D. Francisco Hernando es Presidente del Consejo General del Poder Judicial, y por eso mismo, preside el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso la Sala Especial del Tribunal Supremo, competente por ejemplo en la aplicación de la Ley de Partidos políticos, (ya conocemos el criterio restrictivo de D. Francisco Hernando en esta cuestión y cuál sería su criterio en el caso de una nueva HB, si de él y de los suyos dependiera dilucidar si los dirigentes de la nueva HB legalizada son o no los mismos de antes).

Dicen, sobre su currículum, que allá por los años de la transición (1977) era pasante del despacho jurídico de D. Antonio Hernández Gil, que fue nombrado presidente de las Cortes Generales del Reino, cargo que dejó de existir a partir de aquella primera legislatura. D. Antonio cerró su despacho de abogado a raíz de su nombramiento, y metió a su pasante, D. Francisco Hernando en la judicatura a través del cuarto turno, es decir, sin oposiciones. Y cuando llegaron los tiempos “liberales” de Aznar, no sólo escaló al Consejo General, sino que ocupó las Presidencias que hemos indicado.

Me contaba Anasagasti que, al acceder el Sr. Hernando a la Presidencia del Consejo, y por aquello de que se trata de un “órgano político”, quiso entrevistarse con los portavoces del Congreso y, entre ellos, con el Sr. Anasagasti que lo era del grupo vasco. A lo largo de la entrevista, cordial por otra parte, sorprendió a su interlocutor con un comentario inaudito: “Tengo entendido que a los de su Partido (EAJ-PNV) no les caía bien el anterior Jefe de Estado. Pero puedo asegurarle que el General Franco respetó exquisitamente al Poder Judicial!".

Es de suponer que al Dictador no le interesaban en absoluto los arrendamientos urbanos o las hipotecas inmobiliarias, pero cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento del funcionamiento de la Justicia en tiempos de Franco y sin necesidad de haber frecuentado el Tribunal de Orden Público no puede menos de quedarse estupefacto ante una afirmación de este calibre, hecha además por el representante más alto de la Justicia española. No constituye, pues, juicio temerario alguno el concluir que D. Francisco Hernando es un ferviente franquista.

D. Francisco Hernando cumplió ya los 75 años. Es decir que debía ya haberse jubilado de su cargo judicial. Pero al no existir previsión de jubilación en lo referente a su cargo de Presidente del Consejo General del Poder Judicial sigue en él un año más reglamentario y también, por ello, en las demás altas presidencias.

D. Francisco Hernando está, además, muy atareado para pensar en dimisiones. Anteayer precisamente formalizó el primer paso preceptivo para la renovación del Consejo rector de toda la judicatura española, es decir, la entrega al Congreso de la lista de precandidatos elaborada por jueces y asociaciones judiciales para componer, a partir de ella, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que debería entrar en funcionamiento dentro de un año, y, entre otras tareas tendría la de elegir al sucesor de D. Francisco Hernando.

El PSOE está esperando como agua de mayo esta renovación del Consejo, no sólo para procurar cambiar el peso abrumador de los magistrados de derechas en el ámbito judicial en general y en el Consejo y altos tribunales en particular, sino para poder tener vía libre para la multitud de reformas que plantea, como por ejemplo en y a través del Consejo de Justicia de Catalunya, incluido ya en el Estatuto, al que se oponen ferozmente los jueces conservadores porque, a su juicio, entra de lleno en las competencias del CGPJ y cambian sustancialmente el modelo constitucional del poder judicial..

D. Francisco Hernando reclamaba del Gobierno, hace sólo dos días, y con cierta vehemencia, que se cumplieran los plazos para la renovación del Consejo.

Doce de los 20 miembros del Consejo General han de ser elegidos por ambas cámaras parlamentarias. Pero en la actual legislación se requieren las “tres quintas partes” de las Cámaras para que el nombramiento sea válido, y ni el PP ni el PSOE, aun con la añadidura de todos los “pitufos” disponibles pueden conseguir hoy por hoy tal mayoría cualificada. Se requeriría por tanto una negociación a fondo entre los dos Partidos mayores para que los nombramientos llegaran a buen fin. Lo que buscan ambos partidos es, entre otras cosas, poder controlar la mayoría del Consejo general. Al PP le interesa que las cosas sigan como están y el PSOE busca el cambio de la relación de fuerzas.

No hace falta ser un lince para prever que el PP no va a permitir la pérdida de la mayoría por parte de los suyos. Por tanto no va a poder haber un Consejo renovado. Dentro de un año seguirán los mismos, capitaneados por D. Francisco Hernando hasta que, obstaculizando cualquier cambio y cualquier proceso de paz y prorrogando su propio mandato, una nueva coyuntura electoral proporcione al PSOE la mayoría absolutísima de la que disfrutó durante largos años.

Claro que el PSOE hizo entonces lo mismo, en su interés, que lo que hace hoy el PP en el suyo. ¿O hemos olvidado aquello de Alfonso Guerra, dicho con un descaro anticonstitucional y casi delictivo de: “Montesquieu ha muerto”?. Que no fue sino el canto del gallo del corral español que otorgó al PSOE el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que ejerció con una soberbia y una absolutez que lo sumió en la mayor corrupción que ha contemplado España y en el mayor descrédito de la llamada transición y de la llamada democracia.

Por aquella época me dijo Felipe González, Presidente omnímodo del Gobierno español, que había dos cosas que se habían hecho mal en la Constitución: la regulación del sistema judicial y la de los medios de comunicación. La verdad es que no hizo entonces otra cosa que aprovechar la situación para su disfrute del poder, sin plantearse siquiera una reforma constitucional. Y así sucedió que cuando vivían en la borrachera del: “España es el país en el que antes se puede uno hacer rico” de los tiempos de Solchaga, fue más grande la caída.

Y uno se pregunta, si es que es lícito preguntarse estas cosas: “¿Qué pintamos los vascos en este Estado?” Está claro que el poder judicial es la cúpula de todos los poderes. Que los problemas discutidos terminan en manos de la Justicia, y también los nuestros, por supuesto. Que éste es un país en el que la mayoría de la población, la real, la política, la sindical y la social es nacionalista. Por eso se niegan a que haya una consulta popular que la podría poner en evidencia, con todas sus consecuencias. Pero que no pintamos nada a la hora de reclamar nuestros derechos o nuestros puntos de vista, porque estamos subsumidos en lo que llaman la “nación española” y vigilados por sus fuerzas armadas, tal como dice su Constitución. Con el Lehendakari y el anterior Presidente del Parlamento “encausados” por una justicia españolista (que no simplemente española) ante la que no podemos hacer nada más salvo esperar, en determinados casos y al cabo de años, a la Justicia europea, pero nunca a una Justicia vasca. ¿O es que alguien cree que los Ruiz Piñeiro, las Irachetas o los Ibarras, que todo hay que decir, son justicia vasca?.

Ayer hubo una declaración institucional del Gobierno vasco pronunciada por la Vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, que entre otras cosas decía que: ”No va a salir gratis encausar al Lehendakari de Euskadi”. ¿Seguro que no? ¿ No les ha salido gratis encausar al Parlamento vasco, con su Presidente a la cabeza? Y encima ahora que se trata de formar mesas para abordar el “conflicto“ vasco, ¿va en serio que las conclusiones que se acuerden van a ser por unanimidad? ¿Alguien cree que este país es el único en una Europa, en la que tantos buscan su hueco en la Historia, en el que no se nos va a tolerar ni siquiera lo que se ha aceptado hasta a Montenegro, y se terminará aceptando a Kosovo? ¿Hasta ese punto estamos dominados?