Un día después de que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobara, con el acuerdo del PP y el PSOE, la reforma del Estatuto de Andalucía, la secretaria ejecutiva de Política Local y Autonómica del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado en declaraciones a El Confidencial que, con este acuerdo, “hemos salvado el sistema autonómico de la ambición confederal del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero”.

Tras el acuerdo, el preámbulo del Estatuto ha quedado redactado de la siguiente manera: “El Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna. En 1978 los andaluces dieron un amplio respaldo al consenso constitucional. Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la Nación española”.

Malestar de Piqué

La inclusión del término “realidad nacional” ha generado algunas ‘tensiones’, incluso dentro del PP. El líder catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Josep Piqué, ha hecho llegar a la Dirección del partido su ‘malestar’ porque se haya permitido la inclusión del término “realidad nacional” en el Estatuto andaluz, cuando el PP ha sido especialmente beligerante con el catalán que define a Cataluña como “nación”.

También desde otros ámbitos más conservadores del PP, vinculados a FAES, se ha expresado, en privado, el mismo malestar, pero por razones contrarias. Sin embargo, la dirigente ‘popular’ señala que el texto aprobado es absolutamente constitucional y que habiendo cedido en algo que no contraviene en modo alguno la Constitución, el PP “ha conseguido reforzar el Estado de las Autonomías, porque este estatuto, en vez de ser una continuación del Estatuto de Cataluña, es un contrapunto al texto catalán”.

Definición constitucional de Andalucía

Sáenz de Santamaría añade que “siguiendo el ejemplo del documento andaluz se podrá encauzar, en el futuro, el Estatuto catalán”. Añade la dirigente del PP que “aquí había un problema de fondo, y es que caminábamos hacia un Estado de corte confederal, y gracias a este acuerdo ese proceso lo hemos cortocircuitado y, por el contrario, hemos consolidado nuestro modelo autonómico, el modelo constitucional, frente al modelo confederal de Zapatero”.

En ese sentido, Sáenz de Santamaría manifiesta que el nuevo Estatuto andaluz “define constitucionalmente Andalucía como nacionalidad en el seno de la unidad indisoluble de la Nación española” y reconduce “la regulación de los derechos, deberes y principios rectores al ámbito de las competencias autonómicas, garantizando la igualdad en los derechos y deberes básicos, sin interferencias en los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.

Así, según la responsable de asuntos autonómicos del PP, gracias a la intervención de su partido se ha conseguido reconducir el texto de manera que “hemos eliminado el blindaje de la tipología de competencias y ajustado una a una las competencias autonómicas con arreglo al reparto constitucional, garantizamos el principio de unidad de mercado, así como la unidad de caja de la Seguridad Social, optamos por un principio de multilateralidad en las relaciones con el Estado, garantizamos la unidad del Poder Judicial y consagramos el principio de solidaridad y el respeto a la LOFCA”.

Sáenz de Santamaría señala que, gracias a la intervención del PP, se han conseguido modificar 150 artículos de un total de 213, y que los ejes que han movido al PP en la ponencia “han sido esencialmente la Constitución y, en particular, el recurso planteado al Estatuto de Autonomía de Cataluña”. En este sentido, la principal responsable de la negociación añade que se han conseguido corregir “asuntos de fondo” en el estatuto y que, no solo no entorpece el recurso contra el Estatuto catalán, sino que “ayudará a reforzarlo”.

Cambios en asuntos de fondo

Entre estos asuntos de fondo, el PP destaca la definición de las competencias dentro del marco constitucional, la supresión del derecho a una Muerte Digna y su sustitución por el Testamento Vital, la reconducción del carácter laico de la enseñanza al actual modelo aconfesional, el reconocimiento de las Leyes procesales del Estado como las únicas reguladoras de la protección jurisdiccional de los derechos, y la expresa remisión a las leyes del Estado para determinar el alcance territorial de las actuaciones autonómicas.

Desde el punto de vista de la organización territorial, la intervención del PP ha permitido garantizar la plena observancia de la garantía institucional de la autonomía local, la inclusión del principio de coordinación entre comunidades y ayuntamientos, y el avance hacia una segunda descentralización. Y desde el punto de vista institucional se mantiene el carácter nacional de la Agencia Tributaria, y al Defensor del Pueblo andaluz no se le atribuye el carácter exclusivo de supervisión que se atribuye al Defensor catalán.

El texto estatutario respeta las competencias del Supremo, suprime la atribución expresa al TSJ de los recursos de casación y revisión, integra la financiación autonómica en la LOFCA, en ningún caso otorga a la Junta capacidad normativa sobre el IVA, sustituye la Comisión Bilateral por una Comisión de Cooperación, y suprime la participación de la Junta en la decisión de las inversiones del Estado o la designación de miembros del CGPJ, entre otras cosas.