Usted mete en el cajetín de Google News la palabra "decálogo", le da al enter, y un impresionante listado de titulares de prensa le quita el aliento: "El PSOE expulsará a los concejales...", "El PSOE promete ahora listas sin especuladores", "El PP le pide al PSOE que cese al alcalde de...", "El PSOE promete echar a los sospechosos de corrupción y reta al...", "El PSOE excluirá de sus listas a los sospechosos de...", "El PSOE dice que nadie con indicios racionales de delitos...", "El POE anuncia una ofensiva contra la corrupción urbanística...", y así un espectacular etcétera, etcétera... Ya lo vamos viendo todo ello, pues España se ha sacudido, profundamente incómoda, al grito de Tolerancia Cero, lanzado por Pepiño Blanco.

En Asturias, la celebérrima gaviota -figura poética de Pedro de Silva inutilizada por el símbolo que después adoptó el PP- agitó ayer sus alas, presa de un espasmo, y en el ala oeste de la comunidad autónoma, en Navia se enredó la cosa entre acusaciones mutuas lanzadas por el alcalde Manuel Bedia y los responsables del Partido Socialista naviego, a través de su secretario general Enrique Cuetos, que acusaron públicamente el veterano alcalde de ser Belcebú y haber tentado directamente a Juan Pablo Unibaso y Sonia Pérez, los concejales del PSOE expulsados por haber cobrado una comisión por su mediación en una venta de terrenos en Puerto de Vega: sin embargo, el secretario de la agrupación socialista de Navia, Enrique Cuetos, sigue sosteniendo que «Bedia instigó a Unibaso en la operación» y niega rotundamente que el ex concejal del PSOE pudiera tener información privilegiada respecto al PGOU. «Desde luego, si la tenía, el único que se la pudo dar fue Bedia porque nosotros no tenemos ninguna información, sólo conocemos el documento de prioridades, como el resto de los ciudadanos del concejo».

Bedia respondía, a su vez, pidiendo más dimisiones, y entre ellas la del propio Enrique Cuetos y la del portavoz municipal Ignacio García Palacios, de los que llegó a afirmar que son de una "maldad incalculable". Todo ello en El Comercio: Ayer, el alcalde de Navia no salía de su «asombro» por las declaraciones de Juan Pablo Unibaso. Tras recalcar que «en ningún momento me reuní con él», afirmó que sus acusaciones son «una desvergüenza. Son obra de un cínico». Considera que estas palabras «lo único que pretenden es desviar la atención y ocultar las desvergüenzas. Quieren llevarme a un debate injusto, pero el odio que me tienen les lleva a esto». Finalmente, tras asegurar que «tengo la conciencia tranquila por todo ello», Manuel Bedia también criticó la decisión adoptada por la FSA de expulsar a Unibaso: «No han actuado bien. Además de a esta persona, deberían expulsar al portavoz municipal -Ignacio García Palacios- y al secretario de la agrupación local -Enrique Cuetos-, ya que ellos tenían conocimiento de todo».

El desplazamiento de la información sobre el territorio tiene sin duda extraños efectos, pues el grito de Blanco debe estar recorriendo en estos momentos todo el territorio español con efectos similares a los que está teniendo en Asturias, ya que la tormenta y la consiguiente agitación que se han desatado en Navia, tienen, como es lógico en el vuelo de la gaviota asturiana, el consiguiente efecto en el oriente, donde también hubo agitación de ala, pero esta con evidente sentido del humor, pues los responsables de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes no podían dejar pasar la ocasión sin una concesión a la fina ironía, aprovechando que la alcaldesa Dolores Campillo y la concejala de urbanismo Ester Bustillo, están imputadas por presuntos delitos contra el patrimonio y prevaricación, en el ya célebre caso del Rompeolas, que tanto dio que hablar y escribir, aquí, en El Comentario TV en las últimas semanas.

Porque claro, Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, que es dado a las declaraciones altisonanes, que encabezó la operación limpieza para echar a Unibaso y Pérez del Partido en Navia -donde no gobiernan; y donde además desarrolló Gutiérrez su caza de Javier Sopeña-, pero su entusiasmo limpiador en Navia no parece verse correspondido con un celo equiparable en Llanes -donde sí gobierna su partido-, un concejo del que tienen en la FSA puntual y detallada información, trasladada por escrito en numerosas ocasiones, por nuestra Barbie-Justiciera, Susana Pérez Alonso, militante del PSOE, al secretario general Javier Fernández. No es lo mismo tener unos concejales de la oposición haciendo negocios en un ayuntamiento gobernado por el PP, que un gobierno entero dando el cante desde hace más de quince años, con innumerables sentencias en su contra, por su desmedida afición a los cambalaches urbanísticos convertidos en práctica cotidiana. «Una cosa es la legalidad y otra la ética; nosotros pedimos responsabilidad desde el punto de vista político, y en eso somos contundentes: ningún militante con responsabilidades políticas puede entrar en operaciones urbanísticas». La FSA pide a sus militantes transparencia absoluta, «bolsillos de cristal», en palabras de Gutiérrez.

