La solución más factible para acabar con la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un cambio de fórmula en la institución.

Una reforma que otorgue las riendas del Gobierno de los jueces a “candidatos no asociados”; es decir, con la vitola de independientes, asegura Cristina Jiménez Savurido, magistrada en excedencia y directora del Colegio Jurídico del Instituto de Empresa (IE).

En su opinión, sólo así la designación de vocales evitará el “sesgo político” que suele acompañar a las deliberaciones del CGPJ. Sin ir más lejos, los del actual, “confeccionado con uno de los perfiles razonablemente más técnicos y que, sin embargo, se ha convertido en el más político” de la historia de esta organización, como lo refleja las manifestaciones “poco prudentes” de su presidente, Francisco José Hernando. Sus vocales, en general, “han sido muy permeables a la crispación de los partidos en asuntos judiciales”, explica.

Consejo polémico

En parecidos términos se manifiesta Santos Pastor, catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y director del Observatorio de Justicia y Empresa del IE. “Este Consejo, el segundo, tras el inaugural, con vocales de la carrera judicial, ha sido el más polémico y, de lejos, el que menos ha apelado al consenso en sus decisiones y el que mayores tensiones ha generado en su funcionamiento”.

Ambos coinciden no sólo en el diagnóstico, sino también en la solución, que requiere una “reforma del modelo”, más en sintonía con el sistema continental y alejado de la estructura de los países mediterráneos europeos, y que no implicaría cambios constitucionales, “la caja de los truenos” para no pocos políticos y jueces, advierte Pastor.

En este hipotético diseño, las competencias actuales del CGPJ se distribuirían a través de grupos de trabajo o comisiones ad hoc que se encargarían de los asuntos más polémicos –nombramientos en las altas instancias judiciales o de la supervisión disciplinaria e inspectora–, aunque también de aspectos relacionados con la gestión de la carrera judicial como la formación, las oposiciones o las dotaciones técnicas, personales y materiales de los juzgados.

Además –inciden tanto Jiménez Savurido como Pastor– estos grupos de trabajo “no necesariamente tendrían que integrarlas jueces”, sino juristas de prestigio e incluso, representantes parlamentarios. Es decir, “actores de la sociedad civil, que aporten oxígeno y neutralicen la actual endogamia corporativa”. Lo que sí juzgan pertinente es que el núcleo duro de ese CGPJ, compuesto por “una presidencia y dos vicepresidencias –una de ellas ejecutiva–, “corresponda, al menos el primer cargo y el último, a los jueces”.

Esta recomendación, explica Savurido, acabaría con el “distanciamiento” del actual Consejo en relación a las “preocupaciones reales de la profesión”, centradas en cuestiones como la estructura de la planta judicial y, al mismo tiempo, “no entraría en colisión con el sentir de políticos y jueces”. Una afirmación que corrobora otra fuente jurídica que prefiere mantenerse en el anonimato: “El formato de comisiones ad hoc se ha planteado en conversaciones serias con los tres últimos ministros de Justicia, incluido López-Aguilar, y posee cierto apoyo político y judicial”.

Proceso electoral por censo

Pero esta alternativa supondría, entre otras cosas, modificar el procedimiento electoral al dejar sin protagonismo a las asociaciones judiciales. “Sería factible, a través del censo de jueces”, avisa la magistrada en excedencia. Además, con este método, “se impediría la actual parálisis política sobre la renovación del CGPJ, con una situación de bloqueo declarado desde el PP y que sólo parece tener salida por la presión de las asociaciones, que reclaman sus nuevos cargos y los mecanismos de ascenso a las altas instancias”, alerta Pastor. En este sentido, Savurido incide en que “el CGPJ no debe concebirse como plataforma de ascenso al Tribunal Supremo”.

En cambio, la aplicación de la fórmula de nombramiento de un presidente y dos vicepresidentes “sería un reflejo de la judicatura”, recalca la magistrada, quien sentencia: “Hay que cambiar el modelo de juez en este país”.