La corrupción urbanística, que doblega a los ayuntamientos y erosiona a los partidos, continúa extendiéndose como un cáncer

Tuvo que estallar Marbella. Tuvo que actuar la justicia y desintegrarse la administración de esta ciudad malagueña para que la sociedad entendiera el perverso y nocivo efecto de la corrupción urbanística: un municipio cautivo por la codiciosa voluntad de unos pocos, desde funcionarios y políticos, hasta asesores y letrados, poseedores de fortunas multimillonarias. Con anterioridad, la sintomatología se había presentado en otros lugares, como Orihuela o Torrevieja. Pero era una sintomatología de efecto local, sin provocar más molestias que las del entorno inmediato, pasando casi desapercibida para el resto de España. El caso Marbella lo cambió todo, y su efecto ha permitido visualizar que el fenómeno se ha extendido, que es intenso, a modo de metástasis que amenaza con reventar otros municipios, otros ayuntamientos. Y con poner bajo sospecha a otros tantos que han crecido en poco tiempo, de forma espectacular, gracias a la desaforada fiebre del ladrillo.

"El problema es que en este asunto casi todos ganan; el promotor al que le reclasifican terreno rústico para urbanizar multiplicando, en ocasiones, por mil, el valor de las parcelas; el Ayuntamiento que ingresa dinero con el que financiar su deuda; el tipo que vende su trozo de tierra a un precio diez veces superior al real; el pueblo donde la propia operación genera más trabajo, más riqueza y, también, el político de turno, en su beneficio o del partido". Lo dice un empresario de la construcción de Alicante, que solicita el anonimato, y que que ha accedido a hablar con La Vanguardia."Lo peor, añade, es que antes éramos nosotros los que luchábamos para lograr autorizaciones, ahora son los propios funcionarios y concejales los que ponen las condiciones, lo que te obliga a tener preparada siempre la maletaâ026-ya me entiendes, para conseguir negocio". "Lo del tres por ciento da risa, ahora por menos de un diez por ciento no tienes chollo", concluye.

La dificultad de denunciar la corrupción urbanística radica en la sencillez de su metodología y en la red de complicidades que genera. "Tú compras terreno, todo el que puedes, y presentas un Plan de Acción Integrada (PAI) al Ayuntamiento; éste reclasifica el terreno en urbanizable, y ya está hecho el milagro, porque se revaloriza con una plusvalía espectacular". El presidente del Valencia Club de Fútbol, Juan Soler, describió bien esta metodología urbanística cuando expuso el pelotazo, como él mismo lo definió, que había logrado al comprar terrenos a bajo precio en Ribarroja con la confianza de que el Ayuntamiento - como ocurrió- los reclasificara para poder construir la Ciudad Deportiva del Valencia y viviendas de lujo. Así el club esperaba saldar parte de los 120 millones de deuda que arrastra.

La clave, los ayuntamientos

Esta epidemia se alimenta, como señala el fiscal Joaquín Baños, experto en delitos ambientales y de corrupción urbanística, de un tema clave: "Los Ayuntamientos, especialmente los de pequeñas poblaciones, son la administración más sensible a las presiones". José Miguel Iribas, uno de los urbanistas con más experiencia en España, añade también como factores de riesgo "la debilidad del sistema, del marco jurídico establecido que otorga a los políticos locales un poder enorme para tomar decisiones sobre temas urbanísticos, la falta de voluntad de estos mismos políticos para atajarla y la propia naturaleza del hombre; su alma, tan corruptible". Y lanza una pregunta: "¿Cómo puede ser que en pueblos de menos de 2.000 habitantes las corporaciones puedan adoptar decisiones para construir proyectos urbanísticos que multiplicarán por diez la población con inversiones multimillonarias?".

El fenómeno de la corrupción no es una particularidad de ninguna autonomía, aunque ha sido en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Andalucía donde más se ha visualizado. Ocurre además que, sin ser nuevo, ha cobrado fuerza al calor delboominmobiliario, especialmente en la costa, aunque también alcanza al interior. Lo que ha provocado que, por ejemplo, se haya construido en los últimos seis años en la Comunidad Valenciana tanto como en toda su historia. O que sobre la mesa del conseller de Territorio y Vivienda valenciano, Esteban González Pons, haya más de 100 PAI para urbanizar casi 200 millones de metros cuadrados. O que la costa se haya inundado de cemento.

