Ni derecha especuladora ni izquierda justiciera, la especulación del suelo es ya el principal problema; pero nadie habla de su verdadera causa: la financiación de la política, del Editorial en El Comentario
Vuelve con toda su fuerza el debate sobre el urbanismo en España, ante la inminencia de unas elecciones municipales y autonómicas, que afloran las tensiones entre los partidos políticos y ponen a funcionar los cerebros de unos y otros, en la cada vez más difícil tarea de como cargarse el muerto de una degradación paulatina de nuestro sistema político, que no encuentra manera alguna de regenerarse, porque desde ningún ámbito se potencia el único camino posible para frenar este fenómeno que produce gravísimos daños para nuestra convivencia política, y cómo no, para nuestro bienestar, puesto que el precio final de la vivienda que pagan los usuarios, y los enormes riesgos que supone para nuestra economía la dependencia del sector de la promoción-construcción, son los dos factores más escandalosos, sin olvidarnos del deterioro del paisaje y de la habitabilidad de las ciudadades y las zonas rurales.
El diario El Mundo nos regalaba ayer domingo, un reportaje sorprendente sobre Francisco Hernando Contreras, el "Pocero", en el que se refleja la estupefacción generalizada por la ostentación que realiza este personaje de su reciente y astronómica fortuna, al conocerse su encargo de un yate de sesenta millones de euros que tendrá setenta y dos metros de eslora: La cubierta del Clarena II bullirá, más que nunca, como una plaza en fiestas. Su estela será aún más perceptible a los ojos de la Fiscalía Anticorrupción, que intenta ahora resolver la incógnita de cómo este empresario -que no sabe leer ni escribir y que pasó su juventud desatascando las alcantarillas de Madrid- ha conseguido en tiempo récord que la Junta de Castilla-La Mancha le recalifique 1,8 millones de metros cuadrados horas después de comprarlos a precio regalado. Allí, en medio de la nada, construye 13.508 viviendas, alardeando de que "nunca ha pagado una comisión a un político.
El pasado jueves, El País situaba a este personaje en el centro de todas las miradas, con un reportaje sobre el pleito que mantiene contra un ciudadano alemán Klaus Graf, creador del área náutica de Puerto Portals, que puso el aliciente principal par el crecimiento de este espectacular emporio urbanístico, cuyos precios se han convertido en astronómicos, en la ya galáctica Mallorca, por el área exclusiva de amarre que creó allí, en 1981, directamente sobre el litoral, y en el que hoy atracan algunos de los más espectaculares yates del mundo que frecuentan la isla de las hormigas. En Puerto Portals se amarra el Fortuna, y según El País, Graf es uno de los mecenas -así se denomina esto ahora- que financió el yate del Rey.
Todos hacen hincapie en la enormidad de la fortuna del Pocero, todos hablan de la enorme velocidad con la que ésta se amasó, pero nadie explica cómo lo hizo, y hoy en día, en la mayoría de los medios de comunicación españoles, pueden leerse reportajes sobre el crecimiento enloquecido de las constructoras, con otros muchos personajes que desde estas empresas que consiguen pegar enormes pelotazos recalificando suelo, saltan a la opinión pública, por su afición a conseguir notoriedad y máquinas de aflorar dinero, comprando equipos de fútbol, con lo que consiguen una impresionante popularidad en ciertos casos muy conocidos.
Empresas constructoras como Fadesa o Metrovacesa ocupan hoy un espacio privilegiado en la economía española que nadie podía imaginar hace una década, y algunas de ellas que vienen de largo recorrido, como Sacyr-Vallehermoso o Acciona, han irrumpido de manera brutal en el baile del momio de los momios, la electricidad, mientras que ya escuchamos al ministro de economía, Pedro Solbes, poner el grito en el cielo, ante la posibilidad de que la acumulación de capital por parte de las empresas de los nuevos ricos, tras pasar por las eléctricas, lleve a un desembarco en el sector financiero y coloque a estos nuevos condotieros ante la posibilidad de hacerse con fichas bancarias, y por tanto con el negocio de los negocios: el crédito. De ser así, nadie podría pararlos ya, y al enorme riesgo que supone en estos momentos que la pura y dura especulación inmobiliaria sea la locomotora del consumo en España, habría que añadir el auténtico peligro que supone para los actuales figurantes, que los "nuevos ricos", desconocedores de los "usos y costumbres" de los que ya tienen solera, se hagan con el timón del sistema. Una catástrofe para el correcto uso de los cubiertos en las mesas mejor provistas.
