Los operadores de telecomunicaciones y de acceso a Internet, y las compañías de servicios de comunicaciones electrónicas consideran que el anteproyecto de la nueva Ley de Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas que impulsan el Ministerio del Interior, el de Justicia y el de Industria, tiene graves carencias que pueden convertirlo en poco útil para los fines de refuerzo de la seguridad interior.

Sobre todo, porque deja “puertas abiertas” que pueden hacer que los trabajos de control de las comunicaciones electrónicas resulten inservibles. Así, el anteproyecto establece, en su artículo tercero, el ámbito de aplicación de la futura ley en la “telefonía de red fija” y “la telefonía móvil”, así como el “acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet”.

En opinión de los expertos consultados por EXPANSIÓN, este ámbito de actuación no contempla otras modalidades de comunicaciones electrónicas cada vez más extendidas, como por ejemplo los sistemas de mensajería instantánea, cuyo máximo exponente en España es el MSN Messenger de Microsoft, recientemente bautizado como Windows Live Messenger.

En España, es un fenómeno sociológico, ya que cuenta con 7,4 millones de usuarios y concentra el 95% de los usuarios de esta modalidad de comunicación, según Enter, el centro de análisis del Instituto de Empresa. Además, uno de cada cinco minutos consumidos en Internet se dedica al Messenger.

España es uno de los líderes mundiales por uso de este sistema, ya que el 63% de los usuarios de Internet están conectados a servicios de mensajería rápida, por delante de Francia (60%), Reino Unido (52%) y EEUU (48%).
El anteproyecto prevé que los datos de las comunicaciones electrónicas deberán guardarse durante un año, pero si sólo se contemplan el acceso a Internet, el correo y la telefonía IP y se olvida el Messenger, se corre el riesgo de que los grupos de delincuencia organizada usen preferentemente este sistema.

Esto convertiría en estéril el gran esfuerzo económico de las operadoras para ampliar sus sistemas de almacenamiento para acoger el ingente volumen de datos que requerirá la puesta en marcha de la ley.