dispuestos a privatizar su vivienda. El porqué es lógico. El Estado dejaría de ocuparse de ciertas cargas, como la limpieza de las zonas comunes. Además el proceso burocrático echa para atrás a muchos. "Hacerlo a través de un agente nos puede costar 100.000 rublos", asegura Svetlana, una mujer que recibió un apartamento para cuatro personas a finales de los ochenta. Su marido trabaja en la construcción y ella es mujer de la limpieza en un hotel. Sus sueldos son demasiado bajos para plantearse dar este paso. Pero después puede ser peor. La reforma del año pasado fija el 1 de enero de 2007 como fecha tope para privatizar, aunque la Duma acaba de prolongarlo hasta el 2010. Después, habrá que pagar lo que indique el catastro, todavía por reformar.

Es tal vez más dramático el caso de los rusos que se quedaron en la cola y nunca recibieron una vivienda. "Hay 4,5 millones de personas que necesitan casa", explica Bronislav

Gongalo, vicecatedrático de Derecho Ciudadano en la Academia Jurídica de los Urales. Él y otros expertos critican la nueva ley porque creen que así nunca se resolverá el problema de la vivienda.

La alternativa a los que se encuentren atrapados por las deudas, como Andrei Stoliarov, es meterse en un berenjenal jurídico para privatizar su vivienda y luego venderla. En la Administración del Sudoeste creen que tras pagar las multas, él habría podido comprarse otro apartamento. Hay políticos que discrepan de estas medidas. El diputado de la Asamblea de Moscú Mijail Moskvin-Tarjanov propone tareas sociales, "como limpiar la nieve". Y desde la Duma estatal, Galina Jovanskaya no comprende por qué el impago del agua supone desahucio. "Sólo es necesario cortarle el agua". Actualmente, los juzgados de Moscú tramitan 23 casos de desahucio. Y no hay más, aseguran, porque no hay habitaciones libres en las residencias.

Vivan en viviendas privadas o estatales, un 6% de los más de 10 millones de habitantes de Moscú son morosos. Pero no se sabe el coste que eso supone al Estado. El distrito del Sudoeste es uno de los pocos que han iniciado la lucha contra los morosos. En su zona hay 13.000, que deben al Estado unos 89 millones de rublos (2,6 millones de euros).