José María Brunet entrevista a Antonio Vercher de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en La Vanguardia
"Hay que acabar con la actual flexibilidad para recalificar suelo"
Desde el 4 de abril, el valenciano Antonio Vercher encarna una especialidad que ha ido creciendo en paralelo a la conciencia ciudadana sobre la importancia de facilitar y proteger el desarrollo sostenible con los instrumentos que proporciona el derecho penal. La labor de esta rama del Ministerio Público se complementa con la que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción, que persigue los delitos económicos. Vercher, hombre estudioso y poco dado a exhibirse, se niega a hablar de asuntos concretos en trámite. Sólo admite abordar la labor de su Fiscalía en términos genéricos. Su tesis fundamental es que está naciendo una nueva cultura jurídica y conciencia social contra el delito ecológico y que para consolidarlas "hay que acabar con la facilidad actual para recalificar suelo", porque ahora casi todo es urbanizable.
-¿Qué fenómenos refleja la delincuencia contra el medio ambiente y el urbanismo?
-Las consecuencias del boom urbanístico, un problema que no nace ahora, si bien ahora ha alcanzado unas dimensiones preocupantes. En ello inciden muchos factores. La construcción, por ejemplo, ha sido tradicionalmente un buen negocio en España, donde se invierte más en este sector que en bolsa. La vivienda, además, es una prioridad para los españoles. El mal, por tanto, se ha gestado durante mucho tiempo, y ahora se ha hecho más complejo, porque cuando un ámbito atrae mucho dinero acaban apareciendo formas de delincuencia económica cada vez más sofisticada. La delincuencia es consustancial al ser humano. Pero en momentos de abundancia, como en términos relativos son los actuales, la tentación es mayor.
-¿Ha faltado prevención?
-Es difícil decirlo. Es verdad que ya en los años 60 se producen fenómenos especulativos ligados al boom turístico, con la construcción masiva de apartamentos, hoteles y casas. El planeamiento turístico trajo nuevas infraestructuras de todo tipo. Pero hemos llegado a un punto excesivo, cercano a la saturación. Ante todo este fenómeno, la respuesta judicial ha sido lenta. El poder judicial no se caracteriza por tener grandes presupuestos. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo es una respuesta, que tenía que llegar a su tiempo. Primero es el delito, luego la respuesta penal. Lo que hubiera podido hacerse antes es reforzar el Código Penal.
-¿La Fiscalía que dirige es, pues, la respuesta a una nueva conciencia social sobre la naturaleza y el equilibrio urbanístico como bienes jurídicamente protegibles?
- Esa conciencia se ha ido creando en España, donde el ladrillo es un factor de atracción por razones de idiosincrasia y tal vez por nuestra trayectoria como país. Hemos pasado mucha miseria y al español medio la propiedad de una vivienda le da sensación de estatus y de seguridad. Un sociólogo lo explicaría mejor. Pero es verdad que las estadísticas demuestran que uno de los bienes más buscados por los españoles es la vivienda. Pero la propiedad no tiene por qué ser consustancial al ser humano. En los años 50, el desarrollo del Estado del bienestar en el Reino Unido supuso la construcción de grandes cantidades de viviendas municipales que se alquilaban a precios módicos. Pero aquí se anhela la propiedad, y eso tiene consecuencias en muchos terrenos.
- ¿A qué ha dedicado sus primeros seis meses en la Fiscalía de Medio Ambiente?
- A organizarla. Ha habido que conseguir local, medios, personas. Hemos buscado definir los aspectos de coordinación más importantes. La protección de la flora, la fauna y el combate contra los incendios forestales son competencia nuestra. Es importante seguir planteamientos coherentes e iguales en todas partes.
