De toda la metódica estrategia seguida hasta ahora por E.ON en su OPA sobre Endesa, la demanda contra Acciona conocida ayer ha resultado ser la más intrigante. Hasta ahora, los alemanes habían sido extremadamente cautos y rigurosos con su oferta y no resulta fácil encuadrar en esa línea de actuación el requerimiento interpuesto ante la Corte Federal de Nueva York.

Y no porque el texto legal no tenga consistencia (se trata de varios cientos de páginas elaboradas por el prestigioso bufete Cravath, Swaine & Moore, que tiene fama de ser el mejor de la ciudad), sino porque lo que ha trascendido del mismo da a entender que se mueve en el jabonoso terreno de las suposiciones y los juicios de intenciones. En definitiva, la demanda pretende dar un estatus legal a lo que aquí consideraríamos meras acusaciones políticas. Como es muy difícil calibrar el futuro de esta estrategia judicial, resulta extraño que se haya emprendido este camino, ya que E.ON no había dejado cabos sueltos en ninguna de sus jugadas.

Hay una serie de circunstancias y daños colaterales causados por el procedimiento judicial que son dignos de consideración. La primera es que la demanda se presenta en pleno puente, la tarde del 12 de octubre. Todo indica que la idea era sorprender a Acciona en el tribunal neoyorquino y pedir unas medidas cautelares que supusieran un auténtico palo para la constructora. Pero José Manuel Entrecanales, que estaba en Chile recibiendo un premio empresarial, logra enviar un abogado a la vistilla del viernes y frena así el primer golpe. ¿Tenía sentido recurrir a esta artimaña en una operación en la que hay tanto crédito empresarial en juego y precisamente cuando el presidente del Gobierno español había expresado que la OPA alemana carecía de fair play?

En segundo lugar, sorprende la amplitud de la acusación de E.ON, que involucra en la supuesta connivencia con Acciona no sólo al Gobierno, sino a Gas Natural, Repsol, La Caixa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al primer banco del país, el Santander de Emilio Botín, cuyas «agresivas condiciones de financiación» de la operación de Acciona delatan la existencia de acuerdos y contrapartidas no reveladas. Esta última afirmación ha dejado patidifusos a algunos abogados que consideran que puede ser retóricamente acertada, pero jurídicamente enclenque. ¿Era imprescindible situar explícitamente al Santander en el bando adversario?

En tercer lugar, fuentes de E.ON declararon ayer que eligieron un tribunal neoyorquino porque la normativa de EEUU es más estricta que la de la Comisión del Mercado de valores (CNMV) española. La justificación cayó como una bomba en la CNMV que ayer era presa de la indignación. ¿Era necesario tal agravio?

A diferencia de las acciones judiciales que Endesa emprendió contra la OPA de Gas Natural (donde la eléctrica ya no tenía nada que perder y sí mucho que ganar como quedó demostrado), la demanda de E.ON en EEUU puede tener costes que aún no han emergido totalmente.

Uno de ellos, y que ayer se valoraba en los corrillos madrileños, es que E.ON ha demostrado con esta demanda que la operación de Entrecanales en Endesa le ha causado daño y ha debilitado su posición que hasta ahora se veía monolítica y solvente.

En Acciona, por su parte, se estimaba ayer que la gente de Bernotat ha perdido los nervios con esta demanda, tal como -según ellos- ya ocurrió con su decisión de aumentar a 35 euros su oferta por Endesa cuando Entrecanales comenzó a comprar a 32 euros. Sin embargo, aquella decisión de subir el precio de la oferta, que fue consultada con los asesores de E.ON hasta cuatro veces a lo largo de la jornada del 25 de septiembre pasado, tenía un sentido estratégico, ya que dificultaba la posibilidad de que alguien encontrara endesas a 32 euros en el mercado al día siguiente, encareciendo la operación de la constructora. Tenía, por lo tanto, un efecto inmediato y apreciable en el mercado, y fortalecía la seriedad de la posición de E.ON. Dos condiciones que la demanda neoyorquina, en cambio, parece no reunir.

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