Vuestros corruptos y los nuestros, de Francisco Longo en Expansión
Hasta un personaje de la catadura moral de Putin ha aprovechado los casos de corrupción urbanística en España para centrifugar sus propias vergüenzas durante la última cumbre europea. No ha hecho, en realidad, nada que no nos suene familiar.
El …y tú más tiene un acrisolado arraigo entre los modos de nuestro debate político. Con harta frecuencia, las acusaciones de corrupción parecen dar lugar a una doble estrategia: la defensa numantina de los implicados que militan en las propias filas y la búsqueda, en las filas ajenas, de motivos para imputaciones similares.
Parafraseando la conocida justificación del Gobierno norteamericano sobre su apoyo al dictador nicaragüense Somoza, nuestros partidos parecen pensar: “es verdad, son corruptos, pero son nuestros corruptos”.
Sin duda alguna, esta tradición no favorece en absoluto la puesta en marcha de iniciativas eficaces contra la corrupción. Sólo mediante un consenso entre las principales fuerzas políticas se puede afrontar un problema cuya extensión nos está avergonzando a muchos. Entre otras cosas, porque las prácticas inmorales afectan a políticos de todos los partidos.
Por eso, la iniciativa del presidente del Gobierno de proponer un pacto político contra la corrupción urbanística es, en principio, una buena idea. Más discutible parece que, al mismo tiempo, desde las filas del partido que gobierna se imputen ya las causas del desastre a la reforma de la legislación urbanística de 1998, impulsada por el PP. Por una parte, porque abofetea la cara de aquél a quien se tiende la mano. Por otra, porque zanja de entrada el debate, necesariamente complejo, acerca de las causas y las soluciones y, además, lo hace en falso.
Atribuir a la reforma de 1998 un efecto llamada de lo que está pasando en muchos de nuestros municipios incurre, como posicionamiento ante el problema, en defectos notables. En primer lugar, simplifica el diagnóstico.
La consideración como potencialmente edificable del suelo no protegido expresamente pretendía contribuir, limitando la discrecionalidad de los poderes públicos, a incrementar el stock de suelo en principio disponible y abaratar así los costes de la vivienda, que son, como es sabido, uno de nuestros problemas principales.
Aceptando que la medida sea discutible, y pueda ser revisada, lo que no es de recibo es convertirla en el origen de todos los males. Muchos de los casos de corrupción son muy anteriores a esa fecha y nos acompañan, aunque sea a veces con menor visibilidad, a lo largo de los últimos veinte años, lo que apunta a un repertorio de causas más intrincado.
Por otra parte, al trasladar el origen del problema a una norma, se simplifica también, de entrada, la solución. Una vez más, la reforma legal aparece como la respuesta más simple y menos comprometida ante problemas enrevesados, ya se trate de la corrupción, la violencia de género o el fracaso de nuestro sistema educativo. Debe de ser por eso que, pese a los reiterados fracasos, sigue siendo la solución favorita de nuestros políticos.
Problema complejo, solución compleja
En realidad, las cosas son más complejas. El problema de la corrupción urbanística en nuestros municipios afecta al funcionamiento global del sistema de gobernanza del desarrollo urbano en nuestra sociedad. Es decir, se trata de la eficacia de los arreglos institucionales, formales e informales, que regulan la toma de decisiones en este sector específico de nuestra esfera pública.
Hay en juego cuestiones de diseño institucional: cómo se asignan las competencias; quién debe decidir sobre planes, licencias, actos de disciplina urbanística; cómo se configuran los instrumentos de control interno y externo; cómo se abordan los pros y contras de la proximidad en la toma de decisiones de esta naturaleza. Hay que afrontar también los problemas de funcionamiento de las instituciones, como ocurre con la actuación del ministerio público y los órganos judiciales, tantas veces decepcionante en su eficacia práctica.
Hay que revisar, desde luego, la legislación urbanística y hacerlo desde un referente mínimamente compartido sobre los equilibrios básicos del desarrollo urbano: crecimiento económico y sostenibilidad. Hay que analizar los procesos de emergencia de las elites políticas locales y, tal vez, reconsiderar aspectos de la legislación electoral. Hay que hacer pedagogía social, multiplicar la transparencia, movilizar y dar instrumentos a la sociedad civil, en lugar de ignorarla o desacreditarla.
La corrupción urbanística en España es una lacra social que captura y destruye nuestro patrimonio público, tanto el tangible –nuestro suelo–, como el intangible –nuestra moral colectiva y la eficacia de nuestras instituciones–. Urge abordarlo desde un rearme cívico, republicano, de la sociedad en su conjunto.
Urge comprometerse a combatir y erradicar la corrupción allí donde se encuentre, en las filas propias o en las ajenas, sin excepciones. Éste y no otro es el primer pacto que los ciudadanos demandan a los partidos.
Francisco Longo. Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE.
