Por el interés te quiero... Bruselas, de María Tejo en Expansión
El Ejecutivo español acude a Europa para que le socorra en situaciones de crisis –la inmigración ilegal o el terrorismo–, pero mira hacia otro lado cuando el discurso comunitario no le convence.
Se conocen desde hace veinte años, aunque la suya no puede considerarse una amistad equilibrada. La relación entre España y Bruselas es así: en ocasiones, les une la necesidad de auxilio – en lo que va de año, el Ejecutivo español ha emplazado a Europa a que socorra económicamente las dos mayores causas de la crisis del país: la inmigración ilegal y el terrorismo–. Pero en otras, la indiferencia española ante las reprimendas europeas por su deficiente gestión deja traslucir una falsa camaradería.
Precisamente las dos últimas veces que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero transmitió sus particulares SOS a Bruselas fue sobre estos dos asuntos. En la Cumbre europea celebrada el pasado 20 de octubre en Finlandia, la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega transmitió el malestar español por la impasibilidad que, a su juicio, mostraba la Unión Europea (UE) ante la avalancha de inmigrantes ilegales, principalmente con destino a Canarias (22.000, en lo que va de año). “Cuando llega un cayuco [a las islas], está llegando al mismo territorio en el que se haya Helsinki o París”, argumentaba De la Vega. La respuesta de Bruselas fue contundente: se comprometió con un fondo excepcional de 3,6 millones de euros para las repatriaciones y otros 3.000 millones para reforzar la gobernabilidad en el continente africano y tachó la actitud del Ejecutivo de “injusta” al considerar que el origen del caos migratorio era, en realidad, extracomunitario:“los estragos de las regularizaciones masivas” y “el efecto llamada”.
En esta línea, hace una semana, el Gobierno llevó a Bruselas su particular “iniciativa de paz en el País Vasco”. Aunque con un ajustado respaldo, el Parlamento aprobó la resolución española, lo que significaba un nuevo empujón para su carpeta de crisis. “Se ha hablado de Euskal Herria, de la resolución del conflicto y de un problema europeo”, indicaba un feliz presidente de la Eurocámara, Josep Borrell.
Las reivindicaciones financieras han estado siempre ligadas a los mensajes de socorro de España. Así, la legislatura socialista encontró su primer escollo económico en la negociación sobre los presupuestos comunitarios para 2007-2013. España, desencantada por la imposición de “la salida gradual” de los Fondos de Cohesión, –su renta excedía el 90% de la media de la UE-25–, provocó una oleada de negociaciones que se alargaron un año y medio. El entonces presidente de turno, el luxemburgués Jean Claude Juncker –“harto y cansado” de las conversaciones– ofreció una prórroga de dos años en las subvenciones, por lo que España recibiría 2.000 millones de euros entre 2007 y 2008.
Las siguientes banderas de auxilio se izaron con el reclamo de aranceles al calzado de China y Vietnam –del 16,5% y el 10%, respectivamente – y la intervención europea para frenar la plaga de mejillón cebra en el Ebro, asunto para el que España utilizó su ya famoso eslogan: la necesidad de adoptar medidas a escala comunitaria.
Bruselas ha demostrado su disposición a tender la mano hacia España. ¿Pero a la inversa?. Cuando la Comisión Europea (CE) habla alto y claro al Ejecutivo sobre las irregularidades de su gestión, éste mira hacia otro lado. El ejemplo por antonomasia es la OPA de la alemana E.ON sobre la eléctrica Endesa. A pesar de que Bruselas señaló como “ilegales” algunas de las condiciones exigidas por la Comisión Nacional de la Energía a la compañía alemana, España no ha mostrado excesiva celeridad por incorporar las indicaciones de la UE.
Otro hito, casi histórico, son las subvenciones al campo, unas ayudas sobre las que el Tribunal de la UE ha venido detectando “irregularidades” desde 2004, año en que las multas al aceite de oliva ascendieron a 76 millones de euros y las de herbáceas a 183 millones. En 2006, el órgano auditor ha vuelto a dar otro aviso. La necesidad de rebajar la tasa de la temporalidad en el empleo –que ha crecido en dos años desde un 31,7% a un 33%, netamente superior a la media europea (8%)– es también una alerta repetida por Bruselas.
La lista de los deberes es larga: desde junio, la CE espera el informe del Ejecutivo español sobre sus planes para reducir las emisiones de dióxido de carbono, principal causa del cambio climático. Todo sea que Bruselas se decida a mudar la paciencia por la enemistad.
Los ‘SOS’ españoles frente a las reprimendas de la UE
El Ejecutivo insta a la UE, en 2005, a que retrase su status de contribuyente neto en los Fondos de Cohesión hasta el 2014.
En 2006, solicita su colaboración para luchar contra la invasión del mejillón cebra en las cuencas del Ebro y del Júcar.
En octubre, pide financiación para sufragar la crisis de la inmigración ilegal.
También reclama aranceles a las importaciones textiles procedentes de Asia.
En Estrasburgo, la pasada semana, busca apoyos al denominado “proceso de paz”.
Bruselas advierte, en repetidas ocasiones, sobre la necesidad de reducir la temporalidad en el empleo, un 18,3% mayor que la media europea.
La CE envía, este año, un dictámen a España alertándole de las emisiones de dióxido de carbono.
La CNE desafía a la autoridad de comunitaria al ratificar las “ilegales” condiciones de la opa de E.ON sobre Endesa.
La cuota láctea, el exceso de viñedos y las “irregularidades” en el gasto agrícola han centrado los toques de atención de Bruselas en los últimos años.
