LA responsabilidad se ha definido como la «obligación moral de responder ante sí mismo, ante la sociedad o ante Dios de los propios actos o actitudes». Para la mayoría de los autores (añade el Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Ed. Rueda, 1998), «su fundamento es la libertad», habiendo entre ambas un nexo indisoluble, porque, ¿acaso puede concebirse una libertad sin responsabilidad? Por lo tanto (añadimos nosotros), la falta de responsabilidad es una forma de negación de una libertad fundamental de la que se puede pasar, sin solución de continuidad, a la perversión. Esta transición posible es algo que se ve y oye continuamente en el discurso político de nuestros días, aunque no sea nuevo.

En líneas generales, la perversión discursiva, en lo social y en lo político, supone un abandono de la responsabilidad que por su estado tienen determinadas personas o instituciones con el fin de atribuir el daño que de ello se deriva a otras personas o instituciones ajenas. Eludir la propia responsabilidad y descargarla en el otro marcan los dos tiempos de la perversión del discurso. Pervertir sería, así, sinónimo de 'contaminar', 'corromper' o 'envilecer', como bien señala María Moliner en su Diccionario de Usos del Español (Ed. Gredos, 1997), llámese adversario político, autoridad suprema o instituciones legítimas de un Estado.

El 'enfangamiento' propio poco importa si el resto de los posibles receptores sociales o instituciones incriminadas también queda enfangado. El resultado es un daño y un descrédito incalculables para unos y otros, y para la democracia. Esto es lo que sucede con el discurso que vienen manteniendo, 'sine die', los dirigentes y corifeos del principal partido de la oposición, ya sea sobre la autoría de los atentados del 11-M o sobre la corrupción municipal. Es un discurso no exclusivo, pero que marca una manera persistente de hacer oposición en España desde la derecha política.

Porque, ¿no nos engañemos!, a estas alturas todo el mundo sabe quiénes fueron los autores directos o indirectos de aquel atentado. Todo el mundo lo sabe... menos los dirigentes del PP, que no quieren saberlo para ocultar la responsabilidad que les incumbe y colocársela a los demás. La perversión aquí consiste simplemente en no aceptar la responsabilidad (no responder) de la propia actuación gubernamental (sea la que fuere) previa a los sucesos del 11-M y mantener, erre que erre, la preminencia de una autoría no demostrable en detrimento de otra que pronto se hizo manifiesta y evidente. Y todo ello cuando, por otra parte, fuerzas de seguridad y otras agencias nacionales y extranjeras venían advirtiendo desde tiempo atrás de la presencia del terrorismo islamista en España.

La perversión discursiva se complica no sólo por intentar desviar responsabilidades y la atención ciudadana, sino por esperar de ello réditos electorales que luego no obtuvieron. Esa actitud es la que no perdonaron al Gobierno del PP una mayoría de españoles que decidieron mandarle a la oposición el día de las elecciones. Más que a un nuevo Gobierno (que también se hizo), se votó contra el engaño y la mentira del que tiene el poder.

No es la primera vez en la historia que el pueblo o los pueblos de España reaccionan acudiendo a las urnas, en mayor número que en otras ocasiones, para castigar al poder directo, o al fáctico, del momento. Curiosamente, la secuencia siempre ha sido la misma: presencia de unos acontecimientos traumáticos previos de notable gravedad y resonancia, ocurridos dentro del territorio nacional, e intento posterior de engaño y confusión desde el discurso 'oficial'. Me refiero a hechos que produjeron un auténtico 'estrés post-traumático', en el sentido que le da la psiquiatría: prioridad a la intensidad del traumatismo actual y mayor gravedad cuando constituye para el sujeto (individual o colectivo) una repetición de traumatismos anteriores en algo similares.

En España no puede olvidarse el enorme traumatismo transgeneracional que ha sido la guerra civil (1936-1939). Sin embargo, conviene valorar con atención los sucesos que precedieron a la rebelión militar iniciadora de la guerra y, desde luego, las secuelas de la prolongada represión posterior a esta última.

Yendo a los primeros, es interesante observar que las últimas elecciones de la II República, las legislativas de febrero 1936 (en las que ganó la izquierda), fueron precedidas del encarcelamiento de 30.000 personas y de importantes dirigentes de la oposición, como Manuel Azaña, ex-presidente del Gobierno y posterior presidente de la República, por la derecha gobernante (Partido Radical y CEDA).

En octubre de 1982, la victoria de Felipe González y del PSOE, por mayoría absoluta y alto índice de participación, fue precedida del intento militar golpista del 23-F (1981), hecho de indudable gravedad para el sistema democrático.

Tras el atentado del 11-M (2004), en el que murieron cerca de 200 personas en la periferia de la capital de España, hubo también un aumento significativo del número de votantes el 14-M... y nueva victoria de la izquierda tras ocho años de gobierno del PP.

En las tres citas electorales referidas se dieron acontecimientos previos de fuerte calidad traumática, una manipulación semejante del lenguaje político claramente percibida por el electorado y un aumento del índice de participación con triunfo final de la izquierda. ¿Por qué no pensar que el recurso a las urnas en los tres casos ha sido la 'última ratio' de una mayoría ciudadana que aún tiene presente la memoria histórica? ¿Por cuánto tiempo todavía? Mucho dependerá de la fuerza del discurso dominante del consumo y del olvido imperativos para acabar con la capacidad de rememoración transgeneracional de la sociedad española. De ahí la urgencia de la recuperación de nuestra memoria histórica antes de que sea tarde. Es un acto de salud mental colectiva que, más que hurgar en viejas heridas, contribuirá poderosamente a cicatrizarlas.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CARBAJOSA. MÉDICO PSIQUIATRA.