En esta etapa han surgido problemas especialmente agudos. Por ejemplo, la oleada de incendios en Galicia, el pasado verano. Los incendios de Galicia afectan a más de una provincia, y se decidió que hubiera una visión de conjunto con asistencia a todas las reuniones de las autoridades que intervinieron para atajar el problema. No tengo informes definitivos sobre lo que pasó, pero sí avances. Puedo decir que se va a llevar a muchas personas a juicio por aquellos incendios. Lo que pasó produjo una interesantísima reacción social, reflejada en mucha colaboración social, que se tradujo en muchas detenciones y en el ingreso de numerosas personas en prisión. Desde el punto de vista de la aplicación del derecho penal ha sido un éxito. No podemos hablar de culpables hasta que se celebren los juicios. Pero está claro que si uno no enciende una cerilla el fuego no prende. Y no se trata sólo de que los incendios puedan ser provocados. La imprudencia también es un delito.
- Pero en 20 años ha habido pocas sentencias del Supremo sobre delitos contra el medio ambiente.
- Es verdad, muy pocas, no más de sesenta. El caso típico ha sido el de las emisiones y vertidos. Pero se está introduciendo el concepto de ordenación del territorio y el urbanismo, con sentencias sobre ruidos, protección del territorio, de la flora y la fauna. En todo caso, está crear una cierta cultura jurídica en el delito contra el medio ambiente. Hace muchos siglos que se reguló el delito de robo, pero hay muchos supuestos nuevos en el código penal que no forman parte de la cultura jurídica popular, y es más difícil que cale, aunque se ha producido un cambio de mentalidad a raíz de los grandes desastres ambientales, como los del Prestige o Doñana. O cuando se ha visto que los grandes incendios forestales tienen efectos sobre el ecosistema mucho tiempo después de haberse extinguido. Las cenizas que quedaron depositadas tras el fuego en Galicia, tras las lluvias torrenciales que han venido después, han contaminado zonas de marisqueo. Quien pegó fuego al bosque tal vez no pudo imaginar que perjudicaría también a los mariscadores. Pero lo hizo.
- ¿Qué reformas legales aconsejaría para proteger mejor el medio ambiente y garantizar un desarrollo urbanístico equilibrado?
- Están en marcha cambios legales que van a tener una importante incidencia. En materia de suelo se prepara un texto que tendrá mucha repercusión. Y también nueva legislación sobre responsabilidad ambiental, civil y seguros. Sobre el suelo, frente a la perspectiva tradicional de que se puede construir en cualquier sitio, lo que se quiere introducir es lo contrario. En el texto vigente del 92, el delito sobre la ordenación del territorio parte de la base de que el suelo no urbanizable es el residual. Se pensó que como el precio de la vivienda es muy alto, cuanto más suelo se saque, mejor. Gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de marzo del 97 se revisó ese texto. La ley en vigor ha facilitado el boom urbanístico, porque pide y facilita que se construya, porque el suelo urbanizable es casi todo, lo cual es contradictorio con la filosofía europea en materia de suelo, y con la Red Natura 2000, de la UE, según la cual el 27% del suelo de España tiene que ser protegido. Aportamos mucho a esta especie de red de parques naturales de la UE, pero ya hemos cobrado por ello a través de los fondos de cohesión.
- ¿Cree que hay que redefinir y redistribuir mejor las competencias en urbanismo, que a los ayuntamientos les vienen grandes?
- Hay cierto exceso por parte de los municipios en cuanto al uso de sus competencias. Hace falta mayor control. Hay municipios que con la misma ley funcionan muy bien, y son modélicos. Pero la capacidad de recalificar es excesiva, sobre todo si tenemos un acuerdo con la Unión Europea que obliga a proteger una cuarta parte del territorio. Un suelo que esté definido como no urbanizable debería mantenerse así, sin el actual exceso de flexibilidad para cambiar su calificación. Ahora hay un exceso de flexibilidad para recalificar. Hay que acabar con ello. Ahora se benefician de esta manga ancha quienes tienen cantidades importantes de suelo y pueden recalificarlo, con lo que acaban obteniendo grandes beneficios.