Así pues, esto de los "bolsillos de cristal" parece que es bastante relativo, y que lo que vale en Navia para dos concejales, que más parece que los hayan echado por idiotas que por otra cosa, no vale en Llanes, pues teniendo como tienen allí a dos representantas -¿se dice así, no?- del pueblo soblerano "imputadas" por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, la mera desigualdad ante la Ley y ante la "justicia de partido" que supone la clara discriminación de los concejales naviegos, despierta inmediatamente la sospecha, cuando no la indignación, por la evidencia de que las expulsiones de Navia no tienen nada que ver con una voluntad de seguir las instrucciones del gran Pepiño, sino con la estupidez de los expulsados que parecen haber entrado en un gallinero del que alguien les había dejado la puerta abierta. Si además tenemos en cuenta que la expeditiva actuación del occidente costero se inició antes de que toda España se pusiera a hablar de la Tolerancia Cero, ¿para qué queremos más?

Ayer, Ovidio Sánchez, candidato a la presidencia del Principado por el Partido Popular, consciente de esta curiosa situación que se han creado los socialistas, no perdió la oportunidad de meter una "pesetina" en el asunto: El presidente regional del PP fue especialmente crítico con el compromiso del PSOE para no incluir en sus listas electorales a implicados o sospechosos en asuntos de corrupción. «¡Hombre!», exclamó Sánchez, «supongo que esta medida ya la estaban aplicando, ¿no?». Ovidio Sánchez aprovechó para recordar a los mandatarios socialistas que la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, ha sido imputada por el fiscal por los presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico por su implicación en el derribo, supuestamente ilegal, del edificio del Rompeolas.

Ayer también, el presidente de AVALL, Eduardo Carrero, no perdió la oportunidad de introducir un toque humorístico, a cuenta de la evidente desvergüenza con la que se hacen estas promesas electoralistas que carecen de cualquier credibilidad ante una ciudadanía que sabe perfectamente que buena parte de los sueldos y gastos de los dirigentes políticos, así como de sus actividades electorales, se financian precisamente con el urbanismo. Y lo hizo, apelando al sentido común, pues salta a la vista que anunciar que todo aquel cargo público que haya sido imputado, va a ser apartado de la política, es una declaración tan estúpida como inviable, pues para empezar se violaría un principio sagrado de nuestro sistema, como es la presunción de inocencia, a la que también los políticos tienen derecho, mientras una sentencia firme no establezca su culpabilidad.

La Nueva España de hoy recoge así la carta de AVALL a Javier Fernández, que publicamos ayer en Escandalera: Avall, en una carta dirigida a la FSA, señala que la presunción de inocencia es «sagrada» y que ningún partido político puede convertirse en «juez y parte» y condenar a un ciudadano a renunciar a un cargo público sin haber sido condenado. Avall recuerda que la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez, y la concejala de Urbanismo, Ester Bustillo, están imputadas por los presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio. La agrupación vecinal llanisca señala en la misiva que la aplicación de la orden de José Blanco obligaría a Álvarez y a Bustillo a abandonar sus cargos y a no presentarse a las próximas elecciones municipales. Avall exige a la FSA que «desoiga con toda contundencia» la orden de Blanco y que permita a la Alcaldesa y a la concejala de Urbanismo seguir en sus cargos, «salvaguardando así su dignidad y el respeto que les es debido».

Mientras se debaten estas cuestiones en las alas gaviotiles, en el pico de ese inmenso pajarón sobre el que todos vamos subidos, en Gijón, se sigue preparando una manifestación cívica, por parte de los promotores de la Plataforma por las Libertades, convocada por el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas, ante la pretensión del gobierno municipal de Izquierda Unida y el Partido Socialista, de encarcelar a los dos dirigentes de este sindicato que son el único obstáculo que queda para la recalificación de los activos inmobiliarios de la bahía gijonesa actualmente dedicados a la actividad industrial, y la liberación del solar con más expectativas de beneficio económico que hay en estos momentos en la comunidad autónoma Principado de Asturias. El presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y concejal de IU en aquella ciudad, Francisco Santianes, representante de IU y el PCA en esa plataforma, difunde su candidatura a la reelección, como secretario general de los comunistas gijoneses.

¡Arriba parias de la tierra,
en pie famélica legión,
atruena la razón en marcha,
es la hora de la masiva expropiación...!

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