La respuesta de la política ante este fenómeno resulta enormente contradictoria, y como siempre, totalmente falaz, pues como decíamos, la inminencia de las elecciones locales y autonómicas impulsa a los partidos políticos a sacar los trapos sucios con intensidad creciente y a teorizar de manera absurda sobre el origen del fenómeno con los eternos debates sobre las formas de gestión del suelo, que tan poco tienen que ver en realidad con lo que está ocurriendo. El domingo, José Blanco, secretario de organizazión del PSOE, culminaba el largo recorrido de este partido, que desde hace ya muchos meses viene denunciando la corrupción urbanística en los ayuntamientos y comunidades autónomas en las que gobierna el PP, ofreciendo al principal partido de la oposición un pacto para terminar con una situación, cuya culpabilidad, como siempre, el PSOE intenta atribuir al propio PP en exclusiva. Lo contaba así El País: El dirigente socialista, de visita en Asturias, indicó que la situación que está "floreciendo" en los últimos días se produce "como consecuencia de un urbanismo salvaje, alimentado durante los años del gobierno del PP a partir de la modificación de la ley de suelo". En su opinión, durante las dos legislaturas que gobernó el PP "las administraciones y los responsables miraban hacia otra parte a la hora de controlar este tipo de situaciones".
La respuesta de Mariano Rajoy no se hizo esperar: El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que los socialistas primero crean líos y luego piden pactos, y recalcó que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos "dejen de robar y que actúen la policía y los jueces". Rajoy, que intervino en Cáceres en un acto público de apoyo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta Extremadura, Carlos Floriano, rechazó así al pacto contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco."No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.
Hoy El País, con su inevitable pintoresquismo informativo, que todavía engaña a los cuatro incautos que ven en ese periódico la biblia periodística de la asepsia y la objetividad, atribuye el caos urbanístico que vive nuestro país, a la condición humana y al PP: Los escándalos urbanísticos destapados en estos días tienen, según los socialistas, un culpable, además de la condición humana: la Ley del Suelo de 1998, promovida por el Gobierno del Partido Popular. La propuesta del actual Ejecutivo para reformar esa normativa, pendiente de que presenten enmiendas los grupos parlamentarios en el Congreso, será una de las más relevantes de este periodo de sesiones por los cambios que introducirá. El hecho de que la ley de 1998 declarara urbanizable todo el suelo está en el meollo de los problemas actuales. Esa liberalización permitió la compra de grandes superficies de suelo a precio muy bajo, para su posterior venta a precio de terreno urbanizable, con plusvalías desmesuradas y comisiones ilegales de por medio.
Y así estamos, con la condición humana y el PP como culpables de una situación que en nuestra comunidad autónoma, gobernada por IU y el PSOE, ha convertido el suelo de Gijón, la única ciudad en la que el Partido Popular no ha gobernado ni un sólo día desde la Transición política, en la ciudad más cara de la comunidad autónoma. Gijón es el perfecto exponente del mentís clamoroso y cotidiano que es la política de la sedicente "izquierda" española. Aquella ciudad, construida a su medida por el actual presidente de la comunidad autónoma, Vicente Álvarez Areces, es el escenario más descarnado del monopolio de un instrumento público de gestión urbanística, SOGEPSA, una sociedad controlada por un reducido grupo de empresas locales, que obtiene masivamente enormes bolsas de suelo a través de la expropiación, cargando sobre los expropiados los costes de urbanización, con operaciones como las de los astilleros, en las que están en juego cifras astronómicas, mientras crecen las sospechas sobre el empeño en culminar operaciones como ésa, aunque sea a costa de meter en la cárcel a los ciudadanos que se oponen a la imparable marcha de esta apisonadora.
Gijón como escenario, y SOGPSA como instrumento, son la mejor demostración de las mentiras que nos cuentan todos los días, y las que ahora afloran con más intensidad ante la próxima campaña electoral. Aquí nadie quiere hablar de la verdad, a pesar de los enormes riesgos de la situación. Y la verdad es que el mayor problema del urbanismo español, y por lo tanto, de nuestra economía -puesto que es su cáncer-, no estriba ni en la Ley del Suelo ni en la condición humana, sino en la financiación irregular de la política, y en el enriquecimiento de los políticos que se produce como consecuencia de la opacidad que genera esa tan sitemática como oculta financiación de los partidos y sus campañas electorales. El PP, el PSOE e IU, se financian ilegalmente con las comisiones que obtienen a través de los más variados procedimientos relacionados con el ladrillo, esas comisiones, que en muchos casos paran en los "bolsillos de cristal" de los que habla el secretario de organización de la FSA-PSOE, Jesús Gutiérrez, que se ha quedado con la sonrisa congelada tras el descubrimiento de los negocios del concejal de Navia Juan Pablo Unibaso, que ahora resulta que hacía sus apaños a escasos metros del lugar donde Gutiérrez centró su gran escándalo urbanístico -Gutiérrez creyó encontr ahí su Valencia particular-, como consecuencia de la publicación del contenido de las cintas grabadas por el intermediario Regino Canteli al senador Javier Sopeña. Ahora el alcalde de Navia, Manuel Bedia, coge carrerilla y contraataca en todos los medios de comunicación.
La campaña electoral promete ser terrible, pero aquí ya nadie se cree ese cuento de la malvada "derecha especuladora" y el "urbanismo social" de la "izquierda justiciera". Aquí ya nadie comulga con ruedas de molino y todos sabemos que nos encontramos ante un problema de sistema, que tiene en los partidos políticos y su financiación, el principal causante de la enfermedad.
