Ahora que hemos conocido que el alcalde socialista de Ciempozuelos y algún socio habían obtenido la modesta comisión de 40 millones de euros por la recalificación de terrenos, le he preguntado a un conocido promotor si la práctica del enriquecimiento ilícito con el urbanismo es más de izquierdas o de derechas.

Es un asunto que puede parecer trivial pero que me preocupa un poco, pues mi amigo socialista Manolo, el camarero del bar donde desayuno, siempre ha pensado que la derecha es corrupta en sentido genuino mientras que la izquierda lo es por imitación, es decir, que nunca es del todo culpable.

El secretario general del PSOE, el señor Blanco, por ejemplo, cree que la corrupción tiene el don de la ubicuidad –dado que hay cargos públicos del PP incursos en procesos judiciales–, el promotor coincide, y yo, intuitivamente, lo he pensado siempre.

La naturaleza humana es la que es, la tentación vive en el piso de arriba y en el de abajo, y si un alcalde de una localidad codiciada capta al vuelo los enormes beneficios de situar la línea virtual de terreno edificable unos metros allí o acá, el delito puede resultar ominoso pero es, como mínimo, explicable.

De modo que la avaricia es una razón iniciática del proceso que vivimos, no por casualidad, a pocos meses de las elecciones municipales. Pero no es la única ni tampoco la importante. La fundamental es la ley.

La Ley del Suelo de 1998
Según el promotor del que les hablo, la corrupción es el pago correspondiente por una excepción de la norma. El cohecho es el peaje que se sufraga para obtener un trato de favor, para sortear el Estado de derecho. Es, por tanto, la mejor demostración de que la ley no sirve, y de que si no sirve, hubiera sido mejor idear otra menos vulnerable y más eficaz.

Quizá porque, digamos que circunstancialmente, los casos más graves y recientes de corrupción urbanística han afectado a los socialistas en Ciempozuelos e incluso en Marbella –donde la permisividad de Chaves durante décadas no tiene justificación–, el señor Blanco se ha apresurado a decir que la causa de todos los males reside en la ley del suelo que aprobó el PP en 1998, y ha anunciado medidas para combatir con fuerza, rigor y solemnidad el estado de la cuestión.

Aunque no es casual que fuera el PP el que la aprobara, mi opinión es que dicha ley reúne dos condiciones excepcionales: es buena, porque tiene una clara orientación liberal, pero, insólitamente, jamás se ha aplicado. Luego el señor Blanco está mintiendo.

No se ha aplicado porque la disposición transitoria tercera de la ley aplazaba su vigencia real hasta que se procediera a revisar los planeamientos urbanísticos –que suelen durar doce años–, algo que todavía no ha sucedido en ningún lugar de España, que yo sepa. Pero, lo más importante, es buena porque instauraba el urbanismo de oferta.

En el modelo actual, que es el urbanismo de demanda, el planificador evalúa y determina la cantidad de suelo que estima necesaria –con sus usos correspondientes–, a la que deben adaptarse los empresarios. La consecuencia es que no hay contraste de mercado, no hay choque posible entre la oferta y la demanda, y, en consecuencia, no hay precio que asigne eficientemente los recursos.

La ley de 1998, todavía virgen, optó por un modelo radicalmente diferente: declaraba todo el suelo urbanizable, salvo excepciones debidas a motivos medioambientales o relacionados con el patrimonio artístico. El propósito era aumentar notoriamente la competencia entre suelos, lo que hubiera suavizado los precios y anulado las espectaculares plusvalías y los inevitables cohechos que vemos estos días.

Desgraciadamente, no sabremos qué habría dado de sí, no sólo porque no ha podido activarse, sino porque la inefable ministra Trujillo presentó ya en mayo una nueva ley del suelo en el Congreso que no sólo liquida la de 1998 sino que se esmera en los errores del urbanismo de demanda: el intervencionismo administrativo aumenta y el derecho de propiedad se cuestiona.

Por citar sólo un caso, la propuesta de Trujillo prevé elevar del 10% al 15% ó 20% la cesión obligatoria de suelo o de aprovechamiento –dinero– de los promotores a los ayuntamientos. La consecuencia será que quienes compren una vivienda nueva tendrán que sufragar en el mismo porcentaje, vía aumento del precio de los pisos, los espléndidos parques y polideportivos que disfrutamos todos, incluso en algún caso las fiestas del pueblo.

Esto puede que sea muy socialista, teóricamente benéfico para la comunidad, pero es injusto, y deberían saberlo el número creciente de jóvenes que se quejan con razón de la inaccesibilidad de la vivienda: podrían llegar a la sorprendente conclusión de que la mayoría está votando a partidos que diseñan estas normas perniciosas que les impiden volar por su cuenta.

Miguel Ángel Belloso. Vicepresidente del Consejo Editorial de EXPANSIÓN y ‘Actualidad Económica’