IMAGINE el lector el siguiente escenario: Juan, Pedro y María son tres personas jóvenes, solteras, independientes, que residen en nuestro país y que en un mismo año obtienen ingresos idénticos pero de fuentes distintas. Los ingresos de Juan proceden sólo del trabajo dependiente (salarios); los de Pedro, de rentas y ganancias de capital bursátil; los de María, de una herencia. Los ingresos de Juan se obtienen con esfuerzo y son socialmente productivos; es decir, responden a una contraprestación por participar en actividades que crean bienes y servicios para la comunidad. Los ingresos de Pedro no exigen esfuerzo, pero sí riesgo, al invertir en empresas que también producen riqueza. Si bien conviene distinguir entre rentas de capital (dividendos), que son parte del beneficio y por tanto una contraprestación por asumir riesgos, y ganancias de capital (plusvalías), que son ingresos obtenidos por comprar y vender acciones. Finalmente, los ingresos de María se obtienen sin esfuerzo, sin riesgo y no responden a una contraprestación por participar en actividades productivas. Los ingresos de María son sólo una transferencia patrimonial entre personas, que no altera la riqueza del país.

Pues bien, responda el lector a la siguiente pregunta: ¿cuánto deben pagar a la hacienda pública Juan, Pedro y María? Si la capacidad de pago inspira y ordena la distribución de las cargas públicas (como señala el artículo 31 de nuestra Constitución) y se utiliza el concepto de renta extensiva basada en el acrecentamiento patrimonial, la respuesta es contundente. Juan, Pedro y María deben pagar lo mismo, dada la igualdad de rentas y de condiciones personales o familiares (equidad horizontal). En este sentido, no importa que la herencia se incluya en el impuesto sobre la renta o tribute mediante impuesto específico, como es nuestro caso, ya que ambos instrumentos (IRPF e Impuesto de Sucesiones) deben estar alineados y generar una tributación similar. Por otro lado, la respuesta del neoliberalismo es también rotunda, pero distinta. Su filosofía es reducir la fiscalidad sobre las rentas y ganancias de capital, eliminando o reduciendo a su vez el impuesto sobre las herencias. O sea, se incentiva la rentabilidad del capital -sin evaluar los costes sociales que esto genera- y además se niega que la herencia exprese capacidad de pago y capacidad para reproducir la desigualdad. A esto se le llama ahora priorizar la eficiencia sobre la equidad y dicen que es lo políticamente correcto.

Pero en democracia hay que debatir las cuestiones básicas que afectan al ciudadano. El silencio y la confusión son un peligro; no vaya a ser que estemos construyendo un país injusto, desigual y resignado, sin enterarnos.