El alarmismo ecológico se ha convertido en una herramienta clave de la política llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de justificar sus decisiones y, de paso, incrementar así sus competencias y sus recursos presupuestarios –3.806 millones de euros en 2007, lo que supone un aumento cercano al 20% con respecto a 2004–. Una política medioambiental que, además, no ha estado exenta de conflictos.

Durante el primer trimestre de 2006, los principales medios de comunicación del país recogieron un total de 394 noticias relacionadas con diversas áreas del medio ambiente.

La mayoría fueron originadas –principal fuente de información– por el propio Ministerio (46,24%) y los grupos ecologistas (18,04%), y “tienen un carácter alarmista y de urgencia para justificar medidas administrativas” sin que existiera un debate sobre su necesidad, según el primer informe del Observatorio de Medios elaborado por el Instituto Juan de Mariana –institución privada dedicada al estudio de asuntos públicos–.

En apenas tres meses, el gabinete que dirige Cristina Narbona generó 83 informaciones sobre política hídrica y 48 relacionadas con infraestructura y urbanismo, siendo éstas sus principales áreas de actuación –en 2007, destinará el 55,04% de su presupuesto para infraestructuras del agua y el 24,3% para mejorar su calidad–, pero también de conflictos.

En materia hídrica, destacó la polémica surgida en enero acerca de la existencia de miles de pozos ilegales en Castilla-La Mancha –casi medio millón en toda España–, que provocó la destitución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y de su Comisario de Aguas. Los agricultores de la región plantearon una guerra abierta por el uso del agua, y los regantes de Ciudad Real se quejaron por la derogación del trasvase del Ebro. No es el único ejemplo. A falta de trasvase, surgió el Programa Agua –el Ministerio solicitó un crédito de 1.000 millones de euros– para poner en marcha 25 plantas desaladoras.

Las críticas por los retrasos en las obras se acumularon y Bruselas solicitó, en marzo, información al respecto. Todo ello, con el problema de la sequía de fondo. El 2 de enero, Medio Ambiente anunció el segundo año consecutivo de sequía ante la falta de lluvias.

El 18, aseguró que los embalses se encontraban diez puntos por debajo que en 2005 y anunció posibles cortes de agua. Sin embargo, en marzo, la capacidad de los pantanos alcanzaron el 50% por primera vez desde julio de 2005. Poco después, las lluvias subieron la reserva hasta el 56,9%.

En materia urbanística, Narbona denunció el “desorden” existente, al tiempo que lanzaba un plan de choque para informar de 1.702 obras pendientes –las declaraciones de impacto ambiental tardan 30 meses de media en resolverse–. De éstas, las desaladoras y el AVE a Extremadura y Galicia figuraron a la cola de dicha lista.

Por otra parte, las noticias sobre la elevada contaminación presente en las ciudades fue también empleada como excusa para proponer diversas medidas de actuación, como el canon verde para el tráfico urbano, anunciado esta semana. El empeño del Ministerio se observa en la cantidad de normas, leyes y decretos (12) que recogen los medios en sólo tres meses.