De hecho, la mayoría de casos de corrupción detectados, desde Marbella hasta Orihuela, Cienpozuelos o Telde, en Gran Canaria, se han generado a partir de la construcción masiva y rápida de viviendas o chalets en estas ciudades. Yen todos los casos se adivinan los mismos protagonistas: alcaldes, concejales, abogados, asesores y promotores. Ocurre también, como denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Alicante, que existe una relación directa entre la presencia de mafias internacionales en la costa española y el volumen de dinero negro que se mueve en el mercado de la construcción. La delincuencia ha encontrado también en el ladrillo el refugio ideal para blanquear capitales y multiplicar de manera rápida los ingresos. Un hecho que explica que en España haya más billetes de 500 euros que en ningún otro estado de la UE. Las operaciones como Ballena Blanca (centrada en el bufete de abogados que gestionaba un millar de sociedades) han confirmado, además, la inversión del dinero del narcotráfico internacional en el sector inmobiliario español.

No es extraño que, dada la magnitud del fenómeno, Transparencia Internacional, la organización no gubernamental más importante en la lucha contra la corrupción, haya situado la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España en relación con la corrupción urbanística. Su informe, elaborado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es demoledor y habla de "corrupción generalizada". Prácticamente, reza el informe, "todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos". Hasta el presidente ruso, Vladimir Putin, se permitió el lujo en la última cumbre de la UE de acusar a José Luis Rodríguez Zapatero de ser presidente de un país donde "hay varios alcaldes imputados por corrupción". Esta semana, el prestigioso The Washington Post también se ha hecho eco de la corrupción urbanística.

Todas las alarmas se han disparado. Existe entre una parte de la clase política la percepción de que la corrupción puede acabar poniendo en jaque a multitud de ayuntamientos, como ya ha ocurrido en Marbella, y erosionar la credibilidad de los propios partidos. El Gobierno español, ante la continua divulgación de casos, habla ya de "tolerancia cero". El PSOE anuncia su intención de expulsar a todos los miembros de su partido salpicados por la corrupción, aunque mantiene en sus listas a algunos imputados.

El PP desprestigia al fiscal

En el PP parece ignorarse el fenómeno, a pesar de que la mayoría de casos afectan a municipios gobernados por este partido. Y mantiene a algunos alcaldes acusados de corrupción como candidatos a repetir en las elecciones del 2007, como en Alicante y Torrevieja. Además, el PP valenciano, en lugar de mostrar su colaboración con la justicia, lleva meses de campaña para desprestigiar el trabajo de Ricard Cabedo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los alcaldes alicantinos imputados también han utilizado la misma estrategia contra Felipe Briones, fiscal anticorrupción de Alicante.

Para muchos consultados, los fiscales son la mejor herramienta de lucha ante la pasividad de los políticos. Está plenamente justificado que la Fiscalía General del Estado haya designado a un fiscal, Antonio Vercher, para luchar contra este cáncer; y que se hayan nombrado fiscales especiales en todas las provincias donde se están descubriendo estos casos, como en Alicante, Valencia, Murcia y Almería, entre otras. Y es la acción de los fiscales, como ha ocurrido en Alicante, la que permite descubrir y denunciar a los implicados en unas tramas oscuras, al estilo de la mafia.

"Tenemos voluntad de actuar", señala Joaquín Baños, para quien los factores que están permitiendo la extensión de la corrupción en los ayuntamientos son diversos. Apunta primero a la legislación, a la ley del suelo - la última reforma la hizo el ejecutivo de José María Aznar- que ha permitido la reclasificación masiva de suelo rústico. Eugenio Burriel, catedrático de Geografía Humana y responsable de los temas urbanísticos en la ejecutiva del PSPV-PSOE, razona que el problema

de base está "en la capacidad de aumentar el valor del suelo de manera extraordinaria reclasificándolo de rústico a urbanizable sólo por una decisión política". Burriel se remite al año 1998, cuando se aprobó la nueva ley del suelo, "bajo la filosofía del ´todo´ urbanizable". "Esta ley, que ahora se quiere modificar, dejaba claro que todo el campo era un solar, y que bastaba un agente urbanizador para desarrollar todo un plan de urbanización; el promotor era el que imponía su criterio con el consentimiento de la corporación municipal".

