El presidente de ACS es el primer interesado en llevar adelante la revolución legal para hacer posibles las fusiones energéticas.

Como en los viejos tiempos, cuando en nombre de los constructores negoció con el entonces ministro Borrell las coimas que el sector debía pagar para conseguir obra pública, Florentino Pérez, presidente de ACS, encabeza de nuevo el lobby constructor dispuesto ahora a negociar con el ministro de Economía, Pedro Solbes, una serie de cambios normativos que las grandes fortunas están intentando imponer para hacer posibles las fusiones energéticas.

“Se trata de hacer posible compañías energéticas capaces de competir en la nueva Europa, justo lo contrario de lo que ocurre en la UE, porque aquí las desinversiones a las que obliga a las empresas por parte del regulador son disuasorias, haciendo que la suma de uno más uno sea menor que dos”, aseguraba a este diario Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el pasado 20 de septiembre. El cambio de la normativa eléctrica se ha convertido en el gran reto del momento para las grandes fortunas de la construcción invertidas en el kilovatio. Y Pedro Solbes está de acuerdo.

El primer interesado en llevar adelante esta revolución legal, que ratificará la transformación del mapa del poder económico operado en España en las últimas semanas, es Florentino Pérez y sus socios, March y Albertos, literalmente volcados en hacer posible una fusión entre Fenosa (35% del capital en manos de ACS), e Iberdrola (10%, la última gran inversión del grupo).

Pérez representa también los intereses de los Entrecanales (Grupo Acciona) y del bloque de control de Sacyr Vallehermoso (Luis del Rivero y Juan Abelló), pero la gran incorporación al lobby constructor es la de Isidro Fainé, director general de La Caixa, cabeza del grupo industrial más importante del país y primer accionista tanto de Repsol YPF como de Gas Natural (GN).

Las reuniones del lobby

El lobby ha mantenido ya varios encuentros y numerosos contactos telefónicos con el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, habiendo visitado igualmente La Moncloa para ser recibidos por el asesor presidencial, Miguel Sebastián. Como no podía ser menos en una operación de este calado, las visitas han incluido también el cuartel general en la calle Génova del primer partido de la oposición.

La nominación de Sebastián como candidato a la alcaldía de Madrid podría favorecer las pretensiones del lobby, en tanto en cuanto ello deja todo el poder de decisión en manos de Solbes. Recuérdese que el secretario de Estado de Economía, David Vegara, fue el primero en admitir la necesidad de esos cambios normativos, alentadora declaración que luego se encargó de enfriar, para pasmo de los constructores, el propio Zapatero.

Pérez y Fainé, que además comparten estrechos intereses en la concesionaria Abertis, se vienen reuniendo con regularidad en las últimas fechas, y tan cerca como el pasado viernes, 27 de octubre, almorzaron juntos. La entrada del grupo Caixa en el lobby –que tiene una importancia excepcional para los constructores, habida cuenta de las buenas relaciones que la entidad mantiene con el Gobierno- lleva recompensa incluida: encontrar una solución global para el problema de Gas Natural.

Se trataría de que la gasista, que fue la primera que rompió el fuego de las operaciones corporativas en el sector energético con la OPA lanzada el 5 de septiembre de 2005, OPA empantanada y en vía muerta tras la irrupción en escena de la alemana E.On, se integrara en una eventual fusión entre Iberdrola y Fenosa, lo que daría lugar a una empresa energética integrada, con una capitalización cercana a los 60.000 millones de euros, sólo por detrás de SCH, Telefónica y BBVA.

Pero para que eso sea posible, “uno más uno tiene que ser igual a dos”, de acuerdo con el axioma puesto en circulación por Sánchez Galán, un hombre con mucho que decir en esta movida, a pesar de su condición de gestor no propietario. Se trata de convencer al Gobierno Zapatero de la necesidad de abordar cambios capaces de reducir al mínimo la importancia de las desinversiones impuestas por Competencia en toda operación de concentración en los mercados de gas y electricidad, haciendo atractivas las fusiones.

Los cambios afectarían a los mercados de generación de electricidad, de suministro de gas y electricidad, y de aprovisionamiento de gas. Pero la parte del león tendría que ver fundamentalmente con atar en corto a Defensa de Competencia, permitiendo al Gobierno aprobar una operación prohibida por la autoridad de competencia al hacer prevalecer “otros intereses públicos”, idea en línea con lo ya previsto en el Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. Los cambios hablan también de eliminar la limitación que ahora impide el ejercicio de derechos políticos por encima del 3% en más de un operador principal.

Florentino Pérez, cuya verdadera especialidad reside en el trato con la Administración y el tironeo con los políticos, se está empleando a fondo en el logro de este cambio normativo. Un fracaso le obligaría a plantear una “solución italiana” para Fenosa, consistente en entregar Fenosa a Enel, en línea con lo hablado en Moncloa durante la visita del primer ministro italiano, Romano Prodi, y del propio consejero delegado de la eléctrica, Piero Gnudi, para hacerse fuerte en el accionariado de Iberdrola. Un cambio de caballo en toda regla por parte de los dueños de ACS.