¿Agua? No. Tocado. Hundido.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, propone que los ayuntamientos fijen en 60 litros la cantidad de agua por persona y día, cuyo consumo considera «razonable» –motivo por el cual cree que su precio debería ser «asequible desde el punto de vista de las tarifas» (me pregunto desde qué otro punto de vista podría serlo)–, y que, por contra, hagan más oneroso el consumo de cantidades superiores.
Lo primero que se me ocurre preguntarme, así, a bote pronto, es cómo supone la ministra que van a saber los ayuntamientos cuántas personas hay cada día en cada casa. Por ejemplo, hoy mismo en la mía. Aunque también puede ser que doña Cristina considere que los no empadronados en la ciudad en la que se hallen más o menos circunstancialmente deben chincharse e ir sucios y sedientos, o hacerles la puñeta a quienes les han dado cobijo, saliéndoles aún más caros.
Nada hay más injusto –y menos socialista, supongo– que tratar igual lo desigual. No tiene la misma necesidad de agua una persona que habita en Jaén que otra que reside en Cedeira o en Hondarribia, pongamos por caso. Tampoco precisa de la misma cantidad de agua un ciudadano, viva en la ciudad que sea, que alguien que mora en el campo, aunque no sea agricultor profesional.
Esto es algo que algunos ayuntamientos, adelantándose a las ideas de la ministra, han decidido que no vale la pena considerar, razón por la cual mi más próximo vecino de Aigües, en la comarca del Alacantí, acaba de pagar una factura bimensual de agua –¡en un pueblo que se llama Aigües! (*)– cercana a los 2.500 euros, porque toda el agua que dedica a mantener en condiciones una huerta razonable, en la que cultiva especies propias de la zona –sin césped, ni monerías ajardinadas, ni nada– le ha sido tarifada como de consumo personal. Si la ministra y sus seguidores prefieren que la gente que vive en el campo sin dedicarse profesionalmente a la agricultura deje que sus terruños se agosten, y que no pueda tener unas cuantas naranjas, limones y granadas de producción casera, no tienen más que insistir en esa línea astuta. Contribuiremos de ese modo, todos a una, a favorecer los incendios y a dar al paisaje mediterráneo ese estupendo color arcilloso y reseco que lo caracteriza cada vez más.
Que lo caracteriza –perdón: preciso– entre urbanización y urbanización, entre conjunto residencial y conjunto residencial, entre campo de golf y campo de golf.
Porque ése es el asunto.
En la costa mediterránea –al menos en la que conozco yo (y en la que espero encontrarme antes de que el sol llegue hoy a su cénit, todo sea dicho)–, los problemas de agua, que son de verdad acuciantes, no se derivan del consumo personal irracional (que existe, pero es el chocolate del loro) sino, en lo esencial, de dos realidades perfectamente visibles. La primera es el crecimiento urbanístico-turístico, auténticamente demencial, que se está fomentando para beneficio de muy pocos pero muy influyentes personajes. Y la segunda, la expansión disparatada de una agricultura de regadío ecológicamente absurda pero bancariamente envidiable.
Cabría mencionar más factores –el pésimo estado de las conducciones, por ejemplo–, pero no hace falta. Con lo ya apuntado, basta y sobra.
¿Cuál es el problema de la ministra? El mismo que padece toda la política del Gobierno del que forma parte: que no se atreve a ir a la raíz de los males y se contenta con juegos florales destinados a quedar bien ante la galería. Igualito que ha hecho su jefe con la Iglesia católica y las clases de religión. Dicho en pocas palabras: la ministra no se atreve a decirle a la alta burguesía mediterránea (o a la que sea) que su modelo turístico, urbanístico y agrícola es un crimen de lesa patria, y que se le ha acabado el chollo, y que ya puede ir a quejarse al lucero del alba, si tiene ganas y le pilla bien después de alguna de sus juergas nocturnas, porque con la Administración central no podrá contar más.
Y como no se atreve a tirar por esa vía, pues se entretiene echando la bronca y reclamando que les saquen los cuartos a los cuatro bobos que se empeñan en que sus veinte árboles frutales no se les vayan a freír espárragos.
Y que conste que no es mi caso. Yo, como no tengo tiempo de ocuparme de los árboles frutales, dejé que se murieran. Con lo cual hago un consumo de agua mucho más «racional». Que será del gusto de la ministra, supongo.
(*) Aigües: «Aguas» (en catalán, o en valenciano, que me da lo mismo, porque es lo mismo, variantes dialectales aparte).
«Mi» pueblo mediterráneo se llama así porque cuenta con aguas freáticas medicinales, gracias a las cuales tuvo un balneario, que fue también, según me han contado, sanatorio antituberculoso, y geriátrico, y no sé cuántas cosas más, y que se fue al guano y quedó en ruinas, pero que ahora están reconstruyendo, por supuesto, para llenarnos todo aquello de guiris, que consumirán agua a espuertas, como Dios manda. Sin que la ministra diga esta boca es mía, of course.

Esta medida no tiene nada que ver con la justicia ni con el socialismo ni con el agua. En España solo el 11% del consumo de agua es debido a su consumo doméstico. Reducir un 20% ese consumo con un aumento de tarifas, algo muy difícil de lograr en un bien económico cuya demanda es lo que los economistas llaman inelástica, solo reduciría un 1,5% el gasto total.
El motivo de esta medida es el mismo que el de los demás aumentos propuestos en los impuestos municipales (principalmente IBI) y no es otro que el aumentar la capacidad de recaudación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos han obtenido, estos últimos años, entre el 45 y 60% de su financiación a través de la especulación del suelo. Aproximadamente un 70% del dinero que paga un comprador por una vivienda de nueva construcción va a parar directa o indirectamente a las arcas municipales o autonómicas.
El enfriamiento del boom inmobiliario o en estallido de la burbuja inmobiliaria reducirá de golpe a la mitad la financiación de los municipios y cortará en seco la fuente de financiación de la corrupción política.
Las ideas de incremento de las tarifas municipales son en cualquier caso pueriles. El volumen de lo saqueado a la ciudadanía a través de la especulación del suelo y las licencias ejercida por la clase política son demasiado enormes (como el 20% del PIB) para que puedan ser sustituidas por incrementos en los impuestos.