El fiscal Baños apunta además que las enormes plusvalías generadas por el cambio de calificación no revierten en las arcas de la administración, sino en las del promotor. "La figura del agente urbanizador - presente en varias autonomías-, tenía sentido en un momento en el que, como en Valencia, el minifundio dificultaba establecer planes globales para armonizar el proyecto urbanístico; pero todo esto seha pervertido… ahora se compra terreno a sabiendas de que después va a ser recalificado". Añade este fiscal que "entonces aparece la trama de sociedades interpuestas en muchos casos". "El problema, concluye, es que los delitos ambientales o urbanísticos no se pueden atajar mediante acción preventiva si el inspector de la administración, que es quien debe vigilar lo que se hace, no lo evita; los fiscales sólo podemos actuar si se ha cometido el delito". En el caso de probar la corrupción aún es más complicado: "si no hay denuncia, no podemos hacer nada; y además es muy complejo probar que alguien ha cobrado algo por autorizar un PAI". Y apunta una necesidad: "modificar la ley para limitar el poder de los ayuntamientos en esta materia".

"Es muy difícil descubrir la corrupción", señala Pablo Delgado, abogado y especialista en urbanismo. "Si te das cuenta, en el caso Marbella hubo una dejación absoluta de responsabilidad durante años por parte de quien tenía la competencia sancionadora, que era la Junta de Andalucía". Este letrado habla de tentación al referirse a las "enormes plusvalías que pasan por el lado de quien debe tomar las decisiones, un dinero que puede dañar la moral de cualquier hombre, hasta corromperla".

"Lo curioso del caso, añade, es que todo se hace dentro de las más estricta legalidad, y lo que es ilegal es casi imposible de evitar".

El fenómeno también afecta a los constructores. Eloy Durá, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, una de las más potentes de España, afirma que "en este asunto también salimos perjudicados, porque la gente cree que todos los constructores se dedican a cometer ilegalidades, y esto no es así". "Estamos hartos de decir que quien hace algo ilegal debe pagarlo, y que no hay por qué hacer cosas fuera de la ley". Pero, a pesar de todo, defiende la actual legislación. El empresario de Alicante que ha accedido a hablar a La Vanguardia puntualiza que "antes éramos todos empresarios; ahora en este negocio ha entrado todo tipo de personas, incluso muchos familiares de alcaldes o concejales que han visto en este tema un gran negocio; si tienen información, se meten de lleno". "El negocio, además, es fácil; todo el mundo puede hacerlo".

Para muchos consultados, los fiscales son la mejor herramienta de lucha ante la pasividad de los políticos. Está plenamente justificado que la Fiscalía General del Estado haya designado a un fiscal, Antonio Vercher, para luchar contra este cáncer; y que se hayan nombrado fiscales especiales en todas las provincias donde se están descubriendo estos casos, como en Alicante, Valencia, Murcia y Almería, entre otras. Y es la acción de los fiscales, como ha ocurrido en Alicante, la que permite descubrir y denunciar a los implicados en unas tramas oscuras, al estilo de la mafia.

"Tenemos voluntad de actuar", señala Joaquín Baños, para quien los factores que están permitiendo la extensión de la corrupción en los ayuntamientos son diversos. Apunta primero a la legislación, a la ley del suelo - la última reforma la hizo el ejecutivo de José María Aznar- que ha permitido la reclasificación masiva de suelo rústico. Eugenio Burriel, catedrático de Geografía Humana y responsable de los temas urbanísticos en la ejecutiva del PSPV-PSOE, razona que el problema

Todos los datos indican que el problema de la vivienda ocupa, en este país, un lugar destacadísimo en el conjunto de nuestras preocupaciones. Y es normal que sea así, porque afecta a un aspecto esencial y primario de las condiciones de vida de cualquier persona. Disponer de vivienda propia, en régimen de propiedad o de alquiler, se ha convertido hoy en un indicador indiscutible de emancipación individual.

