El debate parlamentario de hoy sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2007 se jugará más en la arena política que en el terreno económico.

Solbes, dentro de un Gobierno que ha ido intercambiado sus aliados, se enfrenta a una situación desconocida en la actual legislatura socialista: más diputados pedirán la devolución de las cuentas de los que las apoyan, ya que el grupo parlamentario popular, los catalanes del CiU y ERC, y los vascos del PNV y EA han presentado sus respectivas enmiendas a la totalidad. Entre las cinco formaciones suman 174 escaños, una cifra suficiente que el Congreso eche por tierra los Presupuestos de 2007.

¿Cuál es el problema? ¿No gusta el superávit previsto, las proyecciones de crecimiento o la inversión social? La respuesta no está tanto en esas preguntas como en que sobre el hemiciclo sobrevuela la sombra de las elecciones en Cataluña.

Hace dos días comenzó oficialmente la campaña electoral a la presidencia de la Generalitat que se disputarán los partidos el próximo 1 de noviembre, circunstancia, según Solbes, que ha añadido “cierta contaminación” a las negociaciones parlamentarias. Economía insiste en que los números de las cuentas son “tozudos”, pero aunque no quiera, va a tener que bailar con la política para sacarlos adelante.

Y, en función de qué partido baile mejor, los PGE de 2007 tendrán un carácter más o menos “catalán”, insinuando así los posibles pactos que pueden enlazarse luego en la Generalitat.

El Ministerio de Economía se muestra optimista y cree que los PGE saldrán adelante. Es más, confían en que a partir del 1 de noviembre, una vez celebrados los comicios en Cataluña, la normalidad vuelva a los pasillos del Congreso. Aunque esta actitud no impida que le propio Solbes haya acusado de “falta de rigor” a los partidos catalanes.

El principal socio parlamentario del Ejecutivo, CiU, lanzó ayer un guiño al ministro de Economía, Pedro Solbes. El secretario general de la formación catalana, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo que todavía existe margen para acercarse al PSOE y “repensar” su rechazo si el Gobierno “acepta” sus alternativas. Esto es, volver a definir la inversión pública del Estado en Cataluña, estudiar sus propuestas sobre las pensiones de viudedad o resolver el “incumplimiento” de la ejecución presupuestaria. Duran apostilló recordando al Ejecutivo que sus votos “no son sólo una cantidad, sino una marca de calidad” que genera “confianza” entre los sectores económicos.

Y es que, más que el superávit o las previsiones de crecimiento, la territorialización de las inversiones del Estado será el gran apartado del debate. La disposición tercera del nuevo Estatut establece una inversión del Estado en Cataluña equivalente al peso de la región en el PIB (18,8%) durante un periodo transitorio de siete años.

Y sobre este punto, el PSOE ha sido duramente criticado desde varios frentes. Desde el PP, por romper el criterio de solidaridad tradicional entre las regiones. Y desde CiU, porque, en su opinión, el Gobierno no se ha ajustado con rigor a la letra del Estatut, alterando con “ingeniería financiera” los fondos reales que le corresponden a Cataluña.

IU arrima el hombro

Si, finalmente, CiU y el PSOE no logran acercarse en el debate del Congreso y las cinco enmiendas se votan en bloque, la única tabla de salvación para el Gobierno puede quedar en Izquierda Unida. La formación de Gaspar Llamazares –que cuenta con cinco escaños – ya avanzó su intención de abstenerse en la votación.

Pero ayer se mostró dispuesta a apoyar los PGE si prosperan las enmiendas, para evitar así una situación de “inestabilidad”. De este modo, el PSOE lograría el apoyo de IU-ICV, Coalición Canaria y el Grupo Mixto, que en total suman 177 escaños. Quien no va a cambiar de ninguna manera el signo de su voto es el PP, que centrará el debate en el “deterioro” económico que están sufriendo las familias.

A pesar de todo, el secretario de organizaciones del PSOE, José Blanco, explicó que su partido cuenta con la “mayoría suficiente” para rechazar las cinco enmiendas. Por si acaso, Solbes se ha guardado un colchón de 530 millones de euros contemplados en el Fondo de Contingencia para dar manga ancha al juego parlamentario y apagar algún que otro fuego.