La creciente exigencia de mejoras de competitividad, derivada de una estructura de mercados internacionales cada vez más integrados y abiertos, está haciendo cada día más relevante la disposición de un marco institucional estable y eficaz para la toma de decisiones empresariales.

Todos los estudios sobre crecimiento económico son coincidentes en señalar que la capacidad de desarrollo de un país está estrechamente relacionada con la disposición de un entramado institucional capaz de garantizar el derecho de propiedad y la seguridad jurídica de los operadores económicos, por encima, incluso, de la disposición de otro tipo de recursos.

En este marco institucional cobra especial trascendencia el funcionamiento de la Justicia, como garante del derecho constitucional de libertad de empresa y como pieza esencial para el buen desenvolvimiento de las relaciones mercantiles. En los últimos años, asistimos en España a importantes esfuerzos por parte del Gobierno de la justicia para adecuarse a la realidad y necesidades de las empresas.

La mejor prueba de ello la tenemos en la puesta en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil que, en su corto tiempo de funcionamiento, están arrojando unos resultados muy positivos, tanto en términos cuantitativos (número de casos resueltos y plazos de resolución de conflictos) como cualitativos (profundidad en el conocimiento de los asuntos tratados). En este sentido, desde las cámaras de comercio también valoramos muy positivamente, entre otros, la aprobación del Plan de Transparencia Judicial o la reciente constitución de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, esfuerzos ambos que, estoy convencido, ayudarán a disponer de un sistema judicial más eficiente.

Sin embargo, desde el mundo empresarial, seguimos percibiendo y, por qué no decirlo, sufriendo, la escasez de medios materiales y humanos precisos que afecta a la justicia y la necesaria celeridad para la resolución de conflictos judiciales que surgen en las relaciones mercantiles, de acuerdo con las exigencias que se derivan de una realidad económica y empresarial y de unos mercados cada vez más competitivos y cambiantes.

Constatamos así, más allá de percepciones personales más o menos subjetivas, una realidad no exenta de dificultades que es preciso afrontar para el mejor futuro de los intereses de la justicia y de la empresa y, por tanto, de los intereses generales de la sociedad. Lo más importante es que, además de haber comenzado a dar pasos en el camino correcto, existe una mayor sensibilidad y disposición positiva para afrontar estos retos. Como buena prueba de ello, contamos con la favorable acogida y los buenos resultados que ha obtenido el Foro Justicia-Empresa, así como la próxima celebración de la Primera Jornada pública de este Foro que reunir en Madrid a jueces, magistrados y empresarios, a partir del próximo 25 de septiembre, para debatir e intercambiar opiniones sobre la especial trascendencia de la justicia en la competitividad de nuestras empresas.

El Foro Justicia-Empresa es una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Superior de Cámaras, que nació con el propósito de constituirse en una cita de encuentro permanente para el estudio y la reflexión entre la justicia y la empresa y con el objetivo de ser un órgano estable de comunicación entre ambas instituciones. Se trata, pues, de un mecanismo que permite la interconexión y mejor conocimiento de la realidad y necesidades de la justicia y de la empresa, lo que, sin duda, redundará en una mejora de las condiciones que impulsan nuestro desarrollo económico y nuestro bienestar social.

Las cámaras vienen colaborando activamente con el Consejo General del Poder Judicial, dentro de un ambicioso plan de formación jurídico-económico de los jueces españoles, en una iniciativa que facilite y agilice las relaciones entre la Justicia y la Empresa. Así, se están realizando, periódicamente, tareas de formación empresarial destinadas a jueces de lo mercantil y acometiendo diversas actividades formativas en casi todas las comunidades autónomas del Estado, con una estrecha colaboración entre los Tribunales Superiores de Justicia y las diferentes cámaras de comercio.

Las cámaras, por la disposición de su amplia red territorial y su cercanía a la empresa, están en disposición de ofrecer a jueces y magistrados un conocimiento profundo, sobre todos los aspectos de la actividad empresarial, tanto en lo relativo a su vertiente económica (capital, trabajo, organización de los factores de producción, fiscalidad, plan de empresa, nuevas tecnologías, propiedad industrial e intelectual, contabilidad) como a los concernientes a la gestión. Sin duda, de los logros de esta relación se obtendrán nuevos conocimientos y cauces de colaboración que posibilitarán una mejor adaptación del funcionamiento y de los medios de la Justicia y del uso de ésta por parte de las empresas.

No debemos olvidar que para las empresas resulta fundamental poder comprobar que la Justicia se muestra sensible a sus necesidades y que sigue buscando las mejores condiciones para cumplir con mayor eficacia su trascendental tarea. Abierta queda la puerta. En manos de los empresarios, trasladar, de una manera acorde, a los jueces sus necesidades, realidades e inquietudes para configurar, entre todos, un entramado institucional adecuado al nivel de desarrollo que España ha alcanzado en el escenario internacional y al que nos exigen unos mercados cada día más exigentes.

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, como Corporaciones de Derecho Público, cuya principal razón de ser radica en defender y representar los intereses generales de las empresas y de la sociedad, en su conjunto, seguirán apoyando y buscando, tanto en el campo de la Justicia como en todos aquellos que sean relevantes para el ejercicio de la actividad empresarial, fórmulas y espacios de colaboración y entendimiento que redunden en una mejora de nuestra competitividad y, en definitiva, en la creación de riqueza y progreso económico.

Javier Gómez-Navarro Navarrete. Pte. Cons. Sup. Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.