El superávit de la Seguridad Social se mantendrá diez años

El sistema público de pensiones ha dejado de ser un problema, a pesar de todas las advertencias que vienen realizando los organismos internacionales. Así lo afirmó ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que fue tajante al afirmar que el pago de pensiones públicas está garantizado, como mínimo hasta el año 2036.

La afirmación del ministro se basa en la buena situación por la que atraviesa la Seguridad Social. El próximo año el fondo de reserva superará los 40.000 millones de euros, lo que equivale a más de seis meses en la nómina de pensiones. Además, el superávit actual se mantendrá en los próximos diez años. A esto hay que sumar que el número de cotizantes a la Seguridad Social sigue incrementándose a un ritmo superior al medio millón anual. Según el ministro, todo ello permitirá al sistema público aguantar un déficit de medio punto del producto interior bruto anual (PIB) en las dos décadas siguientes.

El ministro aprovechó la clausura de la XX Conferencia Internacional de Organizaciones Empresariales Privadas, organizada por el Círculo de Empresarios, para denunciar que desde hace diez años las previsiones y advertencias que están haciendo los organismos internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE "no se están cumpliendo", y recordó que la CE llegó a decir que los gastos de pensiones representarían el 17,3% del PIB en el año 2050 y cuatro años después lo ha reducido hasta el 15%.

Otro de los errores que se han cometido en los análisis ha sido el envejecimiento de la población española, cuya evolución se ha visto alterada por la llegada de los emigrantes. Tal como dijo, tampoco se ha tenido en cuenta la fuerte incorporación de la mujer al mercado laboral. Esto ha permitido incrementar fuertemente la población activa, todas las previsiones indican que España superará a la CE en el año 2010 en que alcanzará el 66% frente al 63% de la media europea.

Otro de los elementos que Caldera destacó fue que el aumento del gasto está siendo mucho menor del que se había previsto "gracias a la reforma puesta en marcha por el Gobierno en el contexto de la concertación social".

El ministro de Trabajo indicó que el objetivo de una gran parte de las reformas ha sido evitar que el envejecimiento de la población tenga un impacto negativo sobre la economía española.

Entre estas reformas destacó la conciliación de la vida familiar y laboral, y la estabilidad en el empleo. Ambas cosas están permitiendo, en su opinión, un fuerte aumento de la actividad laboral y económica.

El ministro insistió en que otras de las líneas de actuación de su Ministerio es el pacto con los agentes sociales de un incremento progresivo de la vida laboral. Como primera consecuencia derivada de la mejora de las expectativas de vida. Para Caldera, un elemento fundamental en el saneamiento de la Seguridad Social ha sido el proceso de regulación de más de 600.000 emigrantes. Esto ha permitido aflorar de la economía sumergida a un gran número de contribuyentes, lo que ha permitido incrementar los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales cuando antes estaban absolutamente sumergidos.

En opinión del ministro de Trabajo, este hecho no ha incrementado los gastos sociales, ya que por cada 30 cotizantes extranjeros sólo uno percibe pensión. Este porcentaje contrasta con lo que pasa entre los trabajadores españoles, ya que por cada 2,3 cotizantes solo uno recibe prestación. Esto se debe a que la mayor parte de trabajadores emigrantes que vienen a España llegan en edad de trabajar, y en general son muy jóvenes.

Otro efecto importante que ha tenido la emigración es que una gran parte de estos trabajadores encuentran empleo en servicio doméstico y atención a personas dependientes, tareas que tradicionalmente habían recaído sobre la mujer. Este relevo en las responsabilidades familiares está permitiendo que un gran número de mujeres, a veces con elevada cualificación, pueda reintegrarse en su actividad laboral, incrementando así la productividad.