Para Solbes, los ciclos han desaparecido y España vive instalada en la Arcadia feliz, de Jesús Cacho en El Confidencial
Si la aplicación, a través de los correspondientes Presupuestos, de los dineros que recauda el Estado vía impuestos, y su discusión parlamentaria, constituye la ley más importante del año en cualquier democracia avanzada, y ello tanto desde el punto de vista económico como político, habrá que concluir que el paso por el Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007 es un buen termómetro de la pobre calidad de nuestra democracia y los bajos biorritmos de nuestra vida parlamentaria.
La cosa empeora de año en año, y la calidad del debate presupuestario ha ido cayendo en picado, situación de la que es fiel reflejo la ocurrencia del ministro Solbes, se supone que un experto en la materia, equiparando el boyante crecimiento del PIB con la especulativa fiebre bursátil del momento. En realidad, ya no se discute nada. No se discuten contenidos, ni prioridades, ni impactos. No hay rastro de ciencia económica ni de ideología política. Todo consiste en saber quién apoyará el proyecto del Gobierno y a qué precio. Es decir, cuánto le costará al Ejecutivo Zapatero el apoyo de CiU, asunto que, ¡toma castaña!, ambas partes han decidido cerrar después de aprobadas las cuentas.
El circo político en el que vivimos inmersos a causa de la debilidad del Gobierno nos ha impedido, sin embargo, conocer los errores de fondo de unos PGE claramente inadecuados para afrontar la posición cíclica de la economía española y sus problemas de fondo. Presupuestos que, en el corto plazo, no ayudan a corregir los desequilibrios básicos -inflación y déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente-, mientras que, en el medio y largo, no contemplan ninguna reforma destinada a paliar el fuerte impacto alcista sobre el gasto en asuntos como pensiones y sanidad, provocado por el envejecimiento de la población. En este contexto, la posición de las finanzas públicas es muy frágil y se volverá deficitaria cuando la economía se debilite.
A diferencia de lo que afirma el señor Solbes, los PGE para 2007 son expansivos. Identificar equilibrio y/o superávit con restricción presupuestaria es una falacia. Si el gasto público crece por encima del PIB, y en los Presupuestos socialistas así sucede (8,8% de incremento del gasto nominal en términos de contabilidad nacional, versus 6,7% aumento del PIB nominal), el impacto neto sobre la demanda agregada es expansivo. La literatura sobre este punto es infinita, como demuestra cualquier manual de introducción a la Hacienda Pública.
Cuando un país adopta un tipo de cambio fijo y/o una moneda única y, por tanto, pierde su soberanía monetaria, las medidas fiscales y presupuestarias son, con todas sus limitaciones, el único instrumento macroeconómico de que dispone un Gobierno para reducir la espiral inflacionaria y corregir, o al menos moderar, el déficit exterior. Ambos desajustes reflejan un exceso de gasto interno. El enorme agujero de la cuenta corriente española se ve agravado por la pérdida de competitividad, a su vez provocada por la persistencia y acumulación de un diferencial de inflación con nuestros socios y competidores comerciales, tesis que puede leerse en cualquier curso de introducción a la Macroeconomía.
Ante este panorama, la receta es clara: los PGE para 2007 deberían haber aplicado una restricción fiscal definida por un incremento del gasto público nominal por debajo del PIB nominal, capaz de generar un superávit del Estado de entre el 2% y el 3% del PIB, muy por encima del modesto 0,7% previsto, un objetivo más que posible dada la espectacular previsión de ingresos contenida en el texto presupuestario. El gobierno del PSOE ha hecho lo contrario de lo que el propio Solbes, desde Bruselas, y el actual gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, desde las páginas de El País, reclamaban, y con razón, al Gobierno Aznar: han arriado la bandera de la disciplina fiscal alimentando el gasto interno, lo que agravará la inflación y el déficit exterior. Más leña a la caldera.
En tres años de gobierno, el PSOE no ha introducido ninguna medida sobre los determinantes estructurales del gasto público. La evolución demográfica española constituye una bomba de relojería sobre el sistema de pensiones y sobre el gasto sanitario. Los socialistas no sólo no han hecho nada para paliar el brutal impacto que el envejecimiento de la población tendrá sobre esos capítulos del Estado del Bienestar, sino que han asumido nuevas obligaciones –incremento de las pensiones mínimas y Ley de Dependencia- que presentarán al Estado una factura presupuestaria creciente.
Si además tenemos en cuenta las potenciales implicaciones financieras de las distintas reformas estatutarias en curso, la ausencia de un marco de corresponsabilidad fiscal y la inexistencia de un mecanismo efectivo para controlar el binomio gasto-endeudamiento de las administraciones periféricas, el panorama se presenta cuanto menos inquietante. En semejante escenario, y con un nivel de descentralización tan elevado como el español, la capacidad de la política presupuestaria como instrumento macroeconómico corre el riesgo de desaparecer. Y es que el Gobierno actúa como si los ciclos económicos hubiesen desaparecido, y España viviera instalada en una eterna Arcadia Feliz sin final posible.