Cuando Virginia Woolf demandaba, en 1928, "una habitación propia" para las mujeres, como condición necesaria para garantizar la conquista de su libertad y su privacidad, ya intuyó algo que con el paso del tiempo se convertiría en un binomio indivisible de las sociedades postindustriales: el espacio propio como condición básica de la libertad individual. En el siglo XXI, la vivienda ya es, en mayor medida que cualquier otro de los bienes materiales, no sólo el indicador primario de la conquista de una cierta independencia, sino, sobre todo, el principal objeto del deseo que viene a poner las bases para una posible realización personal. Acaso ya hayamos llegado algo tarde para cuestionar si esto es bueno o malo, desde el punto de vista ético o social, porque los hechos han avanzado mucho más rápido que nuestras posibles especulaciones: eso es así, y así son las cosas. Es difícil volver atrás y defender, como todavía ingenuamente pretenden algunos pocos, una posición como la de Rousseau, quien hacia 1750, frente al derecho a la propiedad en el que veía el origen de toda desigualdad, proponía un retorno a la naturaleza, que era, en cierto sentido, una vuelta a la animalidad. Hoy, el espacio propio ya es inseparable del deseo de libertad propia. Hasta tal extremo que la Constitución sanciona, en su artículo 47, para "todos los españoles", el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

En este contexto, hay que ser algo marciano para pensar que el anhelo de un espacio propio, que forma ya parte acaso irrenunciable de toda aspiración personal, pueda llevarse a cabo al margen de la furia urbanística con la que, poco a poco, se ha ido consolidando eso que algunos llaman la cultura del cemento y el ladrillo. Curiosa paradoja: todos estaríamos de acuerdo en la ambición casi idealista y utópica que liga el espacio propio a la propia libertad, pero todos fruncimos las cejas, por el contrario, por una especie de puritanismo cerril o de hipocresía social ante su realización concreta y material. Aspiramos a la vivienda propia y defendemos para todos, claro está, esta aspiración, y, al mismo tiempo, clamamos, ofendidos, contra la cultura del cemento y el ladrillo. Pero las paradojas no se acaban ahí.

El auge de la construcción en España en los últimos años ofrece datos inequívocos: en diez años prácticamente se ha triplicado el crecimiento de la construcción de viviendas nuevas. En 1997 se iniciaron unas 250.000 y, en el 2005, las que se habían empezado a construir ese año ya superaban las 650.000. Fundamentalmente, con dos consecuencias muy claras: por una parte, el aumento del PIB, del que en cierto sentido nos beneficiamos todos, cosa que no hace falta ser economista para saberlo, y, por otra parte, el crecimiento de puestos de trabajo (sólo en el 2005 nada menos que el tercio del crecimiento de empleo fue debido a la construcción). Dos aspectos, digamos, colaterales a los que es difícil, sin una cierta dosis de cinismo, hacer ascos.

Y todavía una última paradoja: todo el mundo quiere que el entorno en el que vive sea el mejor de los mundos posibles. Y, para ello, nadie duda en forzar a las administraciones para que pongan un pinar en sus vidas y quiten una narcosala. De hecho, buena parte de algunas de las más ruidosas reivindicaciones ciudadanas recientes tienen que ver con la mejora urbanística, a menudo planteada con un claro egoísmo, de las condiciones del entorno de las viviendas: desde la cobertura de cinturones (para evitar el humo y el ruido) hasta la liberación de espacios para uso público (tipo parques y jardines) o cultural (tipo museos o universidades), por no hablar de la oposición a usos considerados socialmente como problemáticos (sean vertederos de residuos, prisiones o narcosalas). Todos, parece, queremos lo mismo y todos, parece también, a pesar nuestro, detestamos lo mismo. A nadie se le escapa que todo ello tiene efectos siempre inmediatos: la mejora del entorno implica de hecho una revalorización de la propia vivienda, a la que tampoco nadie hace ascos, sino que, parece, por el contrario, que todos recibimos con una más que contrastada satisfacción.

Demasiadas paradojas, por tanto, que deberían hacernos pensar un poco. Y no para evitar que las administraciones continúen ejerciendo su control, a poder ser más ecuánime y racional de lo que ha sucedido hasta ahora, frente a los abusos del suelo, la especulación inmobiliaria y la corrupción urbanística, sino, acaso, para reconocer, en nuestras ambiciones y deseos, una parte de responsabilidad en el problema