Quiero, vale cuatro

La designación de un recién llegado al generalato como comandante en jefe del Ejército está demostrando que Tabaré Vázquez sabe jugar fuerte, aunque el resultado de su partida es incierto.

Las recientes y contundentes movidas del presidente Tabaré Vázquez en materia militar parecen estar siguiendo un criterio de depuración: cuanto más jóvenes, profesionales y menos relacionados con la dictadura sean los mandos del Ejército, mejor.

Su primer comandante fue el general de la derecha, Ángel Bertolotti, quien estuvo dispuesto a pasar a la historia como el primero que abriera los cuarteles para buscar a los desaparecidos.

Aunque Bertolotti se comprometió personalmente con esa política, el resultado no fue tan bueno porque abundaron las resistencias y las trampas. Su sucesor fue uno de los generales que colaboró en la tarea: Carlos Díaz, infante y masón que ascendió a general cuando el presidente era Julio María Sanguinetti, y que con Vázquez hizo una veloz carrera dejando atrás a 11 de sus colegas con más antigüedad, en una decisión presidencial que olvidó el criterio no escrito de respetar el orden de derechas.

En un complejo y por momentos confuso proceso de algo más de ocho meses, Díaz tuvo que ejercer su cargo con nueve militares procesados y presos: tres en Chile, en relación con el caso Berríos, y seis en Uruguay, encarcelados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Pese a todo, parecía que las relaciones entre Díaz y el gobierno funcionaban relativamente bien. Con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y el presidente trataba el espinoso tema de los derechos humanos, y con la ministra Azucena Berrutti y el subsecretario José Bayardi los asuntos específicos de la fuerza.

Durante una entrevista en radio El Espectador (miércoles 25), Bayardi remarcó que el relevo de Díaz se había producido exclusivamente a raíz de la publicitada reunión con el ex presidente Sanguinetti y su ministro de Defensa, Yamandú Fau, en el Cortijo Vidiella, y a otros encuentros programados con dirigentes de la oposición sin autorización del mando superior, pero negó que el relevo obedeciera a otros aspectos de su gestión.

El gobierno estuvo evaluando la posibilidad de ignorar la falta cometida por el comandante en jefe, o la de una eventual amonestación, pero descartó ambas posibilidades por la importancia del cargo.

Pese a la insistencia desde el gobierno en que la remoción se debe exclusivamente al asado inconsulto, un repaso por la actividad de Díaz durante sus casi nueve meses de gestión permite visualizar varios problemas de entidad que comenzaron a salir a la superficie y que hacen pensar, al menos como hipótesis, que Díaz pudo haber sido salvado de no mediar tales antecedentes. El más significativo de ellos detonó el 23 de agosto último cuando Fernández dijo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que el comandante en jefe Díaz le había reconocido que las 21 o 22 personas trasladadas clandestinamente en octubre de 1976 desde Buenos Aires a Montevideo en el llamado segundo vuelo –reconocido oficialmente por la Fuerza Aérea– habían sido llevadas al Batallón 13 de Infantería y “luego todas fueron ejecutadas”.

En el momento de las declaraciones de Fernández, el comandante se encontraba en China. A la vuelta del viaje, Díaz y Fernández habrían aclarado el tema aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas al respecto.

A fines de setiembre, sin embargo, un informe del Ejército negó responsabilidad institucional en la ejecución de los pasajeros del segundo vuelo, un asunto que resulta especialmente traumático para la sociedad y aun para los propios militares que, aunque admitieron muertes en la tortura, siempre negaron haber efectuado asesinatos en masa. Como ya lo indicó la Fuerza Aérea el año pasado, el reciente informe del Ejército reconoce que el traslado de estos detenidos desaparecidos fue realizado bajo responsabilidad del Servicio de Información de Defensa (sid) que, si bien era mandado por un general del Ejército (en ese momento el ahora fallecido Amaury Prantl) e integrado en su mayoría por personal de esa fuerza, dependía funcionalmente del Ministerio de Defensa.

La relación de Díaz con el mando superior también fue puesta a prueba cuando éste, en conocimiento de Berrutti, participó en el homenaje al ex jefe de operaciones del sid, el coronel Juan Rodríguez Buratti, que se realizó el 13 de setiembre en el Centro Militar poco después de que el oficial se suicidara para evitar ser detenido como ocurrió con otros seis militares y dos policías.

LA ÚLTIMA CENA. Por iniciativa del director del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), general Pedro Aguerre, el miércoles 18 se organizó el asado en Toledo. Se supone que la reunión con Sanguinetti y Fau iba a ser la primera de una serie de encuentros con los principales dirigentes políticos del país con agenda abierta. De hecho, la primera reunión se pensó realizar con el senador Jorge Larrañaga, pero como éste se encontraba en Suiza se optó por comenzar con los colorados.
Aguerre ya había realizado varios contactos con políticos. Su tarea en el Calen se caracteriza precisamente por la relación con los civiles, aunque la propuesta que realizó al comandante escapa a esos lazos de tipo académico.

Díaz, aunque admite su error, considera que tenía libertad para realizar las reuniones pese a que el artículo 77 de la Constitución prohíbe a los militares cualquier actividad política salvo el voto.

Uno de los argumentos para criticar la drástica decisión de Vázquez es que reuniones entre políticos y militares han sido una constante en la historia de Uruguay. Es más, Luis Alberto Lacalle, durante cuya presidencia se vivieron momentos críticos con relación a las Fuerzas Armadas, hizo público que recientemente se reunió con Díaz y el comandante de la Armada, Juan Fernández Maggio.

Aunque se sabe que en el asado que resultó fatal para la carrera de Díaz se habló de los problemas actuales del Ejército y de la política de derechos humanos del gobierno, dos aspectos medulares siguen en la nebulosa: cuáles eran los objetivos principales de los tres generales del Ejército y quién hizo pública la reunión a través de Búsqueda el jueves 20.

El teniente general Díaz ha insistido en que no quiso esconderse, que la reunión estaba en su agenda y que un asado en un predio militar nunca puede ser una cuestión secreta.

Para el subsecretario Bayardi, sin embargo, el objetivo más importante era precisamente que la opinión pública tomara conocimiento del encuentro, más que los temas en él tratados. Bayardi, como el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, se afilia a la tesis de que se trató de una trampa tendida por los foristas para perjudicar al gobierno.
Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas contundentes que “la trampa tendida por el enemigo”, como le habría dicho Berrutti a Díaz cuando lo destituyó el jueves 19, haya sido obra de los colorados.

Algunos miembros del gobierno desconfían de esa tesis y piensan que si bien no hay que partir de la base de la inocencia de Díaz ni de los dos generales que asistieron –Aguerre y Miguel Dalmao–, ni menos de los dirigentes colorados que formaron parte de la tenida en Toledo, también es posible que los mismos operadores del Ejército que difundieron el contenido de un tribunal de honor a Díaz en 1981 y la versión de que éste propuso un trato a los militares presos, hayan operado para vengarse del ahora ex comandante y complicar la gestión de Vázquez al mismo tiempo.

Esta tesis, que exonera a Sanguinetti como alma máter de la conspiración, complica más las cosas al menos en el sentido de que el “enemigo”, aunque imaginable, es mucho menos visible.

LA ERA ROSALES. Cuando el próximo lunes el general Jorge Rosales (véase recuadro) se convierta oficialmente en el nuevo comandante en jefe del Ejército, dará comienzo una nueva etapa de la política militar del gobierno del Frente Amplio, que se presenta con múltiples interrogantes. Al menos dos de los generales de la derecha de Rosales pedirían el pase a retiro. Se trata de Manuel Saavedra, jefe de la crucial División I, y Héctor Islas, de la División III, que controla el norte del río Negro.

Rosales tendrá como una de sus primeras tareas cubrir estos dos puestos clave. Pero también tiene la oportunidad de renovar la jefatura de otras divisiones. Cómo actúe el nuevo comandante en los primeros nombramientos marcará de alguna manera el resto de su gestión, que podría extenderse durante todo el gobierno de Vázquez ya que la ley orgánica estipula que cada comandante puede permanecer hasta cuatro años en el cargo.

Precisamente la juventud del nuevo comandante y su proximidad a Díaz fueron presentadas por el gobierno, además de sus cualidades profesionales, como los argumentos principales para la elección. Rosales ocupaba hasta ahora el cargo de jefe de Estado Mayor del Ejército, un puesto que –salvo excepciones– es reservado para generales que acaban de ascender debido básicamente a dos razones: hay mucho trabajo de oficina y ningún mando de tropa.

Aunque la evidente renovación que significa la designación de un general joven al mando del Ejército debería ser vista como un factor positivo, también existen ciertos reparos respecto a cómo resultará el experimento porque tampoco el gobierno tiene experiencia en el mando. La opción adoptada por Vázquez tiene la innegable ventaja de depurar la cabeza de la fuerza de los nostálgicos de la dictadura, pero también la contra, al menos en teoría, de perder cierta experiencia profesional acumulada. El “quiero, vale cuatro” del presidente al sustituir a Díaz por Rosales, al decir de Fernández Huidobro, subió la apuesta y puede convertirse, a su manera, en una parte del cambio prometido. Como su antecesor, Rosales tiene un desafío complicado: conducir a la fuerza y al mismo tiempo no hacerse el desentendido en relación a la verdad sobre el pasado. La tarea no es demasiado sencilla, sobre todo si se tiene en cuenta que además de las resistencias internas aun en el gobierno existe cierto convencimiento de que, en las actuales circunstancias, la justicia aleja la verdad porque abroquela en el secreto a aquellos que deberían aportar información.

Retrato abreviado

Jorge Washington Rosales Sosa nació en Treinta y Tres. Tiene 52 años, una edad común para un general aunque no frecuente para ocupar el cargo de comandante en jefe. Antes de ser designado general por Tabaré Vázquez, Rosales había realizado una carrera militar con excelentes calificaciones. La dictadura lo encontró en medio de su carrera en la Escuela Militar, en la que había optado por el arma de infantería. Uno de sus primeros destinos fue el 11 de Infantería, en Minas, cuando el jefe de División era Gregorio Álvarez y las torturas estaban a la orden del día. Como oficial subalterno realizó un curso de educación física en Brasil. Tiene el título de maestro de esgrima, buzo táctico y paracaidista en varias especialidades. Hizo el curso de estado mayor en Uruguay. Fue segundo jefe y luego jefe del Batallón 14 de Infantería en Toledo. Posteriormente fue jefe del Batallón Uruguay en Mozambique. Con el grado de coronel fue jefe de la Brigada de Infantería 4 con base en Minas. Antes de llegar al generalato, en febrero último, y ser designado por Díaz como jefe del Estado Mayor del Ejército, fue director del liceo militar.

Su destino anterior, en 2002, fue el de subdirector del Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, con sede en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, sucesor de la tristemente célebre Escuela de las Américas con sede en Panamá.