Los problemas urbanísticos del mercado español han traspasado las fronteras nacionales, fundamentalmente debido a la intervención de las competencias del Ayuntamiento de Marbella tras el fraude masivo descubierto en el consistorio.

La cercanía de las elecciones generales ha provocado que los representantes de los partidos políticos en la Administración Local inicien una batalla sin precedentes para localizar fraudes y corruptelas en sus adversarios. Todo ello se produce con la financiación autonómica como telón de fondo, con un compromiso del Ejecutivo para acometer una reforma del sistema que parece postergarse hasta 2008.

Pero esta espiral se puede detener. Al menos así lo considera el catedrático de la Universidad de Harvard y profesor de planificación urbana y políticas públicas, José Gómez–Ibáñez. Para él, la única forma de evitar el fraude y reducir el gasto autonómico es abordar la modificación del sistema de financiación de las Haciendas Locales, eliminando la posibilidad de que los consistorios se financien mediante la venta de suelo.

En una entrevista concedida a EXPANSIÓN, con motivo de su visita a Madrid para presentar el Máster de Gestión Pública del Instituto de Empresa, el profesor compara la legislación urbanística española con las existentes en algunas economías asiáticas. En concreto, considera que “el sistema urbanístico español es tan intervencionista como el de China”, en referencia a la exigencia de ceder un porcentaje del 15% de las nuevas promociones a los ayuntamientos.

No obstante, aplaude la decisión del Gobierno de eliminar el sistema de subasta para colocar el suelo en el mercado, lo que, a su juicio, recalienta de forma artificial los precios finales de los pisos.
“Hay que pensar mucho sobre cómo la obtención de recursos por parte de las ciudades influye en los incentivos de uso del suelo. En España, los promotores ceden terrenos al Gobierno local; algo parecido sucede en China, donde para hacer una promoción inmobiliaria la ciudad expropia el suelo a los agricultores y vende los solares. La mitad del presupuesto de Pekín procede de la comercialización de los terrenos, lo que genera una urbanización masiva”.

Para Gómez–Ibáñez, la gestión urbanística debe tener un carácter municipal, pero no servir para engordar las arcas consistoriales. “Para los ciudadanos es muy importante que sean sus políticos más cercanos quienes decidan el planeamiento de sus ciudades, y la existencia de financiación mediante la venta de terrenos puede aumentar las posibilidades de que se agudicen los intereses egoístas de algunos políticos interesados en algo más que en la gestión de los recursos públicos”, señala.

Transporte y movilidad laboral

Por otra parte, el profesor de Harvard cuestiona la apuesta comunitaria para crear una red ferroviaria transeuropea, que permita aumentar la movilidad laboral en la UE y que vertebre todo el territorio de la Unión. “Las empresas ferroviarias de pasajeros tienen los días contados”, asegura, “es un error apostar por un desarrollo masivo del ferrocarril cuando las aerolíneas de bajo coste dan servicios que compiten directamente con el tren y a precios muy baratos”.

Para Gómez-Ibáñez, por tanto, la competencia no debe potenciarse dentro del mismo sector, sino que los diferentes modos de transporte tienen un mismo mercado en el que se disputan a los usuarios.

Además, las importantes inversiones que deben realizar los Estados para garantizar la seguridad y el servicio de la red ferroviaria son otro factor a considerar, sobre todo en un momento económico en el que es prioritario reducir el gasto público para sanear las finanzas de los países de la UE. La fallida liberalización ferroviaria en Reino Unido ya ha puesto de manifiesto